Las jugadas del operador del relleno sanitario para quedarse en Doña Juana

En dos años se espera que termine la vida útil de la celda donde funciona el relleno sanitario Doña Juana y, por tanto, la concesión de la operación, a cargo de la firma CGR (Centro de Gerenciamiento de Residuos). Sin embargo, la proximidad de la fecha de clausura es ahora la causa de nuevas tensiones del operador con la Uaesp (Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos) y el Distrito.

De hecho, ayer, durante una audiencia en el Tribunal istrativo de Cundinamarca, se conoció que CGR había presentado un memorial en el que plantea “un posible desacato” a la sentencia del río Bogotá con el decreto 555 del 29 de diciembre de 2021, por medio del cual se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Reverdecer a Bogotá 2022-2035, y asegura que se “pone en riesgo la disposición de residuos”.

Con dicho recurso el operador busca que se suspenda de manera provisional el artículo 192 de la norma, que establece, entre otras cosas, que el predio Doña Juana, que cubre un área de 695 hectáreas, dentro de las cuales está el terreno de 77 hectáreas entregado en 2010 en concesión para la disposición de basuras mediante el modelo de relleno sanitario (enterramiento en celdas) y el tratamiento de lixiviados, se convierte en un parque de innovación, en el que se da apertura a otras tecnologías para el manejo de los residuos sólidos.

El artículo hace, además, una distribución de las zonas para esas diferentes actividades y fija una área llamada “polígono de interés”, ubicado cerca de donde hoy se realiza la disposición de residuos sólidos.

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Con base en dicho memorial, la magistrada Nelly Villamizar abrió un incidente y convocó a audiencias para escuchar a las partes. Ayer, precisamente, se cumplió la primera parte de la audiencia, en la cual el operador puso en duda la capacidad de la nueva zona, dijo que solo alcanzará para un periodo de 4,5 años y se atrevió a señalar que podía pasar lo mismo que con el Carrasco en Bucaramanga.

El concesionario también cuestionó el modelo de termovalorización, que viene siendo utilizado por diferentes ciudades de Europa y Asia y que ahora la Alcaldía Mayor quiere desarrollar en Bogotá. Esa tecnología permite convertir la basura en materia prima para generar energía eléctrica.

Con esta alternativa de manejo de los residuos sólidos no se acaba de tajo la disposición por enterramiento, que además se necesita para la concesión de biogás –que extrae los gases de las celdas de basura en el relleno Doña Juana– y va hasta 2041.

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En la misma audiencia, la alcaldesa Claudia López se despachó contra el operador CGR y le lanzó duros cuestionamientos. Los señaló de estar “mintiendo” y de querer “inducir a un error” a la magistrada.

La mandataria, exhibiendo fotografías de vertimientos al río Tunjuelo, recordó que es el concesionario quien ha incumplido la sentencia del río Bogotá (expedida en 2014 en primera instancia por el Tribunal istrativo de Cundinamarca y confirmada luego por el Consejo de Estado), que busca la descontaminación de sus aguas a través de una serie de medidas, al vertir los lixiviados a las fuentes de agua, los cuales van a caer más adelante al río Bogotá.

En efecto, en 2018, el concesionario, en un laudo arbitral promovido por él mismo tres años atrás, fue sancionado y obligado a realizar una serie de actividades, entre ellas la optimización de la planta de lixiviados, por valor de 150.000 millones de pesos. También debió pagarle una multa por 2.172 millones a la Uaesp.

Esos incumplimientos, según documentos de la interventoría y de la Personería de Bogotá conocidos por EL TIEMPO, siguieron presentándose mucho después del fallo del tribunal de arbitramento. Eso también se lo confirmó a este diario el organismo encargado de garantizar la prestación del servicio de aseo y la disposición final en la ciudad.

De hecho, en la actual istración distrital, la Uaesp le ha abierto 13 procesos por esos incumplimientos al operador. Sin embargo, por orden de un nuevo tribunal de arbitramento, la entidad debió suspenderlos.

