32 líderes y lideresas sociales de Bogotá han denunciado amenazas en lo que va de este año: ¿quiénes estarían detrás de las intimidaciones?

El atentado perpetrado por actores armados a una lideresa social del barrio El Paraíso, en Ciudad Bolivia, el pasado domingo, tiene en alerta a todas las autoridades por la delicada situación de seguridad que estarían viviendo algunos líderes comunitarios en zonas complicadas de la ciudad. 

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La víctima, identificada como Alba Rocío Riaño Nossa, recibió varios impactos con arma de fuego y dos de ellos quedaron alojados en su cabeza. Según el reporte preliminar de las autoridades, la mujer habría sido abordada por dos hombres armados en medio de la vía pública quienes tenían como objetivo quitarle la vida. Riaño Nossa fue trasladada de emergencia al Hospital de Meissen donde todavía se debate entre la vida y la muerte.

Las primeras hipótesis que marcan las líneas investigativas de las autoridades indagan sobre posibles amenazas que la mujer habría recibido de parte de grupos criminales luego de que los denunciara por estar dinamizando la venta de estupefacientes y la ejecución de delitos en la zona de El Verbenal, en Ciudad Bolívar.

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La Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un comunicado oficial en el que rechazó los hechos de violencia en contra la lideresa y advirtió que desde la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación ya se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este hecho. “Estamos prestos a colaborar activamente con estas autoridades en lo que sea necesario”, señalaron.

Además, señalaron que en el consejo de seguridad realizado de manera extraordinaria el pasado lunes se insistió en la urgencia con la que las autoridades competentes deben tomar las medidas de protección, realizar los diagnósticos de riesgo y acompañar en el territorio a las lideresas y líderes sociales.

“Vamos a trabajar de la mano de las autoridades, todas las entidades del Distrito, para que esto no vuelva a suceder. En Bogotá tenemos que decirle no a la violencia de cualquier tipo”, afirmó Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de la ciudad.

La preocupación por la seguridad de los líderes sociales en Ciudad Bolívar no es nueva. El 13 de diciembre del año pasado fue asesinado por dos sicarios Henry Acero quien hacía parte del grupo de líderes de esa localidad.

En ese entonces el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advirtió que desde el 19 de mayo de 2023 la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana para denotar los riesgos a los que estaban expuestos los líderes sociales del país, y en Bogotá, hacía mención a las condiciones de localidades como Usme, Sumapaz y, precisamente Ciudad Bolívar.

Según los datos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en lo que va de este año, se han realizado 480 acciones y acompañamiento a lideresas y líderes sociales que puedan estar en situación de riesgo y de posible vulneración de sus derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal.

De esa cifra global, 32 reportes corresponden a líderes que ingresaron por primera vez al sistema de acompañamiento, otros 40 que ya estaban en el proceso y sufrieron nuevos hechos amenazantes y 87 que a los que se les prestó el acompañamiento pero que no permanecieron en el programa “por nexo causal o porque tenían otras solicitudes”.

De otro lado, se han realizado 275 seguimientos a casos de líderes y lideresas que ingresaron previamente a la ruta de la Secretaría de Gobierno y 46 casos de personas a las que nunca se pudo ar pero que se les remitieron sus casos a las entidades correspondientes.

Ahora, los datos de la Personería de Bogotá dan cuenta de un grupo de 38 personas que están priorizadas por amenazas en diferentes lugares de la ciudad y que están relacionadas con las actividades de activismo y liderazgo comunitario que desarrollan.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ya había hecho lo propio y desde 2023 se reunió con 25 de los líderes sociales amenazados en Ciudad Bolívar para escuchar sus denuncias y tratar de establecer rutas de protección. 

Al cierre del año pasado, el ministerio público contabilizó al menos 57 casos de líderes sociales amenazados en la capital, la mayoría de los hechos relacionados con extorsiones, cobros de vacunas, intimidaciones, panfletos o intentos de callar denuncias sobre inseguridad.

Y es que desde 2023 se ha reflejado con mayor fuerza el aumento en las extorsiones y las amenazas mediante panfletos e intimidaciones con mensajes que aducen, incluso, al homicidio, como fue el caso de Édgar Castro*, líder comunal de Ciudad Bolívar quien en ese entonces denunció que los AGC le habrían enviado varios arreglos florales a su casa cuando se negó a pagar la famosa “vacuna”.

“Las amenazas en mi contra iniciaron desde el año pasado. Primero cuando llegaron a mi casa a golpearme y a intentar secuestrarme; luego, con un arreglo floral que me mandan para intimidarme y sacarme del territorio y luego con panfletos del clan del Golfo”, le contó el hombre a las cámaras de Citytv el 17 octubre del año pasado.

Según Andrés Nieto, analista en seguridad, ante estos casos es importante que la Unidad Nacional de Protección (UNP) avance en el estudio de los riesgos que reportan los líderes para así mismo poder activar las rutas de protección, que en este caso estarían en cabeza de la Secretaría de Gobierno.

