El
exsenador Eduardo Merlano, a quien los colombianos relacionan de inmediato con el impresentable
‘Usted no sabe quién soy yo’, acaba de ser notificado por la
Corte Suprema de que será escuchado en indagatoria bajo cargos de tráfico de influencias.
Merlano usó su poder como senador de la República para intimidar a los policías que lo sorprendieron manejando borracho. Eso pasó hace nueve años, tiempo en el cual fue destituido por la Procuraduría y también sancionado con pérdida de investidura por el Consejo de Estado.
Por supuesto, bien que los que creen que sus altos cargos en el Estado los blindan de rendir cuentas sean investigados penalmente cuando a ello haya lugar. Pero ese mensaje, en este caso, resulta mucho menos poderoso a la luz de todos los años –¡9¡– que pasaron antes de llegar a una instancia apenas de arranque en el proceso penal. Esto, a pesar de que la ‘prueba reina’ –el alicorado senador hablándole al policía frente a una lujosa camioneta– fue registrada en video.
Justicia que no llega pronto no es justicia, dicen los viejos libros de derecho. Y en un país en el que no se denuncia el 70 por ciento de los delitos y en el que el 70 por ciento o más de los casos en los que sí se denuncia no pasa nada, la Corte Suprema, la máxima instancia de lo penal, no da ejemplo con la mora que caracteriza la mayoría de sus procesos (a propósito, ¿qué habrá pasado con el fallo de segunda instancia en el caso del exmagistrado Jorge Pretelt?). Y hay que anotar que desde el 2018 hay nueve magistrados más en las nuevas salas de Instrucción y de Primera Instancia.
Y no es solo el caso de Merlano. En otra sonada noticia, la Corte acaba de llamar a indagatoria a la congresista conservadora María Cristina Soto por corrupción electoral en las parlamentarias de 2018. Aunque había grabaciones y testimonios contundentes, muy similares a los de la historia de la prófuga exsenadora Aída Merlano, la señora Soto está a punto de terminar su mandato en el Congreso e incluso ya definió quién será el heredero de su curul.
En casos como estos, con pruebas tan sólidas, lo que los colombianos esperan son mensajes de justicia justa y pronta. Y la Corte Suprema tiene recursos para dar ese ejemplo.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO