Cantera Villa Paula responde por acusación de minería ilegal

César Duarte, el propietario de Miner Group, una empresa dedicada a la extracción minera en Mochuelo, zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, explica que el título minero que istra, conocido como la cantera Villa Paula, ha sido objeto de una serie de acusaciones y decisiones judiciales injustas que buscan sacarlo del camino como empresario, y que están basadas en testimonios y evidencias allegadas por los propietarios de una cantera vecina, con quien tiene una disputa legal desde hace varios años.

Recientemente, Duarte fue sentenciado en primera instancia a 32 meses de prisión por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero, pero argumenta que el juez que tomó esa decisión se basó en evidencia que está desactualizada, y que impugnó la medida.

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En este tema de minería empezamos desde el año 2000, tenemos una sociedad que lo que hacía era operar títulos en Soacha, pero resulta que en el 2005 cambió la norma y el material de Soacha no cumplía con las condiciones para las obras de Bogotá y a través de un interventor de una obra que teníamos logramos llegar a esta cantera Villa Paula y la encontramos en unas condiciones precarias, la tenía una unión temporal que tenía la operación con los hermanos Matallana, entramos a apoyar a ese operador con maquinaria que ya tenía yo y entonces entramos a mejorar un tema de terrazas, de patios, una cantidad de cosas, metimos una excavadora, un cargador nuevo y empezamos a trabajar juntos con el operador.

La CAR en el 2013 aceptó la cesión de Gustavo Matallana a Miner Group, y a partir de ahí empezamos a tener responsabilidad ambiental y a pasar información pendiente que no habían entregado los Matallana desde hacía varios años. Villa Paula empezó en 1993, cuando se crearon las CAR, y a ellos les dieron en ese momento una licencia de explotación para pequeña minería, que era lo que había en ese momento y dentro de esa licencia.

En esos años estaba incluida la parte ambiental, en 1997 empezaron a reglamentar el tema de los planes de manejo ambiental, y en el 2000 los hermanos Matallana con base en nuevos términos solicitan un plan de manejo ambiental el cual es aprobado en el 2002, que es la resolución vigente, que es una aprobación del 2002 al 2028, del cien por ciento del título minero, que es de 24,7 hectáreas.

El título minero 16432 son 24,7 hectáreas, dentro de eso hay siete predios hoy en día. Resulta que de esos predios, desde 1993 hasta el 2007, seis eran o estaban negociados por los Matallana, son fincas, cuando a uno le dan el derecho a explotar, te dan derecho a usar el subsuelo, pero el suelo puede ser de otro. Tiene que comprar el terreno o firmar un acuerdo de servidumbre para hacer la explotación, seis eran de los Matallana y uno de Manuel Rodríguez, dueño de una cantera que se llama Bella Vista. En el 2007 aparece el señor Gildardo Rodríguez comprando ese predio Villa Paula y saca a los hermanos Matallana.

Lo primero fue ir a la corregiduría de Mochuelo y poner una querella por perturbación a la servidumbre, el inspector dijo: “Señor Rodríguez, usted es dueño del predio, pero ese terreno estaba servido por la minería. Señor Rodríguez, por favor se retira, deja las cosas como las encontró y vaya a ver si tiene derecho o no a la servidumbre”. Ahí no hizo caso, no cumplió la orden de Policía de salirse del predio donde él no era titular.

Nosotros en el año 2015 pudimos entrar por fin a ese predio. Se hicieron curvas de nivel, mediciones de cuánto se había explotado el predio. Se hizo una revisión con Google Earth, donde vimos el lindero del predio que compró Gildardo.

Tuvimos que hacer cerca de 20 pozos se sedimentación para que no llegara agua al patio, y la que llegaba se hizo un plan de manejo de agua para no generar problemas. En agosto del 20015 hay un cambio de directora regional y quien llegó no sé qué pasó, no miraron el Plan de Manejo Ambiental, nos emiten la resolución 211 de octubre del 2015 y nos dicen que suspendan labores de extracción, pero no los acopios, la comercialización, ni el beneficio, nada de eso.

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Resulta que a Gildardo también se le generó una resolución de suspensión, no solo de la extracción, le suspendieron todas las actividades que hacía en el título. Este señor empezó a llevar vigilancia y a traer policías, gente de la Fiscalía a demostrar que seguíamos haciendo actividades, que nosotros no podíamos hacer minería, y no era así; y en diciembre, un mes después, nos hicieron un operativo que ni a Mancuso le hicieron un operativo igual. Al final se pudo demostrar que lo que había no era una suspensión del título minero, ni el instrumento ambiental, era la extracción de materiales y nadie había extrayendo materiales.

En febrero, dos meses después, llega otra vez un operativo, no solo de policía sino también del CTI, nos capturan y nos llevan a la Fiscalía, a la URI. En la mina nos capturan por fraude a resolución judicial, que estábamos incumpliendo la Resolución de la CAR, y nos llevaron a Paloquemao por fraude. Nos dejaron ahí toda la noche y al otro día aparecemos vinculados a un proceso por explotación ilícita, y arrancó el proceso penal.

Gildardo dijo que habíamos incumplido la resolución y la CAR investigó, hizo visitas a la cantera y emitió un auto, después de una investigación, que dice: “una vez revisada la información que reposa en relación a la solicitud, se encuentra que no hay evidencia que permita establecer si los materiales y acopios eran producto de la extracción minera. Se evidenció que se trata de actividades diferentes a la extracción de materiales; por lo tanto, no se estaría incumpliendo la medida preventiva”.

Redacción Bogotá. EL TIEMPO.

Twitter: @OscarMurillom