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La condena contra la Nación por crimen de un integrante de la Unión Patriótica
Se trata de Jhon Jairo Bermúdez Marín, quien fue asesinado por las Auc en el año 2002, en Caquetá.
Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto: EL TIEMPO
Periodista JudicialActualizado:
El Consejo de Estado, en decisión anunciada este miércoles 17 de abril, condenó al Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, por la desaparición, tortura y homicidio de un integrante de la Unión Patriótica.
De acuerdo con la decisión, la Nación deberá reparar económicamente a los familiares de Jhon Jairo Bermúdez Marín, quien fue víctima por parte de de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en hechos registrados en el años 2002, en el municipio de Curillo, Caquetá.
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La sentencia se produce después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de la víctima, estableciendo así la cosa juzgada internacional sobre la responsabilidad del Estado en el daño causado.
La decisión fue emitida por el Consejo de EStado. Foto:Cortesía
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que el exterminio sistemático contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, para lo cual se contó con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de distintas autoridades”, señaló el Consejo de Estado en un comunicado.
Además, se llamó la atención sobre el hecho de que hay procesos penales en los que comandantes paramilitares han itido su responsabilidad en la desaparición forzada, tortura y homicidio de este ciudadano, con la colaboración de algunos de la fuerza pública.
Por lo tanto, el Consejo de Estado declaró al Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía como istrativamente responsables de los perjuicios derivados de estas acciones.
En ese sentido, ordenó la reparación económica de las víctimas por daños morales y exigió al Estado colombiano que cumpla con las medidas de reparación integral impuestas por la Corte Interamericana.
Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:Cortesía
Estas medidas incluyen investigar y sancionar a los responsables, continuar la búsqueda de desaparecidos, reconocer la responsabilidad y ofrecer disculpas públicas a las víctimas, entre otras acciones restaurativas.
Sin embargo, el alto tribunal reconoció que ninguna medida puede compensar completamente la pérdida sufrida por las víctimas y, por lo tanto, también ordenó una compensación pecuniaria para garantizar su reparación integral.
Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
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