Los graves comportamientos que llevaron al Distrito a conformar un grupo de penalistas para proteger a niños emberás en Bogotá

Este viernes 2 de agosto, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán en compañía de la consejera de Víctimas del distrito, Isabelita Mercado y los secretarios de Gobierno, Seguridad, Integración Social, Educación, Salud, General y Jurídica entregaron declaraciones sobre la Ruta de Acción Emberá que será implementada por el Distrito.

El fallecimiento de 24 niños de esta comunidad indígena, los presuntos abusos sexuales, violaciones a la normatividad ambiental con acciones como la tala de árboles en el parque Nacional, la negación para permitir el ingreso de personal de salud que atienda a niños y a mujeres llevó a la istración a que tome medidas más drásticas para garantizar la seguridad de esta población.

Galán fue claro en señalar que ni el Parque Nacional, ni La Rioja, ni La Florida son territorios colectivos o son resguardos. “Por ende en estos territorios no aplica la jurisdicción indígena. Por esta razón, el trabajo conjunto que hemos hecho con siete entidades del Distrito ha sido el de reforzar la presencia en las últimas tres semanas y eso nos ha llevado a identificar situaciones que no podemos aceptar”.

Lo primero que denunció fue la usurpación de funciones públicas por parte de algunos de la comunidad emberá en territorio capitalino. “Eso llevó a que el Distrito denunciara esta situación en la Fiscalía. Y vamos a proceder a denunciar cualquier situación irregular que ocurra en este territorio”.

Añadió que eso se logró gracias al esfuerzo de tres semanas a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU) que ha estado presente 24 horas, siete días a la semana. “Esto ha complementado lo que veníamos haciendo desde enero. Hemos invertido 5.600 millones de pesos entre todas las entidades en la atención a esta población asentada en Bogotá”.

La prioridad siempre ha sido garantizar los derechos de esta población y la acción interinstitucional en favor de los menores de edad. “Por ejemplo, hemos brindado la atención en salud desde el 2021 a través de diferentes etapas, se les ha dado educación, hay 742 niños matriculados, y hay activadas 24 rutas y 17 dinamizadores culturales”, dijo Galán.

De hecho, la Secretaría de Integración Social (SDIS) y la Consejería de Paz han liderado el proceso de organizar y articular a esta población. Por eso hay un balance claro. Por ejemplo, se han identificado 248 situaciones de riesgo para los menores de edad en el Parque Nacional.

Ha habido 91 reportes de niños solos sin la compañía de ningún adulto responsable en las últimas tres semanas. Igualmente, 77 alerta de la presencia de personas extrañas o ajenas a la comunidad haciendo presencia en el parque. Incluso se han detectado 30 situaciones de riesgo de accidentes viales en los que los niños corren en mayor peligro.

Además, los niños y jóvenes emberás están expuestos al consumo de sustancias psicoactivas. Ya hubo 20 reportes. “También encontramos niños en riesgo de manipular de elementos peligrosos en 7 casos”.

Pero lo más grave es el riesgo de abuso sexual que se identificó en siete casos. “Todas estas situaciones han recibido atención del Distrito. En el 71 por ciento de estos casos ha habido un abordaje de manera preventiva y en el demás acompañamiento psicosocial, trabajo pedagógico y de restablecimiento de derechos de menores de edad”.

Galán explicó que por todo esto se tienen que tomar medidas adicionales. Lo primero es que se conformó un equipo interinstitucional de penalistas, es decir, cinco entidades del Distrito se organizaron para garantizar esto. “Así se va a poder actuar ante el mínimo riesgo. Eso ya se activó”.

También se activarán de manera más eficiente las rutas en términos de protección y hacer activaciones en las Comisarías de Familia y en la Defensoría del Pueblo para defender a la población menor de edad.

También se implementará una estrategia de comunicaciones para vincular a los vecinos del Parque Nacional y a la comunidad para que reporten a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) casos de maltrato, de abuso o cualquier otra violencia con menores edad. “Es un servicio confidencial, gratuito y nos va a permitir ayudar”.

Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, dijo que en el marco de la oferta distrital se han identificado temas muy graves. Por eso ratificó la importancia de la conformación de un grupo de penalistas con diferentes visiones y liderados por el secretario jurídico para que se puedan documentar en tiempo real y oficializar las denuncias frente a posibles tipos penales o conductas que pongan en riesgo a la población menor de edad y judicializar este tipo de acciones. “En el parque Nacional o en los otros refugios no aplica la jurisdicción indígena. Haremos todo para que la jurisdicción ordinaria sea mucho más eficiente de la mano con la Fiscalía y las autoridades judiciales”.

