Metro de Bogotá: ¿pueden el presidente chino y Gustavo Petro modificar el megaproyecto?

El próximo 25 de octubre, el presidente Gustavo Petro se reunirá con su homólogo de China, Xi Jinping, con quien, según anunció, espera hablar del metro de Bogotá. La idea del mandatario colombiano es convencer al mandatario chino para que el consorcio Metro Línea 1, que está a cargo de la obra y está conformado por empresas de la República Popular China, acceda a modificar el contrato para que la primera línea tenga un tramo subterráneo.

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“Veremos qué dice el jefe de Estado chino sobre estos temas, si nos puede ayudar a darle una mano a la transformación del transporte en Colombia hacia lo férreo y lo eléctrico”, afirmó el Presidente durante el consejo de seguridad realizado en Bogotá y luego de anunciar su viaje a China antes de las elecciones regionales.

Desde el año pasado, el mandatario colombiano venía manifestando su interés de viajar al país asiático con el mismo fin. No obstante, la visita no se había concretado, pero ahora ya tiene como fecha el 25 de octubre próximo.

Cabe recordar que el presidente Petro a principios de año se inclinaba por un trazado soterrado entre la avenida Primero de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72, pero luego señaló que hasta la calle 100. Eso significa, de acuerdo con las alternativas estudiadas por los chinos a petición del propio mandatario, una inversión adicional de alrededor de 30 billones de pesos.

Sin embargo, el pronunciamiento de Petro volvió a poner sobre la mesa la discusión de si se puede cambiar o no el tipo de metro para la ciudad.

La primera que salió a responderle fue la alcaldesa Claudia López, quien ayer en el evento de apertura de la licitación del cable de Potosí, por segundo día consecutivo y antes del foro que este miércoles harán ProBogotá y EL TIEMPO sobre el megaproyecto, insistió en que el metro “no se va a parar”.

Un día antes, López había afirmado lo mismo en un evento en la Universidad Externado, donde expresó que la primera línea le ha costado a ella “sangre, sudor y lágrimas”. Y, en una clara alusión al encuentro de Petro con Jinping, dijo: “Si quieren dar una discusión, esa decisión la van a tomar los bogotanos en las urnas el 29 de octubre, no en una encerrona en China a espaldas de los bogotanos”.

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Cabe recordar que la megaobra fue contratada en 2019 por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en la alcaldía de Enrique Peñalosa, con el consorcio chino APCA Transmimetro (hoy Metro Línea 1) —que está conformado por las empresas China Harbour Engineering Company Ltda. (Chec) y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited—.

El valor del contrato de concesión es de 22,3 billones de pesos (a precios de 2017), de los cuales la Nación se comprometió en un convenio de cofinanciación a aportar alrededor de 15 billones y el Distrito, 6 billones en vigencias futuras a 30 años.

EL TIEMPO consultó con varios juristas y personas conocedoras en detalle del contrato 163 de 2019 sobre la eventualidad de que el presidente chino acceda, como quiere Petro, a modificar el contrato de la primera línea del metro de Bogotá. La respuesta de los expertos en contratación respondieron con un “no es posible” y explicaron por qué.

Una alta fuente de la istración distrital le dijo a este diario que “los contratos en Colombia solo los pueden modificar las partes” y recordó que el Gobierno Nacional “no es quien firmó el contrato”, sino la EMB, que es una empresa distrital, y el consorcio ML1.

Sobre el tema del cambio de metro elevado a subterráneo, el consorcio chino ha indicado en diferentes oportunidades que su obligación es ejecutar el contrato y que las decisiones sobre eventuales modificaciones en el tipo de metro las deben tomar de manera exclusiva la alcaldía de Bogotá y la EMB.

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En ese mismo sentido respondió Andrés Escobar, exgerente de la Empresa Metro, quien firmó en 2019 el contrato de la primera línea. Escobar señala que es un “asunto de derecho” y los contratos solo los pueden modificar quienes los firman y según las reglas del propio contrato.

