¿Por qué los jueces liberan a señalados de vandalismo en Bogotá?

Dos decisiones judiciales tomadas por jueces de garantías la semana pasada en Bogotá, en el marco de importantes investigaciones por hechos de vandalismo en la ciudad, dejaron como resultado la libertad condicional de tres personas que aunque fueron señaladas por la Fiscalía de daño a bienes públicos, agresión en contra de servidores públicos y coautoría en hechos de vandalismo, no cumplieron con los requisitos legales para ser privadas de la libertad, según el concepto del juez.

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Estos casos han dejado ver que aunque ahora se cuenta con una ley de seguridad ciudadana que hace más estrictos los procesos judiciales para personas que atenten contra de la Fuerza Pública y para quienes sean sorprendidos delinquiendo en flagrancia, aún hay un largo camino en su implementación a nivel jurídico.

“Lo dijimos desde el comienzo, la ley de seguridad ciudadana es un sofisma que lejos de resolver cualquier problemática genera este tipo de situaciones que levantan la preocupación de la sociedad” dijo Francisco Bernate, abogado penalista.

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El primero de los casos tiene que ver con la audiencia de medida de aseguramiento en contra de cinco presuntos integrantes de la primera línea que, al parecer, participaron en los desmanes de Usme en julio de 2021. Allí, la Fiscalía señaló de coautoría y concierto para delinquir a Natalia Paola Sánchez, exfuncionaria de la Alcaldía Local de Usme y quien habría contribuido en logística y filtración de información operativa de la istración a de la primera línea (ver nota anexa).

Aunque el ente acusador presentó material probatorio como interceptaciones telefónicas entre la acusada y los manifestantes en las que se les daban instrucciones de cómo evadir a la Fuerza Pública y trabar los proceso investigativos, el juez de control de garantías argumentó que esta evidencia no era suficiente para establecer que Sánchez habría participado como coautora de los hechos, por lo que ordenó su libertad condicional.

De acuerdo con Bernate, la Fiscalía General debe no solo probar una participación en los hechos, sino además una causal específica para solicitar una medida de aseguramiento. “Lo que ocurrió fue que la Fiscalía no cumplió con el estándar de probar que había una participación directa y que se daban los requisitos necesarios para privar la libertad de la acusada”.

En el segundo caso, la juez 47 de control de garantías decidió dejar en libertad a dos sujetos que fueron detenidos en medio de los desmanes ocurridos el viernes frente al hotel Radisson. Según la togada, la Fiscalía no aportó pruebas contundentes que demostraran que los capturados fueran los culpables de atacar a un policía y destruir las instalaciones del hotel.

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La juez cuestionó la labor investigativa y en medio de la audiencia preguntó: “Si eran 60 personas en los desmanes, ¿cómo identifico que son ellos si estaban con el rostro cubierto y vestidos igual?”.

Los hechos de Usme y el hotel Radisson no solo han evidenciado una dificultad en aplicación de la nueva ley de seguridad ciudadana, sino también que la comisión de actos más violentos por sí sola no es objeto de restricciones privativas de la libertad cuando no hay un sustento probatorio válido que acredite una medida de aseguramiento.

En ese sentido, concluyen los expertos que el cuestionamiento no debería estar solo sobre la calidad de la prueba, que existe, sino además en la correcta sustentación de los hechos narrados por el ente acusador, que permitan evidenciar que los señalados tienen una participación directa en los acontecimientos y que producto de ello representan un peligro para la sociedad. Ahí es donde está el éxito de las medidas de aseguramiento, dijeron.

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Ahora bien, en contraste con lo expuesto, Carolina Cepeda, investigadora sobre movimientos sociales de la U. Javeriana, dijo que este tipo de decisiones generan asombro en la sociedad porque “hay un afán de los organismos por dar castigos ejemplarizantes para desincentivar a la gente de seguir haciendo uso del derecho a la protesta”, y en esa vía señalo: “Hay una parte de la sociedad que se niega a ver que siguen existiendo conflictos sociales que requieren atención”.

Las autoridades investigan a la gestora de convivencia del Distrito Natalia Sánchez por haber informado a los vándalos de la localidad de Usme cómo limpiar cualquier evidencia de su actuar contra los policías y la infraestructura pública, así como los movimientos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en los momentos más álgidos de las protestas de julio de 2021.

“Lo primero que tienen que hacer es lavarles las manos a esos muchachos, para ver si tienen arenilla. Recuerde que la Sijín va con peritos. Luego tienen que desaparecer”, decía dándoles recomendaciones a presuntos de la primera línea.

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Luego pedía espacios para informar sobre los movimientos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para que después de destruir todo a su paso los vándalos se pudieran evadir de las autoridades. “A quién le aviso, ustedes me tiene que decir”.

Para los integrantes de la primera línea, los gestores, según los audios analizados, eran unos idiotas útiles. “Nosotros peleamos contra el Gobierno, pero ellos son garantes de las manifestaciones”.

EL TIEMPO consultó con la Secretaría de Gobierno, y la entidad informó que la gestora trabajaba en el 2021 en la alcaldía local de Usme. Por su lado, esa alcaldía local manifestó que “la señora Natalia Sánchez Cabrera prestó sus servicios profesionales en materia de derechos humanos, paz y posconflicto, en la Alcaldía Local de Usme, entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Actualmente no está vinculada como contratista en el Distrito”.

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Adicionalmente, el comunicado emitido por la Alcaldía Local de Usme manifestó que “ni la Alcaldía Local ni la Secretaría de Gobierno han dado instrucción alguna para suministrar información a terceros que impida la actuación de la Fuerza Pública en el marco de sus funciones” y que, además, las actuaciones de Castillo no representan el trabajo de los más de 600 gestores de convivencia.

REDACCIÓN BOGOTÁ