Por su parte, Roberto Angulo, secretario de Integración Social, dijo que estar presentes en el parque Nacional les ha permitido decantar las rutas de restablecimiento de derechos de los niños. “Los casos de los 91 niños que han estado en situación de negligencia o abandono, nos han permitido tipificar las zonas en donde están en riesgo y abandono. Ahí vamos a actuar con mayor celeridad”.

Agregó el funcionario que ya están más claros los umbrales del entorno del Parque Nacional, en donde se va a considerar que si hay un niño que no tiene a un adulto responsable al lado, será declarado en situación de riesgo y abandono. “Ahí se activa de inmediato una ruta que puede terminar en la activación de la red de servicios de protección como las del Icbf. Hemos tenido muchos niños perdidos en los últimos días”.

Solo esta semana, relató el funcionario, ocho niños entre cinco y ocho años se fueron caminando con el canal del río Arzobispo, pasaron por la estación de El Polo y El Virrey. Por supuesto, terminaron en el Icbf. “Todo esto ocurre porque no hay una activación de la familia y la comunidad en torno a la protección de los menores de edad. Entonces el Estado tiene que completar ese ejercicio. Por eso ahora las rutas serán muy claras. Apenas estén en zonas de riesgo, los vamos a proteger en unas carpas”.

En cuanto al tema de Comisarias de Familia, las rutas de violencia en el contexto familiar pueden detonar acciones desde ahí o desde el ICBF según el presunto hecho de violación de los derechos o el delito cometido. “Nosotros vamos a hacer las denuncias respectivas si hay violencias en el contexto familiar. Habrá más celeridad. Ni el parque, ni los refugios, son jurisdicción indígena. No hay nadie en el campamento emberá que tenga funciones públicas, por consiguiente, no son un eslabón en nuestras rutas más allá de ser familia o comunidad”.

Isabel Segovia, secretaria de Educación, dijo que hay 940 niños escolarizados, dentro de los cuales 740 se recogen en La Rioja, La Florida y el Parque Nacional. “En este último lugar tenemos 236 niños y, desde que empezó la actividad del Distrito con el PMU se ha hecho un seguimiento niño a niño”.

Agregó que hay un promedio de asistencia del 65 por ciento de los niños y que se trabaja con las familias para saber qué es lo que está pasando, pues algunos de esto parecen ya no estar en la ciudad. “Otros tienen problemas de salud, están en situación de vulnerabilidad, o sus padres de familia les impiden asistir a los colegios para que estén en actividades de trabajo que no corresponden a su edad”.

Dijo que al parque Nacional llegan 12 rutas escolares y que todos los días los niños son llevados a instituciones educativas en donde hay 17 dinamizadores que son de la comunidad, escogidos por los líderes, para que acompañen los procesos educativos de la lengua.

Gerson Bermont, secretario de Salud, ratificó que el sector ha estado presente desde la misma conformación de los asentamientos y ha ido incrementando las atenciones.

Explicó que al comienzo eran unas brigadas que se realizaban con la población y que luego se ha venido concertando con la comunidad, estar de forma permanente y atender directamente a cada uno de los integrantes de esta población indígena.

Además, en los albergues se mantiene una ambulancia las 24 horas de los siete días de la semana, hay equipos permanentes de atención en salud y otros que están dentro de la comunidad, internos y externos. Los primeros conformados por sanadores emberás y los segundos por profesionales del Distrito.

Bermont dijo, no obstante, que se han presentado muchos problemas. “Desde el año 2021 hasta diciembre del 2023 habían fallecido 24 niños de los diferentes asentamientos. Por eso hemos fortalecido ese trabajo y no nos ha fallecido ningún niño en esta temporada. Lo grave es que a veces no permiten que entren los equipos de salud cuando hay menores con enfermedades críticas. Hay líderes que se oponen y por eso la judicialización será clave”.

Explicó que en estos casos se vulneran los derechos de los niños y de las madres que sí quieren llevar a los menores de edad enfermos a una institución de salud. “El ejercicio de la penalización será fundamental porque los derechos de los niños están por encima. Hemos logrado disminuir la mortalidad, mejorado la interacción con la comunidad, pero tenemos liderazgos negativos que no nos permiten que las atenciones sean óptimas”.

Para concluir, el alcalde, Carlos Fernando Galán, dijo que se han identificado más riesgos como la conexión de energía eléctrica hechiza que pone en peligro a la población o las violaciones a la normatividad ambiental con la tala de árboles, acción que no está permitida. “Vamos a trabajar en el retorno de esta población, pues el 80 por ciento quiere salir de Bogotá. Estamos trabajando con la Nación para acelerar la fecha del retorno. Incluso hemos avanzado en la cedulación y la bancarización de estos hogares. Todo esto será condicionado a la permanencia en el territorio”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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