Una noche en 'ciudad miseria': la vida de los indígenas emberá que invadieron el Parque Nacional en Bogotá

Son las 5 de la tarde en Bogotá. En el andén de la carrera séptima, frente al Parque Nacional, pasan cinco niños indígenas arrastrando un triciclo y pateando un balón de fútbol. Ninguno tiene más de 7 años y corren con sus pies descalzos por los senderos del monumento de Rafael Uribe Uribe, el cual está rayado y sucio. Detrás de la estatua se ven varios hilos de humo y luego se vislumbra que estos salen de los cambuches que se esconden entre inmensos árboles.

Pasando unas escalinatas y la pequeña fuente del mismo monumento, cuyas aguas estancadas son de la lluvia, están los 1.200 modestos cambuches hechos con plásticos y pedazos de madera. Este vasto espacio del Parque Nacional está invadido, metro a metro, por ranchos maltrechos con los cuales indígenas emberá se apropiaron de forma ilegal del terreno. Ya son cinco los asentamientos donde viven 600 personas desde octubre del 2023 en situación de miseria, con niños y madres gestantes, quienes viven pasando necesidades.

De fondo, se escuchan los pitos de los buses de TransMilenio, taxis y carros particulares que pasan por la zona, además de los pasos de universitarios y trabajadores que a esta hora acaban con sus labores. Al ingresar a este suburbio, el olor se impregna en las ropas: huele a selva, a rancio, a leña quemada y a basura, pero su principal esencia es el de los pañales usados de bebé que se encuentran en cada esquina.  

(Más: Estos fueron los acuerdos a los que llegó la comunidad emberá asentada en Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud tras diálogo).

“Hola”. Saludan los pequeños, quienes corren, eso sí, sin salir del espacio de su ‘barrio’, pues cada una de las cinco comunidades que se asentaron allí tiene sus propios límites. Los senderos peatonales del Parque ahora son “calles” de una zona de invasión en pleno corazón de Bogotá. Aunque se suele generalizar que son los indígenas quienes están allí, resulta particular al sumergirse por estos pasajes encontrarse con divisiones espaciales para las distintas familias emberás que conviven: una chamí y cuatro grupos de katíos.

En el centro del Parque Nacional, dos gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá relatan que esta comunidad indígena tiene movimiento las 24 horas y que cada espacio de cambuches que allí se levantó tiene su propia organización, ley y hasta divisiones similares a los estratos. Otros vecinos cuentan que las parrandas duran hasta tres días y que la zona es una ‘bomba de tiempo’ social y un riesgo para los niños que viven ahí.

No cualquier persona puede ingresar por los senderos de la invasión. A todas horas, jóvenes que hacen parte de la guardia indígena, con sus coloridos bastones de mando en la mano, transitan los pasillos del Parque para evitar que personas que no son de sus comunidades ingresen en este espacio público del cual se han apropiado. Sí lo hacen las autoridades.

Los katíos fueron los primeros en tomar una porción de terreno el 9 de octubre del 2023. Fabio Arias, un joven indígena de 27 años, prende un cigarrillo y camina despacio mientras saluda a otros muchachos que viven aquí. Cuenta que es el segundo gobernador de este grupo, el más grande de los que se concentran en este territorio, y que solo en su comunidad hay 375 personas, entre ellos 150 niños.

Fabio, quien viste una chaqueta roja que casi lo cubre por completo, mide metro cincuenta, es de piel morena, tiene los ojos rojos por irritación o cansancio, es de cabello corto, cachetón y tiene una sonrisa de oreja a oreja. Él recuerda cuando hermanos, primos y amigos de la comunidad salieron desde su resguardo en el Alto Andágueda, en Bagadó, en Chocó, luego tomaron chivas hacia Pereira, en Risaralda, y terminaron en buses hasta llegar al terminal de Bogotá.

“Nos estaban amenazando de muerte. Vinimos por miedo”, comentaFabio como víctima de desplazamiento. 

