El crimen del ganadero Esteban Rafael Urueta y dos de sus trabajadores: Fredys Beleño y Gerardo Marzola Coronado, registrado la semana pasada en una finca entre los municipios de Ciénaga de Oro y Chimá (Córdoba), mantiene consternados a empresarios y a la sociedad en general en esa zona del país.
Al momento del crimen, Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, quienes supuestamente habrían ejecutado el triple homicidio, se habrían entregado a las autoridades, pero estos no habrían quedado capturados al no haber una orden captura, razón por la que recuperaron su libertad.
Al tiempo, su abogado, Lesmer Quintero, estaría buscando un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para entregarlos nuevamente ante la justicia.
El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, el magistrado Alfonso Cajiao Cabrera. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa
Ante esa situación, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao, compulsó copias para que se investiguen las posibles irregularidades y que, según las denuncias, habrían propiciado la libertad de las personas involucradas.
La corporación elevó una solicitud a Pedro Adolfo González Pérez, presidente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba para que se realicen las investigaciones pertinentes.
“Esta Corporación tuvo conocimiento de la noticia publicada por diferentes medios de comunicación y de la red social X, de posibles irregularidades en la captura de los presuntos asesinos del ganadero Esteban Urueta y del actuar del abogado de estos, que impiden la pronta y oportuna istración de justicia; por lo que debe procederse de manera inmediata al reparto”, se lee en la misiva de la corporación.
Oficio de la Comisión de Disciplina Judicial. Foto:Cortesía
Y añade: “Agradezco, se efectúe el mismo y se me informe el número de radicado y magistrado sustanciador. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 257 A de la Constitución Política y artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019 Quedo atento a su respuesta”.
El abogado Quintero señaló, en redes sociales y en extensas entrevistas ante medios digitales, que efectivamente es el representante de Petro Almanza y Soto Garcés, quienes le estregaron poder para defenderlos.
Extraoficialmente se conoció que el asesinato lo habrían llevado a cabo utilizando un arma contundente y a los trabajadores los habrían incinerado, como lo señaló en sus redes sociales el propio presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, -Fedegán-, José Félix Lafaurie, horas después del hallazgo de los cuerpos sin vida.
Según el mismo José Félix Lafaurie, el abogado Lesmer Quintero tendría escondido a los presuntos responsables del asesinato, a pesar de que ya se habían expedido las órdenes de captura en su contra.
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