Límite al área de la vivienda: ¿fin de los apartaestudios?

El límite de 36 metros cuadrados como área mínima para las viviendas nuevas que se construyan en la ciudad encendió el debate sobre el proyecto de Plan de Ordenamiento ‘Reverdecer a Bogotá 2022-2035’, que ya empezó su trámite en el Concejo distrital.

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Así lo establece el De verdad es tan difícil entender lo desproporcionada y anti técnica que es esta propuesta 🤷♀️ pic.twitter.com/AYkExo2Ff3— Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) September 30, 2021 ">artículo 384, que fija dicha área para todo tipo de vivienda –tanto vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) como no VIS, unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar–. La norma establece, además, que debe tener espacios mínimos como cocina, baño, dos cuartos y zona multifuncional para la reunión social, el trabajo y la actividad física.

En opinión del gremio de la construcción y concejales, ese artículo tendrá diversos impactos, de llegarse a aprobar tal y como está redactado. Uno de los efectos inmediatos sería que no se pueden volver a construir apartaestudios o microapartamentos en una ciudad donde ya se están vendiendo unidades de 17 y hasta de 15 metros cuadrados.

Esta restricción, según los críticos del polémico artículo, sería una intervención del Estado en un tema que debe estar regulado por el mercado y una decisión inédita en el país. Hasta ahora, no hay límites en cuanto al área para las viviendas VIS y VIP.

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“Lo que significa es que si este POT entra en vigencia, no se pueden construir apartamentos de una habitación en ningún estrato ni de ningún precio”, le dijo a EL TIEMPO Alejandro Callejas Aristizábal, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Sin embargo, durante un reciente debate en el Concejo, la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, afirmó que este es uno de los dilemas que se deben resolver en el POT y que el Concejo “está llamado a debatirlos”. Añadió que las viviendas especializadas, como, por ejemplo, para el adulto mayor o las residencias universitarias, donde se comparten servicios colectivos, “pueden localizarse en cualquier área de Bogotá, sin restricción”.

La Secretaría de Hábitat, en respuesta a este diario, señaló que “definir unas áreas mínimas para la vivienda es una responsabilidad pública, que sería un asunto a definir en un acuerdo de la ciudad como es el POT” y que se busca garantizar unos mínimos estándares que permitan que los hogares tengan mejores condiciones de vida. “El POT propende que los hogares con menores ingresos cuenten con viviendas accesibles con áreas adecuadas para estas familias”.

Callejas señaló también que dicho artículo es una “intervención inadecuada” del Distrito. “Cuando se establece un área mínima, inmediatamente se les está reduciendo la oferta de vivienda al 70 por ciento de personas y familias que hoy están comprando vivienda en Bogotá, y se las está condenando a vivir en los extramuros de la ciudad o por fuera de ellos. Eso atenta contra uno de los propósitos del POT, fomentar una ciudad de proximidad, de 30 minutos”, agregó.

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El dirigente del gremio de la construcción en la capital del país advirtió igualmente que la norma desconoce que el 44 por ciento de los hogares en la ciudad son unipersonales o lo conforman dos personas. “Los profesionales jóvenes la tendrán complicada para conformar su hogar. Ya no pueden encontrar vivienda pequeña de una sola habitación. Tendría que comprar un apartamento de dos habitaciones. Eso no tiene sentido”.

Pero, además, el artículo fue recibido con sorpresa, por cuanto no se encontraba en el documento socializado con la CAR y el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD). Apareció en la iniciativa radicada ante el cabildo distrital el 10 de septiembre por la istración Distrital. Por eso, la concejala Carolina Arbeláez lo calificó de “mico” y sostuvo que fue incluido luego de la socialización ante el CTPD.

Arbeláez, junto con otros cabildantes, rechazan que se establezcan límites al área de la vivienda, incluso la no VIS, y espacios mínimos. Dijo que esta medida va a llevar a que “la gente termine migrando hacia la sabana y se desincentive la construcción de vivienda”, lo que considera un contrasentido porque el POT les está apostando a más de 500.000 viviendas en 12 años. “El POT desconoce las condiciones sociales, demográficas y económicas de la ciudad. Es una prohibición absurda que se debe replantear”, insistió Arbeláez, quien agregó que era una intervención del Distrito en temas nacionales.

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Con esta opinión coincide el también concejal y ponente Pedro Julián López. “Muy bien por pensar en la construcción de vivienda, pero no puede ser punto de partida que los proyectos no van a tener cierre financiero. Las familias unipersonales vienen en ascenso y no pueden comprar una de menos metros porque lo dijo la istración”.

Con respecto al debate sobre si se debe o no limitar el área de la vivienda, Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, manifestó que la pregunta es: “¿Hasta qué punto podemos dejar que eso sea una decisión del mercado? ¿Hasta que lleguen apartamentos de 10 metros cuadrados?”. El experto también indicó que hay fenómenos como el coliving (viviendas con servicios compartidos en las áreas comunes) que están tomando fuerza, y que el POT no tiene presente y deben ser reglamentados.

Por su parte, Juan Guillermo Yunda, director de la maestría en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana, consideró que la vivienda no es un bien cuyo mercado se debe dejar a la libre oferta y demanda. “Debido a las características de este producto, que necesita construirse sobre un suelo servido por infraestructura que es muy escaso, su mercado tiene muchas fallas y es imperfecto”, y entonces el “Estado debe regularlo”.

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Recordó que cuando se formuló el POT vigente no era popular la vivienda de un solo espacio (aparta estudio), por lo cual no se consideró necesario regular un tamaño mínimo, pero que ese vacío ha sido aprovechado para generar microviviendas de hasta 15 metros cuadrados.

El Plan de Ordenamiento Territorial fue radicado el pasado 10 de septiembre por la istración Distrital ante el Concejo, que a partir de ese momento tiene 90 días para discutirlo, aprobarlo o negarlo. Este proceso comenzó el martes pasado con la presentación ante la Comisión del Plan y seguirá este sábado con socialización con la comunidad en el Teatro Servitá (calle 165 n.º 7-14). También están programados dos cabildos abiertos sobre el tema, para los días 12 y 19 de octubre.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

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EDITOR DE BOGOTÁ

REDACCIÓN EL TIEMPO