Al despacho del fiscal general Francisco Barbosa llegó un escrito señalando los presuntos actos de corrupción en los que habría incurrido Luis Miguel Ávila, un exfuncionario de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
El escrito fue remitido por el secretario de transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga Franco, quien sostiene que a la entidad llegaron varias denuncias diciendo que Ávila habría exigido pagos a cambio de contratos cuando estaba en la URT.
“Son 16 transacciones por $3.923.000 que aportaron dos denunciantes, contratistas de @URestitucion cuando Luis Miguel Ávila trabajaba en esa entidad (...) No toleraremos corruptos en el gobierno”, sostuvo Idárraga en un trino en el que compartió varias imágenes con extractos de su denuncia.
Ese documento dice que habría funcionarios que estarían constriñendo a los contratistas “para que estos tuvieran que dar comisiones sobre sus honorarios”.
Luego de ese anuncio, el documento incluye extractos de denuncias que llegaron a la Secretaría, como una de un hombre que entró a trabajar a la URT el 20 de enero de 2022 “con la condición de dar una cuota del 10 % del valor del contrato, lo cual me pareció muy desagradable pero terminé aceptándolo por necesidad”. Él refiere también que quien le dio entrada a la URT bajo esa condición a él y a otras personas es alguien "que ya no trabaja en dicha Unidad y que se fue de coordinador a otra entidad".
El documento de Idárraga también recoge otra denuncia en la que otro hombre cuenta que el 28 de octubre de 2021 recibió una llamada de Jesús Andrés Sapuy Parra, quien le ofreció un puesto como archivador pese a que no sabía nada de esa labora, Sapuy supuestamente le dijo que no había problema.
Llegando a firmar el día del contrato me aborda el mismo y me dice que para trabajar teníamos que dar una suma de dinero a unas personas, entre esas personas estaba el señor Luis Miguel Ávila Colorado
“Llegando a firmar el día del contrato me aborda el mismo y me dice que para trabajar teníamos que dar una suma de dinero a unas personas, entre esas personas estaba el señor Luis Miguel Ávila Colorado, yo con mi necesidad y ganas de trabajar dije que sí”, relata la persona.
Ese denunciante añade que de su primer pago, en diciembre de 2021, le quitaron un millón de pesos; y al año siguiente, en 2022, ya no le quitaron uno sino dos millones de pesos al año, “el cual lo pagamos en cuotas de 250 mil o de más cantidad para poder terminar rápido”.
Incluso, la denuncia señala que aún después de salir de la Unidad de Restitución de Tierras, Ávila habría seguido moviendo sus influencias para cobrar esos dineros. “El señor Luis Miguel se desvincula de la Unidad pero nos deja un mensaje con el señor Jesús Andrés, que el otro año, o sea el 2023, teníamos trabajo pero teníamos que seguir pagando y ya era más”, se lee.
Todo esto quedó en manos de la Fiscalía, tras la denuncia de Idárraga, quien también presentó el caso ante la Procuraduría General y la misma URT para las investigaciones pertinentes.
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