Así operaba la oscura empresa criminal que estafó a 1.500 bogotanos con cartas falsas

Una empresa criminal fue lo que construyeron por más de seis años (lo que duró la investigación de la Fiscalía) Angie Daniela Ardila Gómez y su mamá, María Rubiela Gómez Colmenares, quienes repartiendo cartas falsas de la Secretaría de Hacienda e inventando cobros de impuestos y falsas órdenes de embargo les robaron, presuntamente, más de 2.000 millones de pesos a 1.500 bogotanos.

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Las dos mujeres, residentes en el barrio San Francisco, de la localidad de Ciudad Bolívar, habrían conseguido a las bases de datos de contribuyentes de la ciudad que les permitió saber quiénes tenían o no propiedades a su nombre, pero lo que más grave aún es que lograron acceder a información tan sensible como el historial de deudas por concepto de impuestos de los ciudadanos capitalinos.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Angie Daniela Ardila, abogada de profesión, habría usado su conocimiento jurídico para poder acceder a información privilegiada y obtener el insumo clave para configurar el entramado criminal. Sin embargo, la forma en que el par de presuntas delincuentes accedieron a las bases de datos financieros de sus víctimas todavía es materia de investigación.

Una fuente informada del caso señaló que no se descarta la posibilidad de que se trate de alguna filtración por medio de un “topo” en alguna entidad quien habría entregado los datos o, incluso, que las dos mujeres hayan comprado la base de datos que contenía los documentos de las víctimas y, usando un ‘ejército de colaboradores’, hubieran rastreado, uno a uno, mediante información pública el récord de los contribuyentes deudores.

Las sospechas entre los investigadores y las pruebas aportadas por el material que se recolectó durante los años de investigación sobre la empresa criminal, sumado a la falta de claridad en la forma en que lograron acceder a las bases de datos, permitieron concluir a las autoridades que se trataría de una red criminal más grande y que no solo estaba en cabeza de las dos mujeres.

El entramado criminal estaba tan bien constituido que contaba con un “arsenal” de repartidores de cartas a los que se les pagaba 600 pesos por cada documento que entregaban; además, armaron un ‘call center’ para recibir las llamadas y una red de puntos de consignaciones para recibir el dinero que iban cooptando.

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La fórmula de madre e hija para estafar fue simple. Una vez tuvieron a la base de datos empezaron a organizar las comunicaciones basadas en un modelo de carta real de la istración distrital, pero que nada tenía que ver con el cobro de contribuciones; hecho esto, contrataron al segundo eslabón de la cadena delictiva: los repartidores.

Estos hombres y mujeres, a quienes se les pagó 600 pesos por cada carta entregada, se extendieron por los barrios de estratos 1, 2 y 3 del sur y el suroccidente de la ciudad, se estima que fueron al menos 100 barrios los afectados. También hay indicios de que esta estructura de estafadores llegó hasta algunos barrios del norte de la ciudad, donde lograron robar a un importante abogado con un cobro de 16 millones de pesos, como lo contó un investigador.

“Es muy creíble. Ellos sabían que tenemos una deuda y eso quiere decir que tienen a alguna plataforma de Hacienda”, dijo la ciudadana que estuvo a punto de caer en la red de estafas.

A esta ciudadana le llegó, mediante una oficina de correos, una carta que aunque no tenía un destinatario concreto, sí estaba marcada con el código de barras y el supuesto chip correspondiente a su predio en la que le cobraban una multa de 6’500.000 por no pagar sus impuestos.

Pero entregar las cartas de cobro no era el final de la operación. Una vez la víctima las recibía había que esperar a que mordieran el anzuelo y se comunicaran con los números telefónicos que estaban en la misiva. Allí, eran abordadas por “agentes” de call center entrenados por la familia de presuntos criminales para persuadir, amenazar y lograr que se realizaran los millonarios pagos.

Bajo la amenaza de que “les iban a quitar los bienes”, los criminales lograron que, mediante casas de cobro ficticias y supuestas empresas de giro, los constituyentes depositaran su dinero en las cuentas de los supuestos ladrones. Según la Secretaría de Hacienda, los cobros oscilaron entre los 500.000 pesos y los 20 millones de pesos.

Al final de todo, señalan los investigadores, la técnica de los criminales es nunca arse con las víctimas, sino, por el contrario, que siempre sean las víctimas las que lleguen solas hasta el victimario siguiendo una serie de pistas que les dejan como las cartas puerta a puerta.

Aunque las cifras de reportes oficiales de este tipo de estafas no son alarmantes y la Secretaría de Hacienda solo tiene el conteo oficial de 180 casos en los últimos 6 años, lo cierto es que el subregistro de ciudadanos que no denuncian o que pagan y nunca se enteran de que fueron estafados es altísimo y no se ha podido determinar, como lo señalan las autoridades, un número exacto de víctimas de estos extorsionistas.

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Por su lado, la Fiscalía señalo que las labores investigativas en este caso siguen abiertas y que se cree que detrás de las dos mujeres hay todo un entramado criminal que tendría más cabecillas.

El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, explicó que desde la entidad no se autorizan pagos a terceros ni por otros medios que no sean la página web oficial, la oficina virtual o directamente en las instalaciones de la Secretaría. “En nuestra página tenemos una guía donde se pueden consultar las obligaciones pendientes de todas las vigencias. Ahí también pueden pagar o descargar para pagar en los bancos autorizados. No confíen en llamadas falsas, los únicos canales de son los directos”, señaló.

REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO