La millonaria multa y las polémicas de Máximo Noriega en la alcaldía de Petro

Cuando Máximo Noriega Rodríguez fue funcionario del Distrito Capital, en la época en que Gustavo Petro estuvo como alcalde de Bogotá, enfrentó un proceso de responsabilidad fiscal y terminó sancionado por la compra de unos equipos adquiridos para la Policía, pero que nunca se utilizaron.

En ese caso estaban vinculados otros dos funcionarios del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) y el entonces gerente de la entidad pagó la totalidad de la sanción.

(Petro ya había ordenado investigar a su hijo cuando era alcalde de Bogotá)

Máximo Noriega Rodríguez es un reconocido dirigente de izquierda en el Atlántico. Se lo considera hombre de confianza del presidente Gustavo Petro y muy cercano a la familia de la esposa del mandatario, Verónica Alcocer.

Este abogado y contador de la Universidad del Atlántico es uno de los aspirantes a esa gobernación por la coalición Pacto Histórico, candidatura que tiene como eslogan 'el Pacto es lo Máximo' y que es apoyada por el diputado Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del Presidente.

Sin embargo, el nombre de Máximo Noriega saltó al escenario nacional cuando Day Vásquez, expareja de Nicolás, lo señaló de supuestamente haberle servido de intermediario al primogénito de Gustavo Petro para recibir aportes para la campaña a la Presidencia y dineros para ingresar a la 'paz total'.

Según la mujer, así le recibieron plata a Samuel Santander Lopesierra, más conocido como 'Hombre Marlboro' y hoy precandidato a la alcaldía de Maicao, y al 'Turco' Hilsaca, investigado por la supuesta financiación de grupos paramilitares.

Este escándalo llevó a muchos bogotanos a recordar que Noriega fue funcionario del Distrito Capital, en la época en la que Gustavo Petro estuvo como alcalde. Él lo acompañó primero como gerente del Fondo de Vigilancia y luego como director del Instituto de Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac).

Y en ambos cargos Noriega no fue ajeno a polémicas y escándalos. De hecho, su paso por el Fondo le dejó una sanción de la Contraloría de Bogotá por 212 millones de pesos, por la adquisición de unos equipos de reconocimiento biométrico que fueron adquiridos para la Policía de la localidad de Teusaquillo y que nunca los utilizaron.

Este barranquillero con cédula de Montería pagó la totalidad de la millonaria sanción el 14 de julio de 2022, con lo que las otras dos personas vinculadas al proceso fiscal quedaron eximidas. Con dicho pago, Noriega buscaba no inhabilitarse con miras a su actual aspiración a la Gobernación del Atlántico.

El exgerente del Fondo de Vigilancia enfrentó también en esa época una polémica por la compra de 20 cámaras que no tenían conectividad y tampoco dejaban archivadas las imágenes captadas. Solo se podían ver en tiempo real, según afirmó en 2016 Jairo Osorio, quien sucedió a Noriega en la gerencia del Fondo.

Noriega apenas estuvo entre julio de 2014 y mayo de 2015 en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, de donde salió por solicitud del propio alcalde para que se hiciera cargo del Idpac.

El nombre de Máximo Noriega también estuvo vinculado al escándalo de las 100 motos eléctricas para la Policía y que fueron compradas de manera directa —y no por licitación— por el mismo Fondo de Vigilancia, también en la alcaldía de Gustavo Petro.

En 2012, esas motocicletas le costaron a la ciudad 4.357 millones de pesos y a los pocos meses empezaron a fallar y a quedar en desuso.

No obstante, cabe aclarar que no fue en la istración de Noriega Rodríguez cuando esas motocicletas se contrataron —fue en la de César Manrique, quien lo antecedió en la entidad—, pero a él sí le tocó enfrentar el escándalo y reconocer las fallas de esos equipos.

Manrique y el exsubgerente del FVS, Jesús Armando Abril, fueron condenados a 10 años de cárcel por las irregularidades que se presentaron en el contrato para la compra de motos eléctricas para la Policía.

En círculos políticos en la capital del país se recuerda a Noriega porque mientras estuvo en el FVS y en el Idpac lo acompañaban personas de la costa Caribe. Uno de los funcionarios en el Fondo de Vigilancia en esa época y que pidió no ser citado recordó que la oficina del gerente parecía un "bunker". A ella solo podían acceder las personas más allegadas.

Incluso, se lo señaló de haber copado la nómina con personas procedentes del Atlántico. Antonio Hernández, exdirector del Idpac y quien sucedió a Noriega en los siguientes cuatro años en esa entidad, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, recordó que cuando llegó al Instituto recibió comentarios de que había muchas personas contratadas que no eran de Bogotá y que no iban o no se tenía información de ellas. Pero, además, que el mismo director se la pasaba más en la costa Caribe que en la capital del país.

"Cuando uno ata cabos se da cuenta de que mucho de eso era que estaba preparando la campaña presidencial de Petro y eso implicaba una presencia en la Costa, que ha sido uno de los fortines; seguramente desde la ciudad de Bogotá se aceitaba la maquinaria en la Costa", le dijo Hernández a EL TIEMPO, quien, no obstante, señaló que no había denunciado esos hechos porque "no veía un delito ni tampoco algo no que no estuviera permitido".

REDACCIÓN BOGOTÁ