Fiscalía denuncia que por descuido de jueces quedaron libres 24 peligrosos criminales
La Fiscalía emitió un comunicado sobre la liberación de los presuntos delincuentes.
Aquila’ y ‘Lannister’ son las organizaciones que lideran la extorsión en Kennedy y Ciudad Bolívar. Foto: Policía
PeriodistaActualizado:
La Fiscalía General de la Nación ha lanzado una alarma después de que 24 peligrosos criminales quedaran en libertad en Bogotá debido a errores en el sistema judicial. Estos individuos, con antecedentes de violencia y delincuencia, ahora representan una seria preocupación para la seguridad de la ciudad.
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Ocho meses de investigación de la Policía Metropolitana de Bogotá parecen haber quedado en el aire después de que un juez de control de garantías dejara en libertad a 24 presuntos criminales pertenecientes a dos organizaciones delictivas. Una de ellas opera en Kennedy y la otra en Ciudad Bolívar.
Según el juez, los términos legales para la legalización de los allanamientos y capturas no se cumplieron, lo que llevó a la liberación de los presuntos delincuentes y al riesgo de fuga. Estos individuos cuentan con antecedentes que incluyen homicidio, extorsión, porte ilegal de armas, venta ilegal de terrenos, narcotráfico, hurto agravado y concierto para delinquir.
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Reacción de la Fiscalía: comunicado de prensa
La Fiscalía General de la Nación ha emitido un comunicado en relación con la liberación de los 24 presuntos de las organizaciones delincuenciales Lanister y Aquila en Bogotá.
Estas detenciones tuvieron lugar los días 19 y 23 de octubre, donde se capturó a individuos vinculados a actividades delictivas como extorsión agravada en el caso de Lanister y homicidio, porte y tráfico de estupefacientes, y porte ilegal de armas en el caso de Aquila.
Sin embargo, la preocupación surge debido a que en ambos casos se excedieron los términos legales de 36 horas para la judicialización de los detenidos.
La judicatura ha argumentado que la falta de jueces disponibles, quienes estaban en capacitaciones relacionadas con la jornada electoral, retrasó los procesos de legalización de allanamientos, incautaciones y capturas. Esta situación generó la liberación de los presuntos delincuentes y planteó preocupaciones sobre su posible fuga.
La Fiscalía ha apelado la libertad otorgada a los procesados, alegando que la demora en los términos se debió a factores ajenos al proceder del ente acusador.
Se argumenta que, dadas las circunstancias excepcionales de la Judicatura durante la temporada electoral y la complejidad de los casos, se deberían haber considerado plazos razonables. Actualmente, se espera la decisión en segunda instancia por parte de los jueces respecto a la apelación de la Fiscalía.
MARÍA CAMILA SALAS V
REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL
EL TIEMPO
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