El motivo que llevó a la Alcaldía a denunciar al operador del relleno

Un nuevo capítulo se vivió ayer en el lío jurídico que tienen la Alcaldía de Bogotá y el operador del relleno sanitario Doña Juana. La alcaldesa Claudia López anunció una denuncia ante la Fiscalía contra el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) y acusó a esta firma de, supuestamente, haberse “embolsillado” recursos de los bogotanos.

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Las afirmaciones de la mandataria se dieron en una rueda de prensa en la que hizo varios señalamientos contra el concesionario. Como ya lo había hecho en junio, durante una audiencia en el Tribunal istrativo de Cundinamarca, la alcaldesa volvió a señalar que CGR “está incidiendo deliberadamente en el Tribunal” y que “ha pretendido engañar a las autoridades judiciales, con información falsa, dada, en nuestra opinión de mala fe, para evadir su responsabilidad”.

El fuerte pronunciamiento es porque, según afirmó, los bogotanos le han pagado al operador, vía tarifa, la parte correspondiente para la construcción de una planta de tratamiento de lixiviados que son producidos en la disposición de residuos sólidos y el adecuado manejo de estos. No obstante, insistió, estos líquidos se están vertiendo al río Tunjuelo, afluente del río Bogotá, sin cumplir todos los parámetros.

“CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados en el relleno Doña Juana durante 4 años”, afirmó la alcaldesa, quien precisó que “no cumple ni siquiera el 50 por ciento de los estándares”.

Al ser ado por este diario, el representante legal del consorcio CGR, Mauricio Bernal, respondió que “es política de la empresa no dar declaraciones ni participar en polémicas públicas” y envió un comunicado en el que señala que CGR “acudirá a las instancias judiciales pertinentes para ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas correspondientes, pero se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales que a bien tenga para defender su derecho al buen nombre y a la honra”.

Y agrega que “reitera la invitación a la istración para revisar conjuntamente los avances relacionados en el tratamiento de lixiviados hasta la fecha, en los que se evidencia el cumplimiento del objeto contractual”.

La pelea entre CGR y el Distrito no es nueva. Desde diciembre de 2019, la Uaesp (Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos ) y CGR conformaron un tribunal de arbitramento para dirimir una billonaria demanda en la que el operador le reclama al Distrito no haber podido contar con los recursos suficientes, vía tarifa, para adelantar las actividades que le ordenó un laudo arbitral de 2018, donde resultó sancionado. Entre las obras que debía adelantar -que en total ascienden a 150.000 millones de pesos- está la planta de tratamiento de lixiviados.

El concesionario, igualmente, presentó un memorial ante el Tribunal de Cundinamarca por un posible desacato a la sentencia del río Bogotá con el decreto 555 de 2021, mediante el cual se expidió el POT 2022 - 2035 y que se encuentra suspendido por orden del Juzgado Quinto istrativo del Circuito Oral de Bogotá. Con dicho recurso el operador busca que se suspenda el artículo 192 de la norma que establece, entre otras cosas, que el predio Doña Juana se convierte en un parque de innovación, en el que se da apertura a otras tecnologías para el manejo de residuos sólidos, y hace una distribución de las zonas para esas diferentes actividades.

En su pronunciamiento, Claudia López también señaló que además de la denuncia contra CGR -que fue puesta ayer por la Uaesp-, le pedía a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que las decisiones a futuro del tribunal arbitramento “se rijan a derecho y sean tribunales imparciales e independientes”. Argumentó que dicho tribunal les “impide” adelantar un proceso sancionatorio por incumplimientos del concesionario del relleno.

Ante esto, la CCB le respondió a la mandataria, también en un comunicado, señalando que a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación “no participó en la designación de árbitros de este tribunal” y que eso lo hicieron de mutuo acuerdo la Uaesp y CRG. “El rol de la CCB es servir a la comunidad empresarial proveyendo su andamiaje institucional e infraestructura para el funcionamiento de espacios de arbitraje y resolución de conflictos (...) La CCB no es quien asume la función de istrar justicia”, señala la Cámara.

La mandataria, finalmente, anunció que iba a pedirle al Gobierno nacional que apoye a la alcaldía a enfrentar esta situación y “a garantizar que no haya más abusos por parte de CGR “, y aseguró que el tema ya lo había tratado con el presidente electo y que este le “manifestó que apoyará a la alcaldía en esta batalla jurídica para garantizar que no haya ni corrupción ni abuso”.

GUILLERMO REINOSO 

EDITOR BOGOTÁ