‘Clan del Golfo’, otra vez

En medio de las complejas dificultades que enfrentan las negociaciones de paz con el Eln y las disidencias de las Farc, el presidente Gustavo Petro ha reactivado los acercamientos que empezó en enero del año pasado con el ‘clan del Golfo’ y que tuvo que cortar abruptamente hace ya casi 15 meses debido a la escalada de crímenes y el paro armado perpetrados por esa banda criminal en pleno cese del fuego.

Al frente de esos os estará Álvaro Jiménez, un hombre conocedor del conflicto colombiano y cabeza, además, de muchos de los esfuerzos recientes en la lucha contra el flagelo de las minas antipersonal.

Tendrá él, en cabeza del equipo de gobierno, la obligación de darle orden y forma jurídica y operativa a una negociación que claramente, según las normas constitucionales y legales vigentes en el país, no puede ir más allá del sometimiento judicial y que debe propender, esta vez sí, a la protección de las comunidades asoladas por el clan, que bajo el nombre de ‘Autodefensas Gaitanistas’ ha tratado por más de una década de venderse bajo el ropaje de una organización política.

Tras casi dos años de la estrategia de la ‘paz total’, son pocos los resultados que puede mostrar el Gobierno en materia de una mayor protección de las comunidades frente a las afectaciones del conflicto. En contracara, son muchos los efectos negativos de los ceses del fuego bilaterales, que en muchas regiones se convirtieron en un disparador de la violencia y el poderío de los criminales.

Sin un marco legal definido –el proyecto de sometimiento a la justicia con condiciones más blandas naufragó en el Congreso–, se inician unas conversaciones en las que del otro lado de la mesa estará el máximo jefe de la banda criminal, alias Chiquito Malo, dueño de un extenso prontuario delictivo que incluye asesinatos, desplazamiento forzado, confinamientos y narcotráfico.

Ese historial criminal debe ser para el equipo de Gobierno un recorderis de la importancia de no dejar vacíos ni zonas grises en los términos bajo los cuales se realizan los acercamientos.

Si algo ha quedado en claro en los dos últimos dos años es que las buenas intenciones y las imprevisiones del Gobierno han sido aprovechadas al máximo por la contraparte para sacar ventaja y seguir, sin empacho, enriqueciéndose con las economías criminales en sus zonas de influencia o en aquellas a las que han avanzado sacando partido del deficiente diseño de las treguas y lo precario de los esquemas de verificación, incluido el acompañado por Naciones Unidas en el caso del Eln.

Una negociación sin reglas ni tiempos claros y sin metas definidas y verificables no le sirve al país. Por ello es de esperarse que el nuevo esfuerzo de paz haya incorporado adecuadamente las lecciones de su pasado inmediato y se encarrile a lograr lo que todos los colombianos esperan, sin ambages. Que no es otra cosa que el imperio total del Estado en todo el territorio nacional, el fin definitivo de las estructuras criminales de todos los ropajes y justicia y verdad para las víctimas, que en el país se acercan cada vez más a la escandalosa y triste marca de los diez millones de personas.