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“El principal impacto ambiental que trae el relleno Doña Juana al río Bogotá es la afectación que se hace por vertimientos de lixiviados al río Tunjuelo, que terminan, desafortunadamente, en el río Bogotá. Esa afectación ambiental es responsabilidad del operador, que no mencionó por un minuto lo que tenía que hablar, y es que el impacto del relleno, de esa operación que ha hecho en Doña Juana, ha sido el sistemático tratamiento de lixiviados que terminan en el río Tunjuelo y afectan al río Bogotá”, aseguró López.

La mandataria afirmó igualmente que los parámetros de cumplimiento del tratamiento “nunca han sido superiores al 58 por ciento” y precisó que hoy existe un 42 por ciento de incumplimiento.

Por esas misma fallas en el tratamiento de lixiviados, la alcaldesa aseguró que CGR “no tiene ninguna autoridad ni moral, ni jurídica, ni técnica para venir a hablar del adecuado manejo de residuos sólidos ni de tecnologías”, y señaló que tiene un conflicto de intereses al intentar poner en duda una tecnología que es utilizada en muchas ciudades del mundo, la termovalorización, “cuando no han sabido operar la propia”.

Pero más allá de la audiencia en el Tribunal, lo cierto es que Centro de Gerenciamiento de Residuos ha dicho que realizó un estudio de impacto ambiental –que no fue autorizado por la Uaesp y cuyo costo supuestamente se habría cargado a tarifas–, con el fin de, en una segunda fase, ampliar el polígono de disposición de residuos de 50,03 hectáreas a 123,53 hectáreas, según un documento de la interventoría de octubre de 2020.

En dicho documento también se señala que CGR pretende la “inclusión” de dos polígonos adicionales: uno de 9,08 hectáreas para la ampliación de la capacidad de almacenamiento de lixiviados y acopio de materiales, y otro de 29,91 hectáreas para la planta de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, el proyecto de tratamiento de biosólidos y las nuevas celdas de lodos y seguridad para los residuos hospitalarios.

El estudio sería con el fin de tramitar una nueva modificación de la licencia ambiental de 2000 (que ya fue modificado en 2014, como lo permitía el contrato) y, de paso, continuar con la disposición final de residuos mediante el modelo de relleno sanitario en otra área del gran terreno Doña Juana, que es de propiedad del Distrito Capital.

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No obstante, según conoció este diario, la interventoría le ha advertido al operador que es la Uaesp la que “tiene la potestad de adelantar el trámite ante la autoridad ambiental de la solicitud de modificación de la licencia ambiental” para el nuevo modelo de gestión de residuos sólidos.

Y en cuanto a que CGR pueda continuar con la operación, una vez se cope la capacidad del relleno, esto no es posible, según la Unidad istrativa, sin que previamente se haga una nueva licitación, como lo exige el estatuto de contratación.

EL TIEMPO intentó en varias ocasiones obtener una respuesta de CGR sobre por qué realizó el estudio de impacto ambiental, quién había asumido el costo del mismo y su pretensión de continuar con la disposición de las basuras en Doña Juana. Sin embargo, y a pesar de que se le enviaron mensajes, incluso preguntas al representante legal, al cierre de esta edición no había contestado.

Pero eso no es todo. A la vez que intenta la suspensión del artículo 192 del Plan de Ordenamiento Territorial, el concesionario del relleno culpa al Distrito de no haber podido contar con los recursos suficientes, vía tarifa, para adelantar las actividades que le ordenó el laudo arbitral de 2018. Por eso pretende ahora que la ciudad le pague cerca de un billón de pesos en un nuevo tribunal de arbitramento.

Además de los derrumbes que se han presentado en el relleno sanitario Doña Juana, ocurridos en 1997, 2017 y 2020, la disposición mediante el enterramiento en celdas afecta al río Tunjuelo, afluente del río Bogotá, por el vertimiento de lixiviados sin el cumplimiento de los parámetros (cumple apenas con el 58 por ciento).

Ese modelo de disposición también tiene impacto en comunidades de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, por los olores ofensivos que produce y la generación mosquitos y roedores.

Igualmente, según los expertos, produce emisiones de efecto invernadero superiores a cualquier otra tecnología y que están contaminando el aire de la ciudad, y son causantes también del cambio climático.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24