Mauricio Castañeda se disponía a acompañar a su mamá a un control médico en una clínica que queda a menos de tres cuadras de su casa. Para llegar debía pasar por un puente peatonal, pero este se encontraba sin una lámina metálica y con unas tablas de madera improvisadas que permitían el paso para los demás peatones, pero no soportaban el peso de la silla de ruedas con la cual se moviliza.
La solución para este obstáculo fue pedir un servicio de carro a través de una plataforma digital, pero antes de hacerlo Mauricio tomó una foto y confió en el poder de las redes sociales.
En su
cuenta de Twitter,
‘Mao sobre ruedas’, reportó que el puente peatonal de la NQS con av. de las Américas, frente a la Clínica Méderi, había daños. Su publicación llegó a tener cerca de 5.000 retuits y 15.000 ‘me gusta’.
“Se encuentra uno con unas barreras arquitectónicas y toca invadir la vía de los carros. Puede uno terminar atropellado”, dice. El peatón que no tiene movilidad reducida corre riesgos al pasar este tipo de puentes. Al acompañar a Mauricio a hacer sus reportes, una señora que estaba acompañada de un niño pasó uno de los bordes de la infraestructura a pesar de que podía haber caído al vacío.
Este tipo de situaciones han hecho que la ciudadanía le escriba a Castañeda sobre el estado de los puentes. Incluso ha creado comunidad con personas en condición de discapacidad que enfrentan este mismo problema, o madres cuidadoras que movilizan a sus hijos en coches.
Pero esta labor la había emprendido desde el 2008, cuando cursaba su especialización en istración pública. Como trabajo de grado optó por crear una acción popular en contra del Distrito en busca de garantizar los derechos al público de las personas en condición de discapacidad.
“Por fortuna, esa acción popular se falló a favor y le ordenó al Distrito que las rampas de las fases I, II y III de TransMilenio cumplieran con la normativa técnica establecida, con pendientes de inclinación de 12 grados”, dice. En esta sentencia, que fue ratificada por el Consejo de Estado, también se recomendó que las obras técnicas cumplan con la normativa técnica para personas con movilidad reducida.
Dice que después de este fallo, las rampas de la avenida Caracas cumplen la normativa técnica, pero los andenes, en su gran mayoría, no son amigables para el peatón.
Ahora, cuando su trabajo lo permite, sale desde su casa, cruza puentes, toma el transporte público y llega a la ubicación que le han indicado s de redes sociales. Se sitúa frente a los huecos que encuentra y pide que le tomen una foto, que luego circula por Twitter con etiquetas a las entidades públicas encargadas de istrar el espacio público y mantenimiento del inmobiliario de la ciudad.
Intervenciones
Mauricio dice que es gracias a la presión ciudadana como las instituciones distritales han hecho intervenciones. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha realizado cuatro arreglos en los puentes que él ha reportado.
Si bien algunas láminas se van deteriorando con el tiempo, en muchos puentes estas son robadas, lo que causa estas afectaciones a la ciudadanía. Según le reportó el IDU a este diario, se han reparado 31,5 metros cuadrados por este tipo de robos. Cada lámina, que corresponde a un metro cuadrado de un puente, tiene un costo de 627.000 pesos.
Otra entidad que se ha comunicado con él ha sido la Defensoría del Espacio Público (Dadep), para realizar campañas comunicativas sobre accesibilidad. La Secretaría de Movilidad expresó que le hace seguimiento a la implementación de flotas accesibles. A la fecha, el 56,8 por ciento del sistema tiene condiciones de accesibilidad, donde el transporte zonal tiene un avance del 33 por ciento.
“Paralelamente se vienen implementando el diseño, la construcción y el mantenimiento de andenes, pasos seguros e infraestructura peatonal y de soporte al transporte, con criterios de diseño universal en la ciudad”, indicaron en Movilidad.
Una ciudad más accesible
Germán Sarmiento, activista y creador del proyecto ‘Cebras por la vida’, dice que si la ciudad es difícil para el peatón que no tiene ninguna discapacidad, para esta población existen más obstáculos. Sostiene que una de las imágenes que pueden describirlo es ver a personas en silla de ruedas andar por las vías vehiculares.
Y así le pasa a Mauricio. Aunque él cuenta con un carro propio para movilizarse, prefiere tomar el transporte público porque lo ve como un método más amigable y sostenible con el medioambiente. Sus recorridos hacia las estaciones de TransMilenio no los hace sobre el andén como cualquier peatón porque no hay suficientes rampas, están dañadas o se encuentra con vehículos mal estacionados.
El
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se discute actualmente tiene contemplado dejar como actor vial principal al peatón. Sarmiento explica que este tipo de acciones son valiosas porque allí también se establecen lineamientos para incluir a la
población más vulnerable, como personas en condición de discapacidad, niños y adultos mayores.
“Cuando una ciudad se diseña pensada para este tipo de población, nos va bien a todos”, dice Sarmiento. Esta tarea por una mayor inclusión en el espacio público es una unión de esfuerzos. Sonia Verswyvel diseñó desde hace 15 años un manual para hacer obras inclusivas.
“Quedé en silla de ruedas de la noche a la mañana y al tratar de salir de mi casa me encuentro con que las puertas son muy angostas. Al salir a la calle no hay rampas, y si las hay, son muy empinadas”, narra. A partir de ese momento empezó a indagar los estándares técnicos que manejaban países como Estados Unidos, Canadá y Naciones Unidas, y construyó una guía para arquitectos que hoy está publicada en la página web
www.unaciudadparatodos.com.
Sonia comenta que ha habido avances en la capital respecto a accesibilidad porque cada vez hay más personas que experimentan esta condición y hay más sensibilización.
Explica que lo más importante para diseños inclusivos es pensar en la independencia y autonomía porque las personas en condición de discapacidad deben tener el derecho a movilizarse sin la ayuda de otras personas.
“Hay que crear conciencia y hacer las cosas bien para que las personas las puedan usar, y no cumplir únicamente por temor a multas. Hacerlas porque conviene económicamente que las personas en condición de discapacidad puedan entrar en los negocios o participar en los eventos de la ciudad”, concluye.
GABRIEL GONZÁLEZ
EL TIEMPO