Han pasado dos años desde que el capitán de la Policía Manuel Cubillos disparó el proyectil que impactó en la cabeza del joven estudiante de 18 años Dilan Cruz, en medio de las manifestaciones del paro nacional de 2019.
Pese a que hay una investigación en curso sobre los hechos ocurridos la tarde del 23 de noviembre de 2019 sobre la avenida Jiménez con carrera 4.ª, la justicia colombiana no ha podido esclarecer la situación y el caso ha dado tumbos entre la Justicia Penal Militar y la justicia ordinaria sin mostrar luz verde sobre su resolución.
Pero ¿cómo va la investigación de la muerte de Dilan en el ámbito judicial tras estos dos años? El pasado 18 de junio de este año, la Corte Constitucional resolvió que la investigación debía ser asumida por la Fiscalía General y no por la Justicia Penal Militar, como lo había considerado la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en su momento dijo que el hecho se había presentado en medio de una situación de servicio del uniformado.
Sin embargo, ante esta decisión la familia de Cruz presentó una acción de tutela que argumentaba que era imposible que los policías juzgaran a los mismos policías o ‘colegas’, como lo alegó Denis Cruz, hermana de la víctima.
Ante esto, la Corte Constitucional regresó el caso a las manos de la Fiscalía, pues, según la corporación, no era clara la evidencia que demostrara que el disparo se había dado como parte de un procedimiento oficial en medio del servicio del agente del Esmad.
Por otro lado, la Procuraduría ha mantenido bajo investigación a Cubillos desde el año de los hechos. Sin embargo, el uniformado ha alegado que las diferentes instancias judiciales han vulnerado sus derechos a la defensa y el debido proceso. Pese a ello, en 2020, el Juzgado Penal para Adolescentes de Bogotá le negó sus peticiones y, en febrero de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó dicha decisión.
Así las cosas, el pasado 4 de octubre la Fiscalía recibió el traslado del proceso y de todo el material recopilado desde la Justicia Penal Militar y asignó a la Fiscalía 298 de la Unidad de Vida continuar con la etapa correspondiente a la investigación.
Aunque la Fiscalía General reveló que desde que está a cargo de la investigación se han recolectado 28 testimonios, 27 pruebas documentales, tres periciales y se adelantan tres solicitudes probatorias sobre el acusado, Denis Cruz, hermana de Dilan, dice que desde hace dos años, cuando mataron a su hermano, “no se ha visto una sola gota de justicia por el asesinato de él”.
Por su lado, Fernando Rodríguez Kekhan, abogado de la familia Cruz, solicitó el pasado 4 de noviembre ante el fiscal general que el caso fuera reasignado a un fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
A la espera de una respuesta del ente investigador, tanto los familiares como la ciudadanía han conmemorado los dos años de la muerte de Dilan pidiéndole a la justicia colombiana celeridad en el proceso en contra del hombre que, presuntamente, disparó para acabar con la vida del manifestante.