Las caras de la tragedia en que un conductor y tres emberás fallecieron

Ermilda Tunay Sintua, el bebé que esperaba y su pequeña hija Sara Camila García Tunay, e Hildebrando Rivera Gantiva son las caras de una tragedia que hoy enluta a dos familias, pero al mismo tiempo, víctimas de dos situaciones que las autoridades no han logrado controlar: los casos de justicia por mano propia y la ocupación del parque Nacional por indígenas.

(Además: Claudia López pidió acción de la Unidad de Víctimas en caso de los emberás).

La tragedia humana tiene como uno de sus protagonistas a Rivera, oriundo de Guasca y padre de tres hijos. “Era muy unido a la familia y le gustaba la rumba. Todos en el pueblo lo conocían como una persona muy trabajadora; de hecho, gran parte de su vida fue empleado de la alcaldía del municipio, por eso lo querían tanto, por ese motivo su partida duele tanto”, dijo Yésica Rivera, sobrina de Hildebrando.

La noche del 25 de enero, Hildebrando conducía un camión de basura por la vía Funza-Cota. El hombre de 60 años se dirigía hacia el municipio de Guasca tras pasar la tarde en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, donde la empresa Ecosiecha, para la que trabajaba desde el 2020, dispone los residuos.

En ese mismo instante, Ermilda, quien cargaba a su hija Sara Camila, de 19 meses, en la espalda y a su segundo bebé en su vientre, cruzaba esta avenida con el objetivo de tomar la carretera de dos kilómetros que conduce a la UPI La Florida. Minutos antes había descendido de una flota, que abordó en el centro comercial Portal 80, donde se rebuscaba la vida.

“Ellas tenían que salir a buscar dinero porque aquí no están garantizados los alimentos. Acá las mujeres tienen que buscar la plata para sostener a sus hijos”, dijo Claudia Yoseli, una líder indígena.

Ermilda llevaba cerca de dos meses en este espacio, al que llegó de manera voluntaria tras pasar varios días en el parque Nacional, donde desde hace cuatro meses también se vive una tragedia. Comunidades indígenas, que han llegado de Risaralda y Chocó a la capital huyendo del conflicto y en busca de oportunidades, terminaron asentadas en ese espacio icónico de la ciudad, del cual se han resistido a salir, y han puesto en una encrucijada a entidades del Distrito y la Nación (ver nota anexa).

El choque que les quitó la vida a las integrantes de la comunidad emberá katío ocurrió a las 8:30 p. m. frente al letrero de la zona franca Intexzona, en un sector que carece de iluminación y donde la visibilidad es baja. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron porque el conductor no vio a la mujer.

“Él me llamó, cuando contesté escuché mucho ruido, yo no le entendía bien. Su voz era de desesperación, pero alcancé a oír algo: ‘Don Mario, estoy en el camión y no me dejan bajar. Se me atravesó un muchacho, yo no lo vi porque todo estaba muy oscuro. Estoy en la vía de Funza’ ”, relató Mario Calderón, gerente de la Empresa de Acueducto de Guasca, quien fue la primera persona en tener o con Rivera.

Tras lo sucedido, un grupo de indígenas que se encontraban en el albergue y que llegó hasta el lugar para auxiliar a la mujer y la niña, arremetió contra el conductor y el camión. “Uy, Dios mío, acabaron con el carro, tuve un accidente. Dios mío, van a acabar el carro. Ayúdenme”, dijo Hildebrando en un audio que compartió por WhatsApp.

(Siga leyendo: ¿Hubo negligencia en muerte de conductor linchado por indígenas?).

En varias grabaciones difundidas en redes sociales se ven los momentos posteriores a este mensaje. Varios hombres golpean con palos y piedras a Hildebrando, quien no pudo defenderse ante la violenta turba. A las 9:46 p. m. ingresó al servicio de urgencias del hospital de Engativá, donde falleció.

De acuerdo con Ricardo Rodríguez, cuñado de Rivera, uno de los motivos por los cuales Hildebrando pudo haber tomado la decisión de bajarse del camión fue notar la presencia de las autoridades. “Creo que él se confió, Hilde pensó que la Policía iba a tranquilizar la situación, pero no fue así. Sin embargo, eso no excusa el comportamiento de los indígenas”.

Esta situación generó el rechazo de las autoridades y abrió un nuevo debate sobre la justicia por mano propia, un fenómeno que según los expertos sigue sin ser atendido por las autoridades.

“En primer lugar, acá no hay una condena penal ni una sanción social o moral frente al linchamiento. Los medios de comunicación, las iglesias y las universidades seguramente hacen alguna alusión al respecto, pero parece que hay una suerte de consenso para justificar en ciertos casos este ejercicio del homicidio colectivo”, explicó Rosembert Ariza Santamaría, profesor de la Universidad Nacional y doctor en Sociología Jurídica.

