Las 8 peticiones en seguridad que le hizo Claudia López a Gustavo Petro

Hay resultados luego de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que se adelantó este miércoles en el Palacio Liévano. 

La reunión giró en torno a los temas más críticos de seguridad en Bogotá: homicidios, procesos de justicia, entre otros. 

Al final del encuentro, se dio a conocer que la alcaldesa de Bogotá le solicitó al presidente Petro ocho acciones claves para mejorar la seguridad de la ciudad.

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2. Cumplir el aumento del pie de fuerza que se había pactado con 1.500 policías en 2022 y 1.500 al cierre de 2023.

3.  Redefinir las metas de operación y eficacia de la Policía: menor homicidio, mayor desarme, mayor desarticulación y judicialización de bandas, menor denuncia de abuso y mayor confianza. 

5. Dar mensaje de urgencia al proyecto de justicia restaurativa y al de competencias carcelarias

6. Apoyar la labor de la Fiscalía con la asignación de más fiscales especializados e inversión en tecnología para la investigación.

7. Cofinanciación para los proyectos sociales de alto impacto, como renta básica para mujeres, ‘Parceros’, ‘Jóvenes a la U’', mejoramiento de vivienda y de barrios y el el sistema distrital de cuidado.

8. Informar sobre los avances de la estrategia de paz total. 

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Sobre las 7 p.m., la alcaldesa Claudia López recibió al presidente en el Palacio Liévano. 

"Bienvenido a su casa señor Presidente @petrogustavo! Un gusto tenerlo después de 7 años de nuevo en la Alcaldia Mayor de @Bogota. Gracias por convocar y presidir hoy el primer consejo de seguridad humana integral en nuestra ciudad, que nos permitirá mejorar y salir adelante", trinó López.

Petro fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015.

Frente al aumento de pie de fuerza, Petro aseguró:“vamos a aumentar el pie de fuerza de Bogotá. Le he dicho a las fuerzas que cuiden menos al gobierno y más a las ciudadanía. Les dije que debían reestructurarse”.

Y sobre Plan Desarme dijo: “Haremos un plan de desarme más eficaz no solo para Bogotá sino para todo el país”. Incluso, llegó a asegurar: “Pienso qué hay que eliminar los permisos especiales de armas”.

Aunque desde la Alcaldía fueron determinantes en que la seguridad de Bogotá no solo depende de la fuerza disponible de las estrategias de contención militar, sí reconocen que hay dos problemas graves que requieren mayor atención: la multicriminalidad nacional que migró a la capital y las falencias en la judicialización de los delincuentes.

“Esto no solo tiene que ver con un tema de fortalecimiento de la seguridad sino también con el fortalecimiento de los proyectos y medidas para combatir la pobreza y el hambre. Durante la reunión se planteó la continuación de una estrategia de seguridad muy robusta que ha mostrado buenos resultados, pero que se sabe que ahora tiene nuevos retos. Allí se centró la conversación, en el multicrimen y el tema de las falencias en el sistema de justicia que está dejando el 88 % de los capturados en libertad”, señaló una fuente informada.

En esa misma vía, la alcaldesa expuso que tan solo en el tiempo de pandemia se liberaron cerca de 29.000 criminales para lograr liberar cupo en las cárceles y se hacinaron las URI y estaciones, que en los últimos meses han reportado graves condiciones; entre esas, la fuga de presos con delicados prontuarios que ahora reinciden.

Según información que conoció este diario, durante el encuentro de mandatarios y ministros se estableció una ruta para poder mejorar la efectividad de la justicia en aspectos relacionados con la judicialiación de los capturados bien sea por orden judicial o en flagrancia. La alcaldesa le solicitó al ministro de Justicia, Néstor Osuna, una ley de judicialización de contravenciones (delitos de menor impacto social) con centro de segundas oportunidades y una ley de judicialización de bandas criminales con cárceles.

Y es que según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad y de la Alcaldía Mayor, de los 5.559 detenidos entre el 25 de enero –fecha de entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana– y el 29 de julio, 4.345 sujetos han sido dejados en libertad, lo cual quiere decir que el 88 por ciento de los delincuentes encuentran en las fallas judiciales una segunda oportunidad para delinquir, como lo señaló la alcaldesa.

Ese panorama de judicialización contrasta con los resultados que dan las autoridades en materia de capturas. Ayer, por ejemplo, asistió a la reunión el Fiscal General Francisco Barbosa y reportó que se han desarticulado 183 bandas en la ciudad que han dejado 477 capturados y 360 medidas de aseguramiento. “Significa un 80,53% de efectividad”, dijo.

Rafael Báez, experto en seguridad, va más allá y asegura que el sistema penal colombiano está contemplado para que esta situación se dé y varios delitos no conlleven una medida de aseguramiento, “de esta manera se puede alivianar el hacinamiento que hay en las URI, estaciones de policía, penitenciarias y cárceles, que en algunas ocasiones llega hasta el 500 o 700 por ciento”.

Pero explicó también que el problema es más profundo y que tiene su raíz en la política criminal colombiana que ha hecho de algunos delitos del común querellables, es decir, que deben ser denunciados para poder ser juzgados, lo que pone de manifiesto “la baja cultura ciudadana de la denuncia, que impacta en la baja judicialización y retención de los delincuentes”.

Así las cosas, la alcaldesa les planteó a los ministros y al presidente Petro que se estableciera un trabajo conjunto de propuestas e ideas para enfrentar la crisis de la ciudad y que no se dejara de lado el plan de seguridad que se trazó desde hace un año y que incluye cinco ejes fundamentales: primero, poner todas las capacidades del Distrito para mejorar el empleo; luego, establecer planes para recuperar a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, fortalecer el esquema de entornos seguros de Bogotá, aumentar el pie de fuerza y los patrullajes mixtos y, por último y el más grave, un paquete de reformas para poder destrabar el sistema judicial.

Finalmente, durante su intervención al final del encuentro con el presidente Petro, la mandataria distrital fue enfática en decir: “Bogotá es la capital más pacífica del país. Aquí nadie tiene el control territorial y no tenemos que pedirle permiso a nadie para moverlos por la ciudad. Sabemos qué hay zonas difíciles que requieren acompañamiento y trabajo de inteligencia”.

Sin embargo, hay quienes piensan que la clave para superar los retos en materia de seguridad en la ciudad está en el aumento de pie de fuerza y en una relación estable entre los gobiernos.

Para Néstor Rosanía, investigador y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, lo que se espera luego de las peticiones de la alcaldesa al Presidente es que se dé un aumento del pie de fuerza y de la inteligencia en Bogotá.

Según Rosanía, “la Policía está un paso atrás en la cartografía de la criminalidad en Bogotá y es necesario aumentar el pie de fuerza para poder identificar el fenómeno”. En sus palabras, es necesario establecer una estrategia integral que se fundamente en la investigación.

EL TIEMPO