Un día en Medicina Legal de Bogotá durante el confinamiento

Las personas no han parado de tocar las puertas del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), bien sea buscando a un familiar desaparecido, o bien tratando de gestionar la entrega de un cuerpo. Tampoco han cesado los requerimientos de los jueces o los investigadores. Su labor como soporte científico de la Fiscalía General de la Nación es indispensable.

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Los primeros rostros que se divisan en el emblemático edificio son los de las personas del grupo de información de personas fallecidas y desaparecidas.

Allí estaba Carolina Sanabria, quien ya cumple 13 años de labores. Antes, cuenta, tenía que enfrentar personas ebrias o agresivas que ante el dolor reclamaban con violencia, pero eso ha venido cambiado porque hay más controles. Tienen temple de acero porque lo que escuchan no es nada fácil.

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Ellas hacen esa primera búsqueda que puede sacar de la incertidumbre a una familia. “Nosotros informamos, por ejemplo, si la persona está fallecida”. Claro, antes se deben hacer unas entrevistas que ahora, por la coyuntura, se ejecutan por medios virtuales. Todo el día están dando información de los cuerpos, de si llegó o no la necropsia. “Tratamos de que la gente no espere tanto tiempo, de no vulnerarles sus derechos, de que cuando regresen estén listos los informes y puedan hacer el trámite que corresponde para que les entreguen el cuerpo”.

El trabajo es complejo, a veces llaman varias personas de una misma familia, a veces las noticias generan desmayos, dicen que ya están curtidos para entender el dolor pues pueden atender en un día de 30 a 50 personas, cada una con una historia diferente, y no todas tienen el mismo grado de tolerancia. “Es mi padre, es mi hija, es mi hermano, entréguemelo”, es la frase que suelen escuchar todos los días.

En otra oficina del instituto estaba Rubén Darío Cortés Echeverry junto con su equipo de trabajo. Es técnico forense y tiene clara la fecha en la que entró: 18 de agosto de 1993. Ya son 27 años en la dura labor de encontrar un nombre.

Dice que es el comienzo de cualquier investigación. Él y el equipo con el que trabaja son expertos en lofoscopia, la ciencia que estudia las tres ramas de la identificación; dactiloscopia, quiroscopia y pelmatoscopia, que analiza las huellas de los pies. Es decir, analiza las huellas dejadas por las crestas que aparecen en nuestra epidermis.

Cuando llegamos estaba en la labor de identificar a un nacional. “Cada caso que radican es una planilla para nosotros. También tenemos conexión con la Registraduría Nacional y así, a través de la cédula o con datos alfanuméricos, realizamos la búsqueda”.

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Pero cuando no hay nombres ni números quedan las huellas, y estas son procesadas en un escáner para que revelen una identidad. A veces no están tan claras y se convierten en un reto para estos técnicos, que tienen tapizadas las paredes con imágenes del cuerpo humano.

El silencio reinaba en Medicina Legal, pero es porque la mayoría trabaja bajo una concentración absoluta.

Como Julián Castiblanco, uno de los psiquiatras de la entidad y quien está a cargo de las entrevistas forenses en sesiones que pueden durar hasta dos horas, más la revisión del expediente.

El profesional atiende los requerimientos de las autoridades competentes. “Por lo general, es una persona que está en algún proceso de carácter civil o penal. Nosotros resolvemos algunos interrogantes en la vía de la psiquiatría forense”. Cada entrevista tiene un objeto diferente.

Uno de los que conllevan una gran responsabilidad es el de determinar la inimputabilidad. “Son casos de carácter penal en los que la persona comete un delito y está inmiscuida en un proceso. Entonces, lo que se busca es si hay alguna causal que permita entrever que en el momento de los hechos delictivos la persona en cuestión podía comprender o autodeterminarse. Si cumple los dos criterios, el juez determinará si es o no inimputable. En este análisis se puede determinar si hay alguna alteración de la esfera mental que permita que alguno de esos dos criterios, comprensión o la autodeterminación, se encuentren afectados.

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“Con nuestro diagnóstico, el juez puede determinar si una persona cumplirá una pena en un instituto carcelario o si necesita un proceso de rehabilitación o estar en un centro psiquiátrico. Todo depende del diagnóstico forense al que se llegue. Nosotros somos una prueba más dentro del proceso para llevar más allá de la duda razonable al juez”.

