Por el río que soñamos | Opinión

No es fortuito el hecho de que las grandes ciudades del mundo desarrollado -al menos una muy buena parte de ellas- estén surcadas o franqueadas por imponentes ríos. Es el resultado de una planeación urbanística asociada, fundamentalmente, al comercio, al tránsito y al de productos de primera necesidad que, justamente, llegaban y siguen llegando por cuenta del transporte fluvial. Solo basta ver casos como los de París, Londres, Berlín, Nueva York o Washington.

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A la luz de lo anterior, vale la pena afirmar que el desarrollo de una ciudad puede medirse -junto a sus índices de infraestructura de transporte, de calidad de vida y de ingreso per cápita- por su capacidad de tratar las aguas residuales que vierten al cauce de sus ríos o mares, para no causar impactos negativos en el ecosistema.

En la capital del país, esta iniciativa ha estado sobre la mesa por años. Y aunque descontaminar el cauce del río Bogotá en principio resulte una pretensión casi utópica, es posible hacerlo. No en vano existe, para tal fin, el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar Canoas que, con una inversión estimada de $6 billones y con un tiempo de construcción aproximado de siete años, tratará el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las del casco urbano de Soacha.

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De todo lo anterior, queda en evidencia la necesidad de dar luz verde, cuanto antes, al proceso licitatorio para la construcción de la mencionada Ptar Canoas. La Empresa de Acueducto de Bogotá desarrolló todas las fases de ingeniería del proyecto para iniciar su contratación. Una vez entre en operación la planta, el resultado será demoledor: se convertirá en una de las Ptar más grandes del mundo (puesto 12), al tratar 16 m3/s, es decir, el equivalente a tratar el contenido de una piscina olímpica, cada dos minutos.

Por lo pronto, mientras el proyecto no despegue, la región seguirá inmersa en una problemática de hondo calado. Lo primero a considerar es que Bogotá es de las pocas grandes urbes capitales que solo trata el 30% del caudal total de sus aguas negras. Responsabilidad también, de los municipios de la cuenca alta del río pues actualmente el mismo llega contaminado al límite Norte de la ciudad con una Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO, una de las medidas del grado de contaminación) de 150 mg/l. Luego de su transcurrir de Norte a Sur por el borde occidental de la capital, fuera de los límites del distrito, después de Soacha, la cuantía del DBO es de 400 mg/l, es decir, su carga de contaminación es 2,7 veces mayor.

Para entenderlo de mejor manera, en los parámetros oficiales el valor límite máximo permitido de la DBO para verter las aguas residuales es de 70 mg/l, la cual se considera un agua tratada, apta entre otros, para uso industrial y generación de energía.

Y es que razón de sobra tiene un reciente informe del Banco Mundial (2020) que afirma que “invertir eficientemente en aguas residuales y otras infraestructuras de saneamiento es crucial para lograr beneficios de salud pública, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida”. Asimismo, sentencia uno de los autores del estudio en mención que “ya no debe considerarse a las aguas residuales un ‘residuo’, sino más bien un recurso”.

En una reciente reunión realizada para revisar el estado del proyecto, comprobamos que está pendiente de superarse un trámite en el Ministerio de Hacienda, relacionado con la garantía de la ciudad al aval del gobierno ante los créditos internacionales. Pues bien, sería una verdadera paradoja que en la istración de la ‘Colombia potencia mundial de la vida’, se dilate aún más una decisión tan trascendental para la sostenibilidad ambiental de la región.

Jorge Alberto Marín

Especial para EL TIEMPO

Vicepresidente técnico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.