Estas familias no habían estado nunca en Bogotá, pero otros grupos de esa misma zona ya se habían tomado el Parque Nacional en el 2021 con las mismas exigencias que los trajo ahora: vivienda, salud, energía y agua potable en su territorio. Muchos de ellos todavía están en la casa La Rioja o en el parque La Florida, espacios destinados para la morada en la capital de los indígenas, mientras otros retornaron a sus hogares en Chocó.

El mismo Fabio dice que desde que él era un niño ha visto cómo los emberá katío de esas tierras tienen que buscar refugios en otros lugares al quedar en medio de un fuego cruzado entre grupos armados y la fuerza pública. Un informe de la Defensoría del Pueblo, de abril del 2023, señala que el accionar de la guerrilla del Eln tiene en riesgo a 11.000 habitantes de Bagadó, muchos de ellos indígenas. Y en el histórico del Registro Único de Víctimas se cuentan 19.645 víctimas de desplazamiento forzado en este municipio.

(Vea: ¿Qué causó la muerte de una bebé emberá de tres meses que estaba en el asentamiento del Parque Nacional?).

Los primeros cuatro días en el Parque Nacional los pasaron a la intemperie y luego se armaron con palos que sacaron de árboles en las montañas de los cerros para construir sus cambuches. También compraron todas las existencias de bolsas negras que había por el sector de Chapinero para armar los techos.

Al interior del asentamiento de los katíos es un mundo distinto: la sombra de los árboles cubre los cambuches, las hojas secas y las basuras de empaques plásticos se acumulan a las orillas de los senderos del parque por donde decenas de niños corren de lado a lado. Son las 9 de la noche. A esta hora, la mayoría de la comunidad ya está de regreso en sus casas de palo y bolsas. En ese momento, doña Flor, una mujer emberá quien viste un camisón de flores de color rosa y se cubre por debajo con un pantalón color negro, cuenta que se vino con su familia para no quedarse sola tras el asesinato de su esposo. Busca fuerza para cuidar de sus tres hijos, pero asegura que la vida en Bogotá es hostil y preferiría volver al Chocó.

En esta noche, lo único que alcanza a darles a sus cuatro hijos es una mezcla entre arroz y una masa de harina rebozada en aceite de una olla cubierta por el hollín. No es mucha la diferencia entre la dieta habitual, a la que se le suma, cuando se puede, algún huevo o un plátano. La mayoría de las veces solo comen una vez al día y apenas conocen lo que es el pollo o la carne cuando alguna fundación hace una olla comunitaria. Una que otra familia tiene gallinas.

Aunque son una comunidad, cada hogar debe responder por lo que puede ofrecerles a sus hijos. Por familia se tienen dos cambuches, uno como dormitorio para padre, madre y sus 3, 4,5, 6 y hasta 7 hijos; otra para la cocina donde acumulan palos que usan como leña, el aceite, el arroz y una mesa para ubicar unas cuantas ollas viejas.

Mientras la señora Flor saca unos platos, hay seis niños que juegan a su alrededor. Algunos tienen el torso desnudo y se les puede ver la barriga inflada o, mejor, inflamada, como un signo de los parásitos en sus cuerpos.

A las 11 de la noche, a diez pasos de donde doña Flor, otras madres cargan en sus pechos a los bebés. Esta noche hay 10 infantes quienes se aferran a sus mamás para tomar leche de sus senos.

Fabio y su tío, el gobernador Demetrio Arias, también de metro cincuenta, de 50 años y con seis dientes de platino que relucen desde lejos, son quienes permiten el ingreso de desconocidos, al menos en su asentamiento ilegal.

El hogar de Fabio es, sin duda, el más grande y, si se puede llamar así, el mejor ‘amoblado’. Su rancho está cubierto de madera y plásticos que lo refuerzan. El piso está hecho con cartones y lonas que lo separan del fango.

Tiene una sala con un sofá de color vinotinto que le compró a un reciclador por 2.000 pesos. De hecho, todas las colchonetas -en su mayoría sucias y malolientes- donde duermen quienes viven en el Parque Nacional se las han comprado a recicladores. Ellos ven en las necesidades de los indígenas una mina de oro.

