Las fallas que dejaron a Érika Aponte en manos de Christian Camilo Rincón

Los cinco disparos que sonaron en medio de la plazoleta del centro comercial Unicentro desataron el pánico entre los cientos de transeúntes que a las 5:10 de la tarde del 14 de mayo celebraban el día de la madre.

“Estoy necesitando apoyo de la Policía Nacional, ¡urgente! Apoyo de la Policía urgente en el centro comercial Unicentro”, así se escuchó el primer reporte que entró a los radios de los uniformados y en cuestión de segundos las redes estaban inundadas de videos y testimonios sobre lo que estaba ocurriendo en uno de los cafés del centro comercial.

(También puede leer: Presunto feminicidio en Unicentro: esto dice el centro comercial sobre los hechos)

Le disparó dos veces en la cabeza a ella y luego se disparó él. Sacó el arma de un maletín que llevaba”, señaló un testigo de los hechos. El hombre conocido como Christian Camilo Rincón habría ingresado por la puerta 3 de Unicentro, llamó a Erika Aponte, de 26 años y madre de un menor de 9, para que se vieran, y tras una discusión el hombre la ultimó sin mediar reparo, a plena luz del día y delante de todos los que rodeaban la escena. Él, su agresor, también era su expareja sentimental.

Los amigos más cercanos de Erika le dijeron a este diario que era una situación que se podía prevenir, que Erika puso el denuncio en múltiples ocasiones y que nadie le prestó la atención que ella y su hijo habían solicitado.

“Él la golpeaba, la trataba muy feo y siempre le decía que si lo dejaba él la iba a matar. Y apenas llevaban una semana separados. Ese hombre estaba loco, era de lo peor”, contó Camila Pinzón*, amiga cercana de la víctima.

Sin embargo, la alcaldesa López señaló que a Erika sí se le prestó la atención oportuna y que las entidades actuaron de manera inmediata entregando medidas de protección previstas.

“Todas actuaron inmediatamente y le ofrecieron las medidas de asistencia y protección previstas. Nadie actuó mal y, sin embargo, no logramos salvarla del machismo violento de su expareja”, señaló la mandataria.

La alcaldesa dijo que Érika recibió ayuda psicosocial y jurídica. Además, se le ofreció la opción de dirigirse a una Casa Refugio dispuesta por la Alcaldía. Sin embargo, López dijo que la víctima rechazó la opción porque "ya se había trasladado de la residencia que ella había compartido con sus suegros y con Christian, el padre de su hijo. Se había ido con su padre y su hermana al municipio de Soacha".

La Secretaría de la Mujer la orientó para que denunciara el hecho a través de la línea ‘Una llamada de vida’ de la Secretaría de Integración Social. Érika, atendiendo la recomendación, llamó a esta línea hacia las 9 de la mañana de ese jueves, e inmediatamente el caso pasó a la comisaría de familia de Soacha.

(Más: 'Alguna vez amenazó con matarme a mí': padre de Érika Aponte, asesinada en Unicentro)

No obstante, allegados de la víctima dicen que, por el contrario, algo falló en la ruta de atención, que si la hubieran escuchado a tiempo seguramente ella y su hijo estarían a salvo.

“Ella colocó la denuncia, pero en ningún momento a ella le dijeron que se fuera a un refugio. Obviamente, ella estaba con su papá, su hijo y su hermana, pero solamente le dijeron que cuando lo viera (al agresor), que llamara a la Policía”, aseguró Pinzón.

Pero las amenazas de Rincón no solo eran en contra de Erika, otros familiares también contaron que recibían hostigamientos por parte del victimario de la joven mujer y que incluso en una ocasión habría amenazado con matar al papá si ella lo dejaba.

En ese entonces, ella decidió dejar a su hijo al cuidado de los abuelos paternos e irse a vivir cerca de su papá, en Bosa, mientras encontraba un lugar donde poder establecerse de forma segura con el niño.

Por su lado, Pinzón señaló que la medida de protección que le habían dado a Erika no era suficiente y que a pesar de que el lugar de trabajo sabía de la situación familiar de la mujer y que el centro comercial estaba al tanto de la gravedad del peligro, nadie hizo nada más para protegerla.

“¿Cómo un hombre de estos entra armado al centro comercial y nadie lo requisa, nadie se da cuenta de lo que estaba a punto de hacer?”, insistió.

