Tres concejales de Bogotá que renunciaron a camioneta blindada y escoltas del Estado

La decisión de los representantes ha sido aplaudida por cientos de bogotanos en redes sociales.

Concejo de Bogotá. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

05.01.2024 10:28 Actualizado: 05.01.2024 11:39

En medio de polémicas se instaló el nuevo Concejo de Bogotá, que se caracterizó también por la llegada de nuevas caras y personalidades reconocidas en las redes sociales. Muchas de ellas han optado por no hacer uso del esquema de seguridad asignado por el Estado, tal como el uso de camionetas blindadas o el acompañamiento de escoltas.

(Lea también: Los caminos para revocar la polémica elección del 'vice' del Concejo de Bogotá)

A través de un video en sus redes sociales, el concejal electo por el partido Alianza Verde, Julián Triana, hizo pública su decisión de no utilizar el esquema de seguridad del Estado, afirmando que esto le cuesta mucho dinero a la ciudad y que utilizará el transporte público, la bicicleta y su carro propio para transportarse.

"El hecho de ser concejal y representar a tantas personas me obliga a vivir la ciudad como la viven esas personas, que es como la he vivido yo toda mi vida", dijo Triana en un reel que publicó a través de su cuenta de Instagram.

(Le puede interesar: Presidente Petro dice que jugada del Concejo de Bogotá viola derechos de la oposición)

Este es el tercer concejal que se suma a la iniciativa de no utilizar la camioneta blindada ni el esquema de escoltas, pues representantes de otros partidos como Angelo Schiavenato (Lara Demócrata) o Daniel Briceño (Centro Democrático) también han optado por descartar este auxilio.

Por su parte, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, le tiró una pulla a sus colegas, afirmando que la ciudadanía "no paga impuestos para pagarle una Toyota TXL a un concejal".

Esta decisión ha sido aplaudida por cientos de bogotanos en redes sociales, quienes afirman que este gasto es innecesario y le puede costar mucho a la ciudad. No obstante, otros s argumentan que renunciar a estos servicios puede poner en riesgo la integridad de los representantes.