La habitación está dividida por una bolsa negra. En el centro hay un colchón donde duerme Fabio, su esposa Teresita y los cuatro niños de ese hogar. También hay dos muebles en los que guarda algo de mercado, trastes viejos y ropa de sus hijos. En el piso, junto a dos guitarras, hay un televisor de por lo menos 40 pulgadas que, según Fabio, dejó de funcionar hace algunos días cuando se cayó del estante durante un aguacero.

El resto de los cambuches en los asentamientos de los katíos son, casi todos, un calco: de 2 o 3 metros cuadrados con bolsas de plástico, uno o dos colchones de cinco centímetros de grosor donde se acuestan padres e hijos, quienes se cubren con las cobijas ‘cuatro tigres’ del frío. A estos espacios hay que ingresar acurrucados, pues la altura si acaso llega a metro setenta. Pareciera que acabara de pasar un tornado, pues -como es tan pequeño- todo está en desorden. Buscan meter, como sea, cualquier enser de su propiedad: ropas, zapatos, ollas, balones... Por eso cuando se ingresa a estos lugares no hay por donde pasar.

(También: La demanda que pretende el traslado de la comunidad indígena Emberá que habita el Parque Nacional de Bogotá).

Tienen instalación de luz que toman de postes de energía.

A la 1 de la mañana, los indígenas se cubren como pueden del frío de Bogotá, que esta noche alcanza los 10 grados. No importa la hora, siempre se ven niños correteando por alguna de las zonas. Otros adultos prefieren ver televisión a las afueras del cambuche de Demetrio, quien deja el aparato para que su comunidad pueda ver alguno de los canales que la antena permite. Y unos cuantos deambulan borrachos, con la botella en la mano.

Pero la inclemencia e incomodidad es mayor cuando la lluvia arrecia y el agua se cuela por los rotos del plástico. Los indígenas tienen que hacer maromas para que sus cambuches no resulten anegados y se acuestan sobre el único rincón donde las goteras no les caen. Muchas veces sienten cuando por debajo de sus cuerpos y de los plásticos van pasando las ratas y los ratones que también están en busca de un refugio.

A

sí como corren los niños por las callejuelas, a los indígenas también les resulta normal ver a estos roedores arrastrándose por los alrededores. Del reloj suizo hacia la carrera séptima, las áreas comunes del Parque Nacional se convirtieron en un tendedero de ropa donde las madres emberá extienden las prendas que han lavado. Sobre las cuerdas se pueden ver coloridos vestidos indígenas, camisetas de niños, ropa interior y algunos pantalones de adulto.

En la comunidad de los katío, zona norte del parque, hay un centro de reuniones que usan para las fiestas, asambleas o comunicados sobre cómo está la situación tras nueve meses allí. Al frente del ‘salón social’, incluso, hay una tienda con un par de vitrinas donde se venden chicles, dulces, galletas, entre otros productos de confitería.

En otro de los costados de la invasión, caminando por la parte más alta del parque, está el lugar de castigos de los emberá. Aquí, un joven de 20 años está tirado sobre el pasto mientras que uno de sus pies está encadenado a un cepo. En su cara se le siente la vergüenza y las bolsas de sus ojos tienen las marcas de las lágrimas derramadas en las últimas horas. Algunos de los indígenas de su comunidad dicen que está allí tras ser acusado en un caso de violencia intrafamiliar.

Las autoridades emberá cuentan que este tipo de castigos son comunes en el Parque Nacional y que el tiempo en el que permanecen amarrados los indígenas depende del nivel de incumplimiento a la ‘ley indígena’. De hecho, hay quienes han pasado semanas atados al cepo, sin visitas de familiares, pero garantizándoles el alimento.

Sobre las 2 de la mañana, Raúl*, uno de los jóvenes músicos de la comunidad, llega con su guitarra para contar historias a quienes todavía están despiertos. La más triste ocurrió hace solo unos días, cuando la bebé Gina Valentina, de solo tres meses, murió en una hamaca de otro asentamiento katío ubicado en toda la zona céntrica del Parque Nacional.