Pese a que los allegados a Erika son contundentes en decir que no se prestó la asistencia necesaria, lo cierto, es que los registros de la Personería dan cuenta de que sí hubo una comunicación de alerta el pasado jueves 11 de mayo en el que “se otorgaron medidas de protección provisionales, se solicitó acompañamiento y protección al Comando de Policía de Soacha y se trasladaron las medidas para que la Comisaría de dicho municipio definiera el asunto”.

Esta entidad le dio cuatro medidas de protección. La primera era pedirle a Rincón que cesara los actos de violencia contra ella; la segunda que cesara la instrumentalización de su hijo; la tercera que no podía acercarse a Erika ni a su hijo, y, por último, que no se acercara a su lugar de trabajo.

(Le puede interesar: Murió Christian Camilo Rincón, el hombre que asesinó a Érika Aponte en Unicentro)

Y aunque la aplicación del protocolo para estos casos sí fue verificada por las autoridades, expertos consultados por EL TIEMPO señalan que el tipo de medidas adoptadas en estos casos son “insuficientes o posteriores, no de reacción inmediata”.

Para Julián Amaya, juez civil municipal, cuando una mujer llega a pedir ayuda “las medidas que se le brindan no son inmediatas sino posteriores. Al no tener unas medidas que puedan garantizar a una persona su seguridad inmediatamente, la denunciante se va para su casa y puede ocurrir cualquier cosa”.

Con respecto a la orden de alejamiento que suele impartirse en este tipo de casos, Amaya explicó que “le comunican a la persona que no se puede acercar, pero más allá de ahí no pasa nada”.

Por otro lado, Camila Moreno, abogada experta en derecho de familia, aseguró que “la capital del país es privilegiada porque tiene una oferta institucional que no se ve en otras zonas del país, con Casas de la Mujer, Comisarías de Familia y la ‘línea de vida’ disponible las 24 horas del día”.

No obstante, este tipo de casos siguen teniendo desafíos, entre ellos, “la coordinación entre las diferentes entidades y sectores involucrados, ya que muchas mujeres salen devastadas de las comisarías y empeoran al dirigirse a las fiscalías. Como resultado, llegan a pensar que su situación no tiene remedio”.

La abogada, además, dijo que la violencia hacia la mujer “no es un problema individual, sino de comunidades. Es necesario generar más programas de prevención y concientización para eliminar la estigmatización asociada a la violencia intrafamiliar”.

Así las cosas, tanto los expertos como los testigos de los hechos señalan que este tipo de medidas no son suficientes y que, así se preste la atención necesaria, lo cierto es que las victimas igual quedan desprotegidas y nada impide que los agresores, que siguen en las calles, arremetan contras sus vidas.

El caso es que las circunstancias de esta historia volvieron a poner en evidencia las cifras detrás de estos repudiables crímenes. En lo que va del año se han registrado 12 casos de feminicidio. Una cifra más que alarmante, toda vez que un solo caso debía generar repudio y decisiones de fondo, pero siguen ocurriendo. Para el mismo periodo del año pasado se reportaron nueve.

Según la Fiscalía, todos los eventos de este año ya fueron esclarecidos. También señaló que en lo que va del año, en general, han fallecido 26 mujeres y que de ellas solo 12 cuentan con la tipificación de feminicidio. Este dato fue respaldado por la Personería, que hizo un llamado por el aumento de casos. No obstante, la cifra podría variar teniendo en cuenta que la clasificación de feminicidio solo entra al sistema una vez haya una decisión de un juez.

Del fatal hecho quedó un menor de 9 años huérfano. La pregunta es ¿qué va a pasar con él? EL TIEMPO consultó a expertos en la materia, quienes explicaron que el Icbf deberá entrar a hacer una evaluación de los derechos del menor a cargo de una defensora de familia, quien revisará las condiciones psicosociales, académicas, nutriciónales y familiares del menor para determinar si es necesario abrir un proceso de restablecimiento de derechos y si el niño deberá quedar en manos de sus abuelos paternos, como hasta ahora, o deberá ir a un hogar de paso.

También advierte el experto que como se trata de un caso de feminicidio, los padres de la víctima pueden pedir ante la Secretaría de la Mujer que se les reconozca como víctimas dentro del proceso y que se les conceda la custodia y tenencia del menor en cuestión. Esto solo puede pasar si las víctimas lo deciden y lo solicitan.

JONATHAN TORO ROMERO- LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Nombres cambiados

Recuerde que para denunciar violencias basadas en género puede comunicarse a las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

También puede hacerlo mediante la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Policía Nacional o marcando el 123.