Había muchas áreas restringidas por obvias razones. De hecho, se escuchó que los cuerpos de las víctimas de la explosión de Tasajera, Magdalena, estaban allí y que algunos habían dado positivo por covid-19. Esa también era su labor.

Por eso solo tuvimos a la zona en donde estaban los termocicladores, también conocidos como máquina de PCR, un aparato usado en biología molecular que permite la amplificación del ADN. Allí, los profesionales, cubiertos de pies a cabeza, analizaban cada muestra.

Gracias a ellos, menores de edad logran ser reconocidos legalmente, se alienta a la familia de un desaparecido, se identifican individuos o vestigios biológicos o las relaciones entre personas.

Andrea del Pilar Barrera es una de las profesionales forenses y su labor es realizar análisis genéticos. “Damos un apoyo al trabajo interdisciplinario que ejercemos peritos, médicos antropólogos y biólogos genetistas. Cada caso tiene su complejidad, pero es satisfactorio apoyar estas investigaciones. Por ejemplo, en el caso de los desaparecidos o en el área de criminalística”.

Jorge Arturo Jiménez, director encargado del Instituto Nacional de Medicina Legal desde febrero de 2020, es un hombre cauteloso que prefiere que sea su equipo el que dé cuenta de la minucia e importancia de su trabajo. “Todos trabajan en permitir el a la justicia y en la restitución de los derechos de las personas, aun en la pandemia. Ni el país ni el mundo se han acabado”. Las víctimas de la violencia intrafamiliar, del delito sexual, las autopsias por muertes violentas y los procesos de identificación no paran ni pararán.

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Y aunque entre un 70 y un 80 por ciento del personal del instituto trabaja desde casa, el resto debe hacerlo de manera presencial por la naturaleza de su labor. Médicos, fotógrafos, patólogos han estado firmes durante la pandemia y con todos los protocolos de bioseguridad.

Cuando los cadáveres no están identificados y fallecen por covid-19, de igual forma a Medicina Legal le corresponde su identificación. “Por eso, le hemos podido aportar información importante al Instituto Nacional de Salud. De Bogotá ya hay 11 casos confirmados y unos 100 o 117 presuntivos. Por eso, nos toca tener un cuidado especial en todos los procedimientos”.

Explicó que, aunque al comienzo de la pandemia hubo una disminución en todas las formas de violencia, “las estructuras delincuenciales se reacomodan y lo peor de las personas se vuelve a evidenciar”. Durante la entrevista ya estaban reportando una herida por proyectil, una quemadura, un accidente de tránsito, un ahorcamiento y varios casos por establecer. Normal, en Medicina Legal.

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Uno de los aportes más importantes del Instituto Nacional de Medicina Legal son las valoraciones del riesgo que se les realizan a las mujeres víctimas de violencia.

Denisse Álvarez, psicóloga y magíster en Psicología Jurídica y Forense, trabaja en el instituto desde el 2015. “Lo que hacemos es determinar en qué nivel de riesgo se encuentran de acuerdo con lo que han experimentado. Si pueden llegar a sufrir heridas mortales por parte de sus parejas, compañeros, esposos o excompañeros”.

Una vez ellas han denunciado los episodios en la Fiscalía o las comisarías de familia se les entrega un oficio para que visiten Medicina Legal. Allí, se les hace un primer reconocimiento por parte de un médico forense y luego con un psicólogo.

A la paciente se le entrega un informe, pero lo más importante es que este registro queda a disposición de la Fiscalía General de la Nación desde el Sistema de Información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio. (Spoa). Es decir, los fiscales los pueden revisar para tomar decisiones. Esto, porque muchas mujeres por miedo u otras razones pierden esos informes o sus parejas se los rompen.

Durante esta pandemia se han desencadenado factores de riesgo a raíz de la cuarentena. “Sobre todo, por el tema de la intolerancia”, dijo Álvarez, quien explicó que ha atendido casos en los que por cosas mínimas estalla la violencia, como una pareja que discutió por quién tenía la razón en la capacidad del internet del hogar. “Él decía que era de 80 megas y ella, 40, y como no se pusieron de acuerdo, él terminó agrediéndola”.  Preocupa también que los hijos que antes no estaban inmersos en las discusiones de sus padres ahora sí lo están.

Otro factor detonante es el síndrome de abstinencia. “Muchos hombres que tomaban se desesperan y terminan siendo violentos”, dijo Álvarez. Por eso dice, su área hace justicia terapéutica. “Escuchar a alguien que nunca lo ha sido es reconfortante”.

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CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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