(Puede ver: Alcalde Galán lamentó muerte de bebé emberá en Bogotá y le pidió acciones al Gobierno Nacional).

Ese día, el domingo 9 de junio del 2024, según la misma comunidad, estaban en una celebración indígena “bien borrachos” y hacia las seis de la mañana, al revisar a la menor, notaron que estaba muerta. En ese momento, la Alcaldía de Bogotá informó que, desde su nacimiento, en el Hospital Materno Infantil, Gina presentó complicaciones de salud, pero su madre no la llevó a controles posteriores.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) detalló que, desde mayo, con personal de Defensoría del Pueblo, se estaba haciendo seguimiento a la salud de la niña, quien el 4 de junio ya había estado hospitalizada. Dos días después, personal médico -aseguró la entidad- intentó revisar cómo estaba Gina, “pero líderes de la comunidad de manera vehemente negaron esta atención”.

Raúl, quien también es familiar de la niña, saca su celular y muestra el desgarrador llanto de la hermanita de esa bebé frente al ataúd blanco donde estaba por ser sepultada Gina, quien a cajón abierto era despedida en el cementerio Jardines del Apogeo, en el sur de Bogotá.

De fondo se escuchaban algunos acordes de guitarra y gritos de otros niños diciendo, en la lengua emberá: “Qué pesar. Se murió. Se murió”. El día del sepelio, el miércoles 12 de junio, cuenta Fabio que la mamá de esta niña no fue a darle el último adiós.

Al otro lado del Parque, en el primer espacio, desde la entrada sur y donde quedan las casas de las gobernaciones en Bogotá, están los emberá chamí, provenientes de Pueblo Rico, en Risaralda. Esta comunidad es más pequeña que la de los katíos y parece estar más organizada. Tienen como particularidad que ya vivían desde hace años en Bogotá, pero ahogados por su situación financiera llegaron a invadir otra porción de este espacio público.

Allí, Fidel Membregamo, de 28 años y segundo gobernador de este espacio, comenta que desde que se ubicaron en este territorio en diciembre 30 del 2023 ha escuchado de tres bebés muertos. Uno de ellos en su propia comunidad, donde una pareja de 17 años todavía no se repone del deceso de su pequeño de dos años.

Las cifras de defunciones solo en el Parque Nacional detallan siete casos desde el 2021, dos de ellas mencionadas anteriormente. En total, contando La Rioja y La Florida, son 32 muertes de indígenas, de las cuales 24 corresponden a niños, según la Alcaldía de Bogotá.

Esta madrugada, a las 3 a. m., los chamí están de fiesta. Suenan, a todo volumen, corridos prohibidos, vallenatos y música popular. Todos cantan y bailan a grito herido. Una pareja de 17 años se acaba de casar, pero no es posible ingresar a este espacio de celebración como reporteros desconocidos para esta comunidad indígena. Fidel, quien no ha bebido una sola gota de licor, tiene que lidiar en carne propia la enfermedad de uno de sus siete hijos y vigilar que los borrachos por el chirrinchi, el aguardiente o el guarapo, el cual compran en alguna de las plazas de mercado del centro de Bogotá por 30.000 pesos, no se salga de control.

Su esposa lleva cuatro días en el hospital Santa Clara cuidando de la bebé de 7 meses quien tiene delicados síntomas respiratorios. Fidel dice que es una pesadilla estar en el Parque Nacional, exponiendo a sus hijos, pero no tuvo más salida porque no había cómo seguir costeando un pagadiario de 40.000 pesos.

“Cada día voy a cuidarla. La niña está mejoradita, pero su respiración es leve. A los bebés de acá les está dando una infección por el frío. En el hospital vi varios bebés de acá, unas cinco señoras indígenas estaban cuidando a sus hijos”, lamenta.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, de los 600 indígenas que viven en el Parque Nacional, el 55 por ciento son menores de edad. El grupo generacional más grande es, precisamente, el de los bebés de 0 a 5 años, quienes suman 157.

En este espacio se convive con 17 mujeres que están a punto de dar a luz, cuatro personas con VIH, 11 personas con sífilis y 3 con desnutrición. La Alcaldía también informó que el brote que está azotando a los niños por estas semanas es una infección respiratoria aguda.

