Contrataciones, la pesadilla de los alcaldes locales de Bogotá

Lo primero que se gana un alcalde local cuando llega al cargo es una investigación. La evidencia es que hoy la Personería Distrital tiene abiertas 856 indagaciones disciplinarias contra ellos y sus subalternos.

Ninguna de las 20 localidades de la ciudad se salva de esta situación. La que menos tiene es Chapinero, la cual enfrenta 25 procesos; pero hay otras como Kennedy, con 88, que encabeza el top de las más investigadas. Y en esta cuenta no entran otros 252 procesos fiscales que cursan en la Contraloría de Bogotá. Entre las dos entidades de control son 1.108.

Entre enero de 2016 y abril de 2019, 18 alcaldes de 14 localidades fueron sancionados por la Personería: desde suspensiones por cuatro meses hasta destitución e inhabilidad por 14 años figuran en los fallos.

El motivo que más se repite es el de las irregularidades en la contratación. De hecho, el 63,7 por ciento de los actuales procesos disciplinarios (545) son por ese motivo.

Según la personera de Bogotá, Carmen Castañeda, muchos alcaldes y subalternos se escudan en la falta de conocimiento de las normas, pero ella cree que eso no siempre es cierto.

En su concepto, hay “indolencia” en el manejo de los recursos públicos de las localidades. Asegura que no son pocos los casos en los que “van con una intención directa y es hacer un patrimonio, enriquecer sus arcas, las de sus amigos, utilizar los escenarios para la política, para las contiendas electorales. Esa es la realidad que nosotros conocemos”.

Castañeda reconoce que esos asuntos no se pueden probar desde la Personería, la cual, al investigar, verifica temas como la celebración indebida de contratos o sin el cumplimiento de los requisitos legales y la violación a principios de planeación. “Que aquí nosotros no podamos determinar que hay carruseles u organizaciones para defraudar los presupuestos, es una cosa, pero uno no puede entender cómo en tantas oportunidades encuentra que se desconocen los principios de la contratación en diferentes escenarios: en el de la malla vial, el de obras públicas, adquisición de bienes y servicios, suministros”.

Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde, ahondó en el tema durante un debate de control político en el cual cuestionó el impacto de la plata que se invierte en la contratación local, que este año asciende a $ 916.000 millones y, en 2018, llegó a $ 1,04 billones. Hizo énfasis en la proliferación de firmas que “saben de todo” y en las que se han especializado en conseguir contratos en varias localidades.

El secretario de Gobierno, Juan Miguel Durán, dijo que en este gobierno, el 85 por ciento de los recursos de las localidades se han contratado en malla vial, parques, seguridad, inspección, vigilancia y control a actividades en el territorio y atención de adultos mayores, y que hay resultados en beneficio de las comunidades.

A los cuestionamientos del Concejo respondió que no hay una norma que prohíba que una empresa se beneficie con contratos en varias localidades, pero advirtió que si hay concentraciones indebidas, son los organismos de control los que deben investigar.

Durante un debate de control político, Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde, llamó la atención sobre las que denominó “empresas multipropósito”, las organizaciones que se volvieron expertas en lograr contratos en varias localidades, y el verdadero impacto de las capacitaciones que abundan en la contratación local.

Después de analizar con su Unidad de Apoyo Normativo (UAN) la contratación del 2018 que aparece registrada en el Secop II, encontró que Carlos Alberto Pinzón Molina es uno de los mayores contratistas de las localidades. Encabeza la lista con 11 contratos en ocho zonas.

Después está la Asociación de Hogares Sí a la Vida, con 9 contratos en tres localidades; la Corporación Fractal, con 7 contratos en seis zonas; la Corporación Estratégica en Gestión Integral Colombia, con 6 contratos en cinco zonas, y la fundación Ecodes, con seis contratos en seis localidades.

La Asociación de Hogares Sí a la Vida tiene contratos de eventos como festivales culturales, recreativos y deportivos en Engativá, Rafael Uribe Uribe, Sumapaz y Usaquén, y, al tiempo, le contrataron capacitaciones en Bosa, Fontibón y Engativá.

“Las capacitaciones deben ayudar a generar un saldo pedagógico, un ingreso, a mejorar la competencia o ayudarles a las personas a tener un arte u oficio. ¿Se conocen los resultados de estos contratos?”, preguntó durante el debate, y citó una capacitación que las alcaldías de Ciudad Bolívar y Bosa contrataron con la firma Citius Colombia para la “formación artística en técnica vocal a las personas mayores para la conformación de un grupo coral”.

A los fondos de desarrollo local les aplica, en materia de contratación, la misma normatividad que a cualquier entidad pública. En este marco, las alcaldías locales publican sus procesos de licitación, concursos de méritos, procesos de selección abreviada y demás modalidades, a través de la plataforma Secop. Cualquier empresa que cumpla con los requisitos puede presentarse y competir por la adjudicación de estos procesos en una o varias localidades. No existe ninguna norma que los prohíba.

Es cierto que existen empresas configuradas con objetos excesivamente amplios, las cuales se enfocan en participar en distintos tipos de procesos de contratación con entidades nacionales, distritales y alcaldías locales. Si por años estas empresas han logrado acumular experiencia específica en algún tipo de proceso, esto les facilita continuar participando y ganando licitaciones para proyectos del mismo tipo.

La inversión en las alcaldías locales se hace conforme a las necesidades del territorio y la población que reside allí. Eventos o capacitaciones se planifican y ejecutan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Contratan, especialmente, escuelas para niños y jóvenes en distintas disciplinas deportivas y escuelas culturales; claves, también, para la formación en disciplinas como música, arte y teatro.

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