Según Ariza, estos comportamientos están ligados a una reacción poco eficiente de las autoridades y a la legitimación de este tipo de acciones. “Este comportamiento no es una práctica propiamente de ellos, esto se ve en cualquier lugar de Colombia; por tanto, es un problema de la sociedad. No hay nada que justifique quitarle la vida a otra persona y es algo que no está construido socialmente, además, tampoco hay una política pública en esta materia”, dijo.

Al respecto, habló Sebastián Rivera, hijo del conductor. “Para qué tomar la justicia por mano propia si ahí ya estaban las autoridades. En el audio que él envió se escucha que jamás intentó huir”, indicó.

Mariano Campo, líder de la comunidad en la UPI La Florida, por su parte, aseguró que “la familia de ella (de Ermilda Tunay Sintua) lo hizo por el dolor profundo de lo que pasó. Para ellos, lo que ocurrió fue un acto de irrespeto”.

Felipe Fernández, abogado experto en reducción de violencia y seguridad ciudadana, también se refirió al caso. “Sin duda, la indignación social, la sensación de inseguridad, el punitivismo, la cuestión del ajusticiamiento por mano propia y las otras formas de vigilantismo tienen algo en común: son efectos indirectos e indeseados de la sociedad sobre la respuesta institucional al fenómeno del crimen. En esta misma vía, factores como la deshumanización del delincuente empiezan a convertirse en un problema de doble vía”.

“El derecho a la vida es inviolable, y cualquier acto de justicia por propia mano debe ser rechazado y sancionado. Las autoridades deben proceder conforme a lo estipulado en la Constitución y la ley”, indicó Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad.

Las autoridades asumieron la investigación de ambos casos. Por un lado, la Policía de Carreteras hizo una recolección de pruebas en la zona del accidente y efectuó varias entrevistas a testigos del hecho con el objetivo de esclarecer las causas del siniestro vial. Asimismo, la Fiscalía asignó a un grupo especializado de funcionarios para que adelanten las investigaciones por el caso de justicia por mano propia que ocasionó la muerte del conductor del camión.

(Lea también: El linchamiento que reabre el debate sobre la justicia por mano propia).

Han pasado 124 días desde que 1.300 indígenas, en su mayoría emberás, se asentaron en el parque Nacional exigiendo una solución digna de vivienda y garantías para su comunidad. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, les ofrecieron hasta cinco espacios en diferentes sectores, pero no aceptaron ninguno.

Ante esta situación, la Secretaría de Gobierno y otras entidades del Distrito establecieron una mesa de diálogo con líderes y representantes de la comunidad para darles alternativas de reubicación temporal y el retorno a sus territorios en Bagadó, en Chocó, y Pueblo Rico y Mistrato, en Risaralda.

No obstante, de la comunidad han sido renuentes a los ofrecimientos de la istración distrital. De hecho, tras una audiencia de recuperación del espacio público en el parque Nacional a mediados de octubre, dos funcionarios de la Secretaría de Gobierno fueron golpeados y expulsados de la zona.

Para noviembre de 2021, la Personería de Bogotá informó que 290 menores emberá estaban en condición de riesgo, y para el día 28 de ese mes un niño de tres años falleció por falta de asistencia médica. Por este motivo, el 14 de diciembre el ente de control interpuso una tutela contra el Distrito y cinco entidades más, para que en un plazo no mayor a diez días se tomaran acciones certeras para brindar medidas de atención y asistencia humanitaria integral.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, les ofrecieron hasta cinco espacios en diferentes sectores de la capital, pero no aceptaron ninguno. Además, que en este momento se encuentran atentos a un nuevo pronunciamiento del juez, al cual ya notificaron sobre la negativa.

"Llevamos días diciéndole a la alcaldesa que no nos vamos a mover hasta que no nos garanticen una solución de vivienda digna. Si nosotros aceptamos movernos para el lugar que ellos nos ofrecen, en un año nuevamente vamos a tener los mismos problemas", señaló Rafael Arbeláez, representante del pueblo cubeo del Vaupés.

El jueves, en un consejo de seguridad en Engativá, la alcaldesa Claudia López les hizo un llamado al Ministerio de Defensa y a la Unidad para las Víctimas. “El accidente es doloroso, pero es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera en Funza, deberían estar en sus resguardos”, dijo.

Según Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, se ha logrado “llevar a más de 327 familias en el año 2021, unas 1.200 personas con todos los componentes de seguridad, dignidad y voluntariedad”.

Un día después, López; el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, y representantes de la Defensoría del Pueblo, la Personería y el ICBF se reunieron en un PMU en el cual se acordó, entre otros puntos, adelantar un proceso de caracterización de las personas que permanecen en el parque Nacional y en la UPI La Florida.

No obstante, Baena dijo que no es viable registrar y reubicar comunidades indígenas en la ciudad, bajo ninguna condición. “Queremos dar claridad de que ni en Bogotá ni en el Ministerio del Interior hay registro que acredite un cabildo o un resguardo en la ciudad, en cabeza de los pueblos indígenas emberás, y que sus autoridades están registradas en Chocó, Antioquia y Risaralda”.

REDACCIÓN BOGOTÁ