Todas estas circunstancias hacen que la niñez del Parque Nacional esté sumida en una situación crítica y ahora, cuando los menores que están estudiando en el colegio Restrepo Millán, en el centro de Bogotá, salen a vacaciones, nadie asegura que reciban un plato de comida.

Desde el ICBF informaron que se atiende integralmente en un Centro de Desarrollo Infantil a 53 niños y niñas emberá quienes son recogidos en una ruta escolar en el Parque Nacional y llevados a la Unidad de Servicio. También se entregan raciones alimenticias a 90 familias, de las que hacen parte 149 niños, niñas y mujeres gestantes.

Hacia las 5 de la mañana, las madres de todos los asentamientos se levantan para tomar uno de los tres baños diarios que se dan en el canal del río Arzobispo, en la parte norte del Parque.

(Más: Viaje a las entrañas de La Rioja: así viven hacinados los indígenas embera en Bogotá).

Allí dejan un cúmulo de ropas en sus alrededores, se quitan sus prendas y se meten en un chorro gigante que cae por un tubo en plena carrera quinta. En el mismo lugar lavan otros vestidos y ropas de sus esposos. Todo lo hacen muy rápido, pues muchas veces los habitantes de calle llegan a acosarlas e incluso realizan actos obscenos frente a ellas. Son decenas de mujeres indígenas que se agolpan a estas horas para tomar el baño. Sus hijos más pequeños las acompañan.

Bajando unos metros por el mismo canal, las mujeres se ocultan debajo del puente para hacer sus necesidades. Este mismo ‘baño’ es usado por los varones un tiempo después. Algunos otros deciden subir a chorros más arriba, en plena montaña.

En la mañana, niños y hombres van a una de las casetas donde hay baños públicos para abastecerse de agua potable. Cada familia, al lado de su rancho, guarda una especie de galón de cinco litros del líquido que usan para cocinar.

Hacia las 7 de la mañana, las mujeres hacen el amasijo de arroz y harina con el complemento que se tenga y se alistan para, de ser el caso, dejar a sus hijos en las rutas que los llevan al colegio o irse con los menores a vender las artesanías (collares, manillas o pulseras) que tejen durante la mayor parte del día.

Las calles comerciales de Bogotá, como el centro, la calle 85 o el parque de la 93, son los escenarios donde estas madres, con hasta cuatro hijos a sus espaldas, van a vender sus productos. Aguantan hambre, frío o calor para ganarse algunos pesos. En muchos casos los recursos que entran a su hogar dependen exclusivamente de ellas.

Los propios hombres indígenas cuentan que es una decisión supuestamente “estratégica”, pues cuando ellos son quienes venden no reciben ni un peso, pero cuando las mujeres son quienes muestran esa vulnerabilidad en la que viven, hay personas que se conmueven, terminan comprando o dando una limosna. Casi que la totalidad de las personas sobreviven a punta de mendicidad y cuando se alcanzan los 40.000 pesos al día puede ser una fortuna.

Otros hombres, quienes ya se mueven por Bogotá con libertad, venden sus artesanías cerca del Museo del Oro, a unas 20 cuadras del Parque Nacional, donde buscan extranjeros. Aseguran que son clientes más accesibles y que se pueden conmover. En la comunidad chamí hay otros jóvenes quienes se rebuscan en construcción, cuidando carros o en “lo que salga” como trabajo informal.

Son las 8 de la mañana. En uno de los cambuches de los chamí, Lina Marcela usa un cuchillo blanco para descamar un pescado que le regalaron la noche anterior y que usará para darles de desayuno a sus tres hijos. Mientras tanto, en un caldero prepara un arroz y una de sus pequeñas la acompaña en las labores de cocina.

Su historia es conocida en la comunidad chamí por ser una sobreviviente del conflicto armado. Cuenta que cuando tenía solo 13 años tuvo que tomar a sus siete hermanos y huir de una guerra que cobró la vida de sus dos padres en Risaralda.

