Así lo revelan los resultados del más reciente Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), correspondientes a la vigencia 2022, otorgan a Barranquilla un puntaje de 75.7, lo que la ratifica en el rango de solvente.
El IDF permite medir el desempeño de la gestión financiera de las entidades territoriales en función de la viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el endeudamiento, los niveles de inversión y la capacidad de la gestión financiera.
Lanny Quintero secretaria de Hacienda de Barranquilla. Foto:Prensa Alcaldía Barranquilla
Responde a todos los esfuerzos que en materia fiscal ha hecho Barranquilla durante los últimos 16 años y a las estrategias implementadas tras el impacto de la pandemia
Para la secretaria de Hacienda, Lanny Quintero Jaraba, esta clasificación “es satisfactoria, pues responde a todos los esfuerzos que en materia fiscal ha hecho Barranquilla durante los últimos 16 años y a las estrategias implementadas tras el impacto de la pandemia para mantener unas finanzas sólidas y estables”.
Este resultado, que está por encima del de otras ciudades capitales como Medellín y Cali, además, reafirma el estado de solvencia del Distrito que, de acuerdo con el DNP, se les otorga a entidades territoriales con puntajes entre 70 y 80 puntos y significa “finanzas saludables y con oportunidades de mejora en algunos de sus indicadores”, explica la funcionaria.
Detalles de la medición para Barranquilla
Barranquilla también se destacó como la ciudad capital que más invirtió en formación bruta de capital con relación al total de la inversión, obteniendo un puntaje de 100 sobre 100.
“En este punto es importante mencionar el compromiso de nuestros contribuyentes, la confianza del Gobierno nacional y el respaldo de la banca nacional e internacional, cuyos aportes nos permiten tener una alta capacidad de ejecución de la inversión a favor de los barranquilleros”, dijo Quintero.
Además, la ciudad obtuvo la máxima calificación posible en otros dos indicadores. Uno es el nivel de holgura respecto al límite de la Ley 617 de 2000, lo cual fue posible gracias al crecimiento del 30 % de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) con respecto a la vigencia 2021 y un crecimiento de los gastos de funcionamiento más moderado.
Y el otro está relacionado con la capacidad de programación y recaudo de ingresos, donde se obtuvo un puntaje de 100 sobre 100, como consecuencia de la alta capacidad de planificación y el ajuste de proyecciones, clave para la toma de decisiones.
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