“La contratación pública de la República Popular China tiene un marco diferente al colombiano, pero el contrato lo firmamos bajo las leyes colombianas”, advierte el experto.

Escobar además señala que las empresas chinas que conforman el consorcio ML1 tienen al Estado como socio controlante, pero que “esa pertenencia no cambia el marco jurídico en Colombia: los contratos solo los pueden modificar quienes los firman”, reiteró.

Luis Guillermo Dávila, experto en contratación, dice: “El contrato firmado por la Empresa Metro y el consorcio chino solo puede ser modificado por las dos partes. No lo pueden hacer los presidentes, ni siquiera la alcaldesa podría hacerlo”.

Aclaró que “pueden hacer recomendaciones” y estas “podrían ser evaluadas por las partes del contrato para efectos de decidir si las atienden”.

El jurista y experto en contratación Hernando Herrera Mercado afirma que, “según nuestra legislación, todo contrato es ley para las partes y que eso quiere decir que solo las partes pueden convenir ese acuerdo, modificarlo o extinguirlo, de manera tal que nadie distinto a las partes que suscribieron ese contrato tienen la posibilidad de hacer modificaciones”.

Y sobre la cita entre los dos presidentes, señala que “el encuentro de dos personas externas (al contrato)” es “de naturaleza informativa y no tendría la extensión y el alcance para modificar un contrato que tiene partes específicas y particulares”.

Con el Distrito, Dávila, Herrera y Escobar coincide Juan José Gómez Urueña, asesor jurídico de distintas entidades públicas, quien indica que el contrato del metro no fue suscrito entre el Gobierno colombiano y el Gobierno chino, “sino entre una entidad distrital y una empresa china” y que “en el ordenamiento jurídico colombiano el Presidente de la República carece de competencia para modificar contratos suscritos por una entidad distrital”.

Y precisó: “Con independencia de las conversaciones que puedan existir entre los presidentes de Colombia y China, ellos no tienen la vocación ni la capacidad para modificar el contrato suscrito por la Empresa Metro de Bogotá”.

Gómez destaca que la empresa china, al suscribir el contrato, “se sometió a las reglas que rigen la contratación estatal en nuestro país, por lo que dicha empresa está obligada a cumplir lo pactado en el contrato”.

Otro aspecto que genera discusión sobre el proyecto metro es si el Gobierno puede decidir no cumplir el convenio de cofinanciación y así tratar de imponer las condiciones para que se modifique de metro elevado a subterráneo.

En este aspecto, los expertos consultados también indican que de hacerlo, sin la mediación de la alcaldía de Bogotá, tampoco es posible o al menos se estaría incurriendo en un incumplimiento de un contrato.

De acuerdo con la alta fuente del Distrito, la ley “obliga” a la Nación a financiar el 70 por ciento de los proyectos de transporte masivo y así quedó establecido en el documento Conpes del metro (el 3900 de 2017) y el convenio de cofinanciación.

Al respecto, el experto Luis Guillermo Dávila insiste en que “todo contrato es para cumplir, y si se incumple, genera todos los efectos que la ley prevé para estos casos”, y reitera: “Los contratos son para cumplirse y son ley para las partes”.

En la misma línea se pronuncia Hernando Herrera Mercado, quien asegura que los convenios y contratos son ley para las partes y “no pueden modificarse por la voluntad unilateral” de una de ellas.

Dice que si bien la Nación hace las veces de cofinanciador o es el que da el aval financiero para la realización de la obra, esta no es parte del contrato y, por tanto, “no puede disponer sobre el mismo, pero sí sobre su financiación”.

Sin embargo, el jurista aclara que “no puede desmontarse de manera unilateral” el convenio y que si lo hace, “es incumplimiento contractual, y esto, como los daños y perjuicios, son susceptibles de ser reclamados jurisdiccionalmente”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN BOGOTÁ