En el tono de su voz se escucha el dolor de la tragedia. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras cuenta lo sucedido. Lina Marcela es hoy una mujer de aproximadamente 27 años, pero su rostro está envejecido por todo lo que ha tenido que lidiar. Anda descalza y tiene una pijama sucia que acompaña con un saco fucsia. El único brillo que se ve en su cara es el de sus labios.

Recuerda con nostalgia que llegó a Bogotá con el miedo de no poder sacar adelante a su familia, pero con la convicción de que no iban a regresar a sus territorios a vivir los horrores del conflicto.

“Mis hermanos eran más pequeños y yo pude salvarlos a ellos, pero nunca supe qué pasó con mis papás. No supe dónde fue el velorio ni el entierro. Solo pude salvar a mis hermanos. Los demás murieron”, cuenta Lina María mientras cocina en el piso y calienta el aceite para freír los trozos de pescado.

Su hermano menor, Andrés Felipe, dice con agradecimiento que su hermana fue su salvación. Asegura que, de no haber sido por ella, no sabría lo que habría pasado con la vida de Norbey, Luis Fernando, John Jairo, Lucely, Jessica, Luisa y él. Ahora, Lina María también lucha por sacar adelante a sus tres hijos. Se divorció de su esposo hace tres años porque no aguantó más sus constantes borracheras. Dice que “el vicio” lo alejó de sus hijos y que prefiere levantar su familia sola, como toda su vida lo ha intentado.

A sabiendas de las pesadillas que viven en el Parque Nacional, la voz de las personas que lideran a estas comunidades no es otra que “me dan o aquí me quedo”. Mientras tanto, los otros niños que andan descalzos, enfermos y apenas abrigados con una camiseta siguen expuestos a los riesgos que acabaron con la vida de la pequeña Gina Valentina.

(Además: Presidente Petro denuncia que 350 niños indígenas han sido reclutados por grupos criminales en el Cauca).

Los grupos indígenas y delegados de la Unidad para las Víctimas han sostenido en estos meses varias reuniones para establecer acuerdos que permitan un posible retorno a sus tierras o una reubicación.

Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad de Víctimas, manifiesta que el Gobierno Nacional está haciendo presencia, con distintas entidades, en los territorios donde los emberá están siendo desplazados y articulando programas para las comunidades de este grupo indígena que viven en la mendicidad en distintas capitales del país.

Uno de los compromisos es la creación de una mesa de concertación sostenida y un consejo nacional para la política económica y social de estos grupos indígenas. “Sacar a los niños de la mendicidad, proteger a las víctimas del conflicto para darles dignidad”, señala Tobón Yagarí como objetivo en el corto plazo.

Sobre los emberá en Bogotá, delegados de la Unidad para las Víctimas le dijeron a EL TIEMPO que se siguen acompañando los procesos de retorno de las comunidades a sus territorios, en los cuales la voluntariedad es uno de los pilares. En los últimos meses, se han ejecutado los retornos de cuatro grupos asentados en el Parque Nacional, en La Rioja y en el parque La Florida.

Señalan que desde el Gobierno se han mantenido los diálogos con el pueblo emberá para “recuperar la confianza” y hacer acuerdos para solventar sus necesidades y los daños que quedaron tras varios años de conflicto armado. En cuanto a las comunidades que quieren permanecer en la capital, aseguran que es necesario que las ciudades receptoras de pueblos indígenas adecúen sus espacios y desarrollen actividades de integración social.

Y sin una solución cercana por parte del Gobierno Nacional, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha dicho que la prioridad es atender a las madres gestantes y la primera infancia. “Conformaremos un equipo permanente que trabaje articuladamente con el ICBF para atender de manera prioritaria los casos de niños, niñas y adolescentes en el Parque Nacional”, mencionó.

Texto: CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ Y JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

Enviados de EL TIEMPO a 'ciudad miseria', como los vecinos llaman a estos asentamientos donde sobreviven los indígenas.

​Imágenes: NÉSTOR GÓMEZ Y MAURICIO MORENO
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​*Esta nota fue publicada originalmente el 29 de junio de 2024.