Programas que buscan ‘subsidiar’ jóvenes para que no delincan: ¿funcionarían en Bogotá?

Las propuestas para combatir la ola de criminalidad tanto en el país como en Bogotá están a la orden del día. Recientemente se volvió a escuchar, de parte del presidente Gustavo Petro, el eco de una polémica propuesta que implica pagar una suerte de “subsidios” a los jóvenes para que no caigan en manos de la criminalidad. No obstante, la propuesta no fue nueva y ya había sido aplicada en Bogotá durante su periodo de alcaldía entre 2012 y 2015. Los resultados no fueron los esperados.

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Según el mapa estadístico de la Secretaría de Seguridad entre el 2014 y el 2015, fecha en la que se lanzó por primera vez el programa llamado “Jóvenes en paz”, las cifras de seguridad de la ciudad en vez de reducirse aumentaron. De los 12 delitos de alto impacto que la cartera media en ese entonces, seis crecieron entre el 4 y el 77 por ciento.

Pese a que las cifras no lo respaldan, el presidente Petro aseguró que durante su istración en la capital del país había “pagado a 10.000 pandilleros” y con eso había logrado la reducción de delitos como el hurto a personas, celulares, bicicletas y comercios. No obstante, la situación no fue así.

“Este programa, que vincula a 10.000 jóvenes que estaban en condición de vulnerabilidad total, a punto de la delincuencia, del homicidio, de la violencia y que a cambio de estudios se les sostiene sus familias, porque muchos ya tienen familia, ha logrado disminuir los índices de violencia en las UPZ que tenían la tasa de homicidios más alta en la ciudad”, sostuvo el entonces alcalde de Bogotá.

Para Hugo Acero, analista y exsecretario de Seguridad de Bogotá, no se puede pensar en la existencia de programas preventivos que entreguen recursos directamente y sin ningún tipo de control. "Uno no se puede oponer a que existan programas preventivos para que quienes están vinculados salgan de los grupos criminales y otros que están en riesgo de ingresar, terminen no ingresando, pero de él deben participar las istraciones, la Iglesia e inclusive los gremios para que hagan seguimiento”, dijo.

Y es que, según el experto, cuando se revisan las cifras detalladamente es posible observar que, a diferencia del homicidio, todos los otros delitos tuvieron variaciones negativas entre 2011 y 2015. “El hurto a personas, según las cifras reportadas por la Policía, pasó de 17.057 casos denunciados en 2011, último año de gobierno de Samuel Moreno y Clara López, a 27.564 en 2015, último año de Gustavo Petro”, agregó.

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Según Acero, sobre los programas que pretenden pagar mensualidades a los jóvenes para que salgan de la criminalidad o que incluso nunca entren, es necesario que estos se vinculen con otras acciones de entidades externas para que se les haga seguimiento efectivo de si los jóvenes están estudiando o trabajando.

“El programa es exitoso si se cuenta con el apoyo de instituciones regionales y no consignando recursos desde el Gobierno Nacional porque ese control lo deben ejercer las autoridades locales. Si eso no se da así, será muy difícil que este tipo de programas tenga buenos resultados”, aseguró Acero.

Sin embargo, el proyecto del ahora presidente Petro sí dejó un precedente en la política de jóvenes de Bogotá. Desde la llegada de la alcaldesa Claudia López se puso en marcha un programa, muy similar, denominado ‘Parceros por Bogotá’, que buscó ofrecer 500.000 pesos a cada joven entre los 18 y los 25 años que ni estudiaban ni trabajaban y que estaban en “inminente riesgo de caer en la criminalidad”. La estrategia de la actual istración se inició con un foco operativo en Suba, Usaquén, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

Ahora, este proyecto también incluye una corresponsabilidad de sus participantes. Cada miembro inscrito en el programa para poder ser acreedor del ‘subsidio’ debe realizar labores pedagógicas y actividades sociales en sus barrios y localidades.

"Para mí ingresar a Parceros significó una nueva oportunidad, volver a soñar, la esperanza de que esos sueños si se hacen realidad. No importa la edad, siempre se debe soñar. Ahora con Impulso Local espero tener más ingresos para poderme sostener mientras estudio con Jóvenes a la U, porque antes no tenía cómo acceder a la educación superior”, contó Leidy Espitia, beneficiaria del programa.

Desde que comenzó el 2023, el Distrito ha reportado más de 6.600 inscripciones al programa y aspira a que ingresen otros 3.000, completando así la meta de 10.000 personas vinculadas este año adicional.

“El programa ‘Parceros por Bogotá’ se fundamenta en el reconocimiento del potencial de los jóvenes, fortaleciendo sus capacidades para mejorar el tejido social de la ciudad. Por una parte, permitió a los participantes reorientar la construcción de su proyecto de vida con las herramientas pedagógicas adquiridas, así como el a las oportunidades académicas, laborales y de emprendimiento generadas”, explicó José David Riveros, secretario de Gobierno de la capital.

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Si bien no es posible vincular directamente los resultados de seguridad de la ciudad con este tipo de programas, lo cierto es que en 2021, año en el que se puso en marcha la primera versión de ‘Parceros por Bogotá’, los indicadores delictivos de la ciudad, particularmente en lo relacionado a hurtos que es donde los jóvenes más participan, no mostraron los mejores resultados.

Ahora, para 2022 el cuento fue diferente. Para el final de ese año, el primero en normalidad luego de la pandemia, todos los delitos de alto impacto en los que los jóvenes tenían mayor incidencia se redujeron. Por ejemplo, hurto a residencias, comercios, automotores y bicicletas cayeron entre el 4 y 15 por ciento comparado con 2021.

Dicen los expertos que esta fue la primera vez, después del covid, que se pudo medir con exactitud la criminalidad en Bogotá y donde se vieron los resultados, no solo de ‘Parceros por Bogotá’ sino de todas las estrategias de rescate social.

Afirma Acero que, aunque no se puede desconocer que este tipo de acciones pueden ayudar a prevenir que muchos jóvenes terminen en actividades delincuenciales y violentas o que algunos puedan salir de estas actividades y volver a estudiar o trabajar, tampoco hay que perder de vista que dependen de la correcta articulación con otros organismos distritales.

REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO