Expertos proponen frenar la regulación de las tarifas de parqueaderos en Bogotá, ¿por qué?

(También: El Concejo de Bogotá aprobó, en primer debate, el cobro del impuesto al servicio de alumbrado público)

Desde hace 18 años, gracias al Decreto 115 de 2006, la Secretaría de Movilidad se encarga cada año de establecer los precios máximos de los estacionamientos en Bogotá. Para 2024, por ejemplo, la tarifa es de 163 pesos por minuto para vehículos particulares y 114 pesos por minuto para motocicletas.

Si bien se ha argumentado que esta regulación busca precios justos para los ciudadanos que utilizan el servicio de parqueo, tanto los expertos como el mismo gremio indican que ha afectado la rentabilidad de estos negocios.

Según Fernando Dueñas, representante de la Asociación Colombiana de Parqueaderos (Acoparq), el establecimiento de tarifas máximas “no permite el reconocimiento de la libre empresa” e implica “una indebida intervención estatal en la economía y actividades privadas”.

En esto coincidió Darío Hidalgo, experto en movilidad que hace parte de la mesa de ProBogotá, quien afirmó que “cuando le ponen un techo al precio de estacionamiento y un predio tiene un uso alternativo que genera más ingresos, es muy probable que el dueño opte por cerrar el parqueadero”.

Dicha regulación también está relacionada con la sobretasa en la tarifa de los parqueaderos que inicialmente se planteó en el Plan Distrital de Desarrollo, la cual era del 17 por ciento. No obstante, la propuesta se descartó en el primer debate del Concejo sobre el tema.

“Era un impuesto rarísimo porque la gran mayoría parquea en sus respectivas empresas, en la calle, en antejardínes, etc. La gente que realmente paga parqueadero público formal es menos del 14 por ciento de los propietarios de vehículos, estamos hablando de unos 140.000 carros al día”, explicó Eduardo Bayón, experto y exrepresentante de Acoparq.

Por otro lado, el concejal Juan Baena, del Nuevo Liberalismo, radicó una proposición para establecer en el Plan un régimen de libertad regulada, en el cual se mantenga un precio máximo, pero se aseguren los criterios de libre competencia. “Hoy el tope no se hace con criterios integrales y eso ha distorsionado el mercado. Tenemos un problema de informalidad desbordado”, indicó el cabildante para EL TIEMPO.

Agregó que se trata de “un modelo tradicional de regulación de servicios públicos bajo una metodología que pueda actualizarse y no se pierda la base de recaudo que necesitamos”.

Al respecto, Dueñas dijo que “si la libertad regulada se reglamenta sin condiciones ni ataduras, habrá crecimiento de la industria por inversión en tecnología, se incrementará el recaudo para la ciudad y se contribuirá a la caótica movilidad vehicular de Bogotá”.

El principal problema que se piensa atacar es el de la informalidad. De acuerdo con el inventario de 2024 de la Secretaría Distrital de Gobierno, existen 2.339 parqueaderos en Bogotá. Sin embargo, según Baena y el gremio, existirían al menos 1.000 más, y menos del 30 por ciento estarían inscritos en la Cámara de Comercio.

El concejal del Nuevo Liberalismo indicó que, basado en la respuesta que le dio la Secretaría de Hacienda, “hay 3.800 parqueaderos registrados y 700 pagan impuestos. Es decir, un margen de informalidad del 72 por ciento”.

Esta marcada brecha estaría causada, principalmente, por la falta de control en el parqueo en las calles, una opción que eligen muchos ciudadanos porque puede resultar más económica. Sin embargo, el Distrito ha recalcado que no es legal, e incluso “les declaró la guerra” a los mal parqueados.

“La mayoría de negocios no le dan nada al Distrito y simplemente cobran, se necesita reforzar el control teniendo en cuenta el impacto de los carros parqueados en la vía. En París, por ejemplo, cambiaron toda la fórmula de cómo asignar los precios de parquear, y ahora estacionar una camioneta grande cuesta 225 euros”, aseguró Carlos Felipe Pardo, fundador de SabidurAI y urbanista que hace parte de la mesa de ProBogotá.

Es por esta razón que el concejal Julián Espinosa propone que la Secretaría de Gobierno cree un programa integral de acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de hacer seguimiento y generar controles efectivos a las actividades de los parqueaderos de la ciudad.

Los expertos dijeron, además, que se necesita mejorar el control de las zonas de parqueo pago, una iniciativa del Distrito que se creó en distintas vías de la ciudad como alternativa para financiar el transporte público, el cual tiene un déficit de tres billones de pesos. Allí, los ciudadanos pagan por estacionar por un tiempo determinado.

“A veces la gente parquea en frente de las zonas de parqueo pago y nadie les dice nada, no llegan grúas. El cargo entonces lo pagan los juiciosos y los hampones terminan liberándose de responsabilidad”, añadió Pardo.

Hidalgo, por su parte, afirmó que “resulta anacrónico que les pongan cepo a los que se pasan de tiempo, y además hay que pagar 120.000 pesos para quitárselo, pero al frente hay un carro estacionado ilegal y no le pasa nada”. 

La mesa de expertos propone entonces crear una política integral que no solo ayude a regular lo relacionado con la tarifa y la informalidad, sino que también genere estrategias más efectivas de control en cuanto al estacionamiento en la vía y ayude a determinar cuál es la demanda de parqueaderos en la ciudad.

“En este momento, uno puede parquear en muchos lugares en Bogotá, entonces hay que determinar una oferta que se controle, incluso con ayuda de los mismos ciudadanos, y que pueda responder a la demanda”, añadió Pardo.

El experto dijo que en el control de los vehículos mal parqueados y de los negocios informales se debe incluir a más actores de la sociedad. “No se trata de buscar más personas. Por ejemplo, hay un mecanismo que es social pero efectivo, y es que la gente misma sea la que informe a la Policía”.

Hidalgo, por su parte, dijo que desde la mesa se plantea estudiar si ha resultado ser beneficiosa la implementación de un número máximo de cupos en los parqueaderos de los desarrollos inmobiliarios, algo que incorporó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con el fin de incentivar modos de transporte más sostenibles.

“Es la tendencia en política pública en otros países. Sin embargo, para los desarrolladores inmobiliarios poner estacionamientos es lo que vende los apartamentos, entonces hay un debate de si realmente eso es bueno”, explicó.

Las zonas de parqueo en vía se implementaron hace un poco más de dos años, están presentes en 13 localidades y cuentan con 8.300 cupos. Si bien se crearon para disminuir el estacionamiento ilegal, uno de los principales cuestionamientos que han recibido es que hasta hace pocos meses no habían obtenido ganancias.

Sin embargo, la Terminal de Transporte, encargada de operar estos espacios, indicó que desde febrero de este año los ingresos comenzaron a cubrir la totalidad de los costos de operación. “Hemos recaudado 22.000 millones de pesos y se espera que a partir del 2026 se empiecen a transferir recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) de TransMilenio”, indicaron desde la entidad.

LAURA VALENTINA MERCADO
​REDACCIÓN BOGOTÁ