Cada dos días han amenazado a un periodista en Colombia en lo que va de 2023

En los primeros cinco meses de 2023, al menos 58 periodistas han sido amenazados en Colombia con motivo de su ejercicio laboral, según un informe publicado este viernes por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

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De acuerdo con la Flip, estos 58 casos, que se registraron en 22 departamentos, muestran un escenario preocupante sobre la seguridad de quienes ejercen periodismo en Colombia, pues muestran que, en promedio “un periodista es amenazado cada dos días y en el 70 por ciento del país se ha amenazado al menos a una o un comunicador”, según el reporte.

En comparación, en el mismo periodo de 2022 la Flip había registrado 90 casos, y en 2021 fueron 91.

Los casos de 2023 se concentran en Bogotá y en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Tolima, Atlántico y Nariño, y muchas de las amenazas estarían relacionadas con investigaciones sobre temas de seguridad, istración pública y conflicto armado.

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Más en detalle, la Flip señala que en Bogotá se han reportado seis de las amenazas este año, y se señala que “en esta ciudad la prensa suele recibir amenazas de personas desconocidas como represalia por el cubrimiento que hacen a temas de istración pública, política y seguridad”.

En otros territorios la situación es diferente porque 26 de las 58 amenazas registradas provenían de actores armados ilegales que disputan el control territorial en distintas zonas del país.

“Del total de los casos registrados, 26 provinieron de bandas criminales, disidencias y guerrillas, cinco casos más que en 2022. También hemos evidenciado que en zonas en las que estos grupos son más fuertes, como Arauca y Norte de Santander, se busca con más frecuencia atacar a periodistas que informan sobre conflicto armado, narcotráfico y asuntos de seguridad”, sostuvo la Fundación.

Las bandas criminales, que responden a grupos con presencia nacional como el ‘clan del Golfo’, también estarían tras las amenazas a comunicadores en otros departamentos como Tolima y Atlántico, en donde “la prensa es más vulnerable cuando cubre temas relacionados con temas judiciales y orden público, como hurtos y homicidios”.

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Según el informe de la Flip, es común que de estos grupos al margen de la ley aborden a los y las periodistas en espacios físicos, en donde los intimidan a través de panfletos que dejan en sus residencias y lugares de trabajo o les hacen llamadas desde números privados o desde celulares públicos, “todo esto con el fin de que las y los reporteros cesen sus investigaciones o para que publiquen información de interés del grupo armado”, se lee.

Pero en otros casos este año las presiones también han llegado por medio de entornos digitales, de hecho 20 de las 58 amenazas fueron hechas a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, por donde las amenazas suelen ir acompañadas de emoticones como calaveras, ataúdes, cuchillos y cruces, incluso suelen enviar amenazas a familiares de los periodistas o fotografías de ellos en algún lugar público, para hacerles saber que están siendo vigilados.

“Las amenazas tienen un profundo impacto psicológico en las y los periodistas que, eventualmente, puede tener graves consecuencias psicoemocionales y llevarles a optar por la censura, el silencio o el desplazamiento. El silenciamiento de la prensa tiene un costo muy alto para las sociedades democráticas, no sólo impide el flujo de información para la ciudadanía sino que, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inhibe a aquellos ciudadanos o ciudadanas que quieren denunciar abusos de poder, irregularidades, o actos ilícitos de cualquier naturaleza”, sostuvo la Flip sobre todo esto.

Por ese motivo hizo un llamado para que el Estado se concentre en prevenir y sancionar la violencia contra la prensa y que los líderes políticos, candidatos, funcionarios y servidores públicos entablen discursos en los que respalden el trabajo de los periodistas.

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“Mientras el cruce de argumentos y la exposición pública de los desacuerdos enriquecen el debate, los discursos estigmatizantes erosionan el sistema democrático y tienen el potencial de generar violencia o alentar discriminación contra diversos grupos de personas”, concluyó la Fundación para la Libertad de Prensa.

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