Le pagaron 300.000 pesos por tirar una papa bomba en La Pedagógica de Bogotá y podría pagar 30 años por terrorismo

Caía la tarde cuando la tensión se apoderó, como se volvió paisaje, del sector de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre la conocida esquina de la calle 72 con carrera 12 y , mientras eso pasaba, un operativo de restablecimiento del orden público, en respuesta a disturbios generados en las afueras del campus, dejó como resultado la captura de un hombre en medio de una escena que ya se ha vuelto recurrente: gritos, carreras, humo y explosiones artesanales.

El capturado fue sorprendido en flagrancia lanzando artefactos explosivos de fabricación artesanal —conocidos como 'papas bomba'— contra uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que llevó a su inmediata detención bajo el cargo de terrorismo.

El hecho, aunque se ha vuelto normal en la ciudad, marcó un nuevo episodio en la larga historia de confrontaciones entre la fuerza pública y algunos sectores de la comunidad universitaria y manifestantes infiltrados. Esta vez, sin embargo, un detalle llamó la atención de las autoridades: al momento de la aprehensión, el hombre portaba en su brazo un brazalete del grupo autodenominado 'Radical Movimiento Bolivariano'.

Durante el procedimiento, el individuo aseguró que no tenía ningún vínculo con el grupo en cuestión y que desconocía su trasfondo ideológico. Según su versión, un desconocido se le habría acercado tres días antes de la manifestación para ofrecerle 300.000 pesos a cambio de participar en la protesta. Él habría aceptado sin hacer preguntas.

La investigación posterior reveló que el capturado es, además, representante de la Fundación 'Unidad de Procesos al Servicio de la Paz', una organización con sede en Usme dedicada, aparentemente, a procesos sociales y comunitarios.

La Fiscalía General de la Nación legalizó la captura y procedió a imputarle dos cargos: terrorismo y lanzamiento de objetos peligrosos. En su intervención, el ente acusador solicitó al juez imponer la máxima pena contemplada por la ley para este tipo de delitos: 30 años de prisión.

Según las autoridades y previo a manifestaciones de carácter nacional este caso abre interrogantes sobre la instrumentalización de personas en contextos de protesta, el vínculo entre organizaciones sociales y grupos radicales, y la delgada línea que puede separar la manifestación legítima de actos considerados como terrorismo por la ley.

En Colombia, la ley establece duras penas para quienes, en el marco de un conflicto o enfrentamiento, atenten contra la población civil o empleen estrategias de violencia destinadas a generar terror.

Según la normativa vigente, toda persona que, con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, realice u ordene ataques indiscriminados o excesivos, o dirija represalias, actos o amenazas de violencia con el propósito principal de aterrorizar a la población civil, se expone a serias consecuencias judiciales.

Esta conducta es sancionada con penas que van desde 240 hasta 450 meses de prisión. Además, el responsable deberá pagar multas que oscilan entre dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2666.66) y cincuenta mil (50,000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. También será inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por un período de 240 a 360 meses.

Estas medidas hacen parte del marco legal que busca proteger a la población civil y garantizar el respeto por los derechos humanos en contextos de confrontación armada.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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