Por otro lado, el analista señala que gracias a la acción de la Policía y la Fiscalía se ha podido determinar que en la ciudad “no hay presencia de grupos armados de orden nacional”, pero que sí preocupa la utilización de estos nombres para delinquir.

El experto amplía el panorama cuando señala que gran parte de los líderes sociales que tienen amenazas en la ciudad son precisamente los que han llegado huyendo de los territorios en donde fueron amenazados inicialmente, “por eso, esta dinámica no sería propia de las localidades sino de una serie de eventos en todo el país”.

Sobre la presencia de delincuencia organizada en la ciudad que podría afectar a líderes y lideresas sociales, la Defensoría del Pueblo ha advertido la configuración de redes criminales controladas por diferentes estructuras armadas de alcance nacional.

Mediante la Alerta Temprana 04 de 2024 el ministerio público habló del riesgo en seguridad para la población de 22 zonas de Bogotá que estarían siendo acechadas por diferentes grupos criminales. No obstante, esta alerta es la segunda versión de una que ya se había emitido desde agosto de 2023 y que recogen elementos de riesgo que habían sido puestos sobre la mesa desde 2019 y 2021.

“Esta alerta retoma elementos planteados en la AT 010 de 2021 para las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón Engativá, Suba, Usaquén, San Cristóbal, Rafael Uribe y Usme; entre otros 12 municipios del departamento de Cundinamarca que que limitan con la ciudad capital”, señala el documento.

Según esta información, el ministerio público ha alertado de la presencia en Bogotá de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que estarían operando en la ciudad a través de “alianzas, subordinaciones, y tercerización de grupos de delincuencia organizada” como los Boyacos y la oficina de San Andresito quienes controlan el corredor oriental.

Estas organizaciones, al parecer, también tendrían acuerdos con estructuras como ‘los Pascuales’ en la localidad de Usaquén; ‘los Pereiranos’, en las localidades de Los Mártires y Kennedy, y otras con estructuras locales en San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe.

Por el corredor occidental hay presencia de ‘los paisas’, que operan en Bogotá desde hace 20 años en localidades como Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Bosa, además de Soacha.

Asimismo, la presencia del frente 33 de las disidencias de las Farc, el cual presuntamente tiene acuerdos con el ‘Tren de Aragua’, que estaría operando de manera conjunta en Bogotá, principalmente en localidades como Kennedy, Bosa, Los Mártires y Ciudad Bolívar.

Y es que, justamente, desde hace dos años la Unidad Investigativa de este medio ya había revelado que las evidencias encontradas en los computadores de estructuras de ‘Gentil Duarte’, en junio de 2021, que daban cuenta de un despliegue de enlaces activos de esta organización en Kennedy, Ciudad Bolívar y Santa Fe.

Durante abril de 2023 una seguidilla de hechos delictivos en Ciudad Bolívar empezó a despertar el interés de las autoridades. Entre esos casos estuvo el de la líder social Luisa Isabel Moreno, quien fue hallada sin vida en la sala de su casa y otros siete asesinatos de civiles que se registraron entre el 21 y el 24 de abril de 2023 en esa localidad. El periodo se catalogó como uno de los más violentos en la capital del país el año pasado.

Según expertos consultados por EL TIEMPO, los hechos de los últimos meses, que en su mayoría se han concentrado en Ciudad Bolívar, podrían ser el reflejo de la crisis de seguridad que ha sido permanente en Sumapaz y que termina impactando a otras localidades del cinturón oriental, como Usme y San Cristóbal.

Pero el escenario de ese abril no fue del todo nuevo para las autoridades. Durante ese mismo mes de 2022 también asesinaron en Sumapaz a un líder social de 33 años en la misma vereda donde murió el año pasado uno de los sindicalistas más importantes de la zona, Carlos Julio Tautiva, con el mismo modus operandi: dos hombres armados le dispararon dentro de su casa.

De acuerdo a la información recopilada por EL TIEMPO, de las bases de datos de Indepaz, la Fiscalía, los reporte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá de abril de 2023 y las alertas de Personería, hay registros que dan cuenta de la presencia de otro tipo de grupos criminales que han incursionado en la zona con el propósito de controlar las rutas del narcotráfico como ‘los Paisas’, ‘las Águilas Negras’ y el Eln, que mediante la tercerización de las actuaciones delictivas, impactan la seguridad de la región con asesinatos por ajustes de cuentas, amenazas y hasta desplazamiento interno.

“Aunque las AGC no tenían tanta incidencia allí, han empezado a aparecer amenazas mediante panfletos a quienes ejercen algún tipo de liderazgo sobre la tierra. Otro tema es la tercerización de las bandas locales, que han expandido las actividades ilegales de los grandes grupos por zonas de Soacha y Ciudad Bolívar”, explicó Juana Cabezas, investigadora de Indepaz.

Según la investigadora, la presencia de organizaciones sociales robustas ha empezado a competir con los intereses de los grupos criminales tradicionales, lo que ha desembocado en una guerra no solo entre las grandes estructuras, sino, además, en una confrontación con la comunidad por la defensa del territorio.

JONATHAN TORO ROMERO

Redacción Bogotá