PND y Metro de Bogotá: se hundió 'mico' del Gobierno para soterrar primera línea

El polémico 'mico' con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro intentó colar en el Plan Nacional de Desarrollo una vía legal para cumplir su intención de cambiar el diseño de la primera línea del metro de Bogotá se hundió definitivamente en el Congreso.

Las plenarias de Cámara y Senado modificaron de fondo la propuesta que llegó del Gobierno para aumentar los montos de financiación a cargo de la Nación de proyectos férreos de transporte masivo y 'peluquearon' términos que estaban claramente orientados a cambiar el diseño del metro de elevado a subterráneo, como lo quiere el Presidente.

(No deje de leer: Chinos no cumplieron con diseños del metro de Bogotá: ¿qué les falta?)

Finalmente, el artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo quedó así: "Para proyectos férreos en todo el territorio nacional de sistemas de transporte público masivo de pasajeros, que cuenten con convenio de cofinanciación, la Nación podrá cofinanciar dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo un monto superior al setenta por ciento (70 %). El Gobierno nacional realizará los trámites presupuestales a que haya lugar a fin ajustar los aportes de la Nación en los convenios de cofinanciación correspondientes".

Lo que se eliminó implicaba situaciones radicalmente diferentes porque el Gobierno pretendía poder financiar por encima del 70 % "los costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo-beneficio establezca esta como la mejor alternativa, aplicando únicamente los requisitos que defina el Gobierno nacional en relación con los citados en en artículo 2 de la Ley 310 de 1996". 

Toda esta parte salió del Plan. No solo por la fuerte polémica sobre los costos en plata y tiempo que implicaría cumplir el deseo del jefe de Estado, también porque expertos en asuntos legislativos habían advertido que cualquier artículo claramente orientado a incidir en una situación específica no iba a aguantar el examen de la Corte Constitucional. 

En todo caso, el resbalón con el PND no significa que el Presidente no siga empeñado cambiar el diseño de la primera línea, que en su modalidad actual ya avanza por niveles cercanos al 20 % y que debería estar operativa, con metro elevado, en 2028. El cambio que pretende el Jefe de Estado supondría costos superiores a los 15 billones de pesos y al menos seis años más de obras. 

Además, luego de conocerse que finalmente los chinos no tendrían listos los estudios y diseños que hacen falta, la alcaldesa de Bogotá Claudia López le dijo a EL TIEMPO en una breve respuesta que "el metro avanza".

El cambio en la istración de Bogotá, el próximo 1 de enero, será clave. La actual alcaldesa, Claudia López, ha dicho que aunque considera que la mejor opción de la primera línea sí era la subterránea, lo que debe hacerse es avanzar en el actual diseño elevado de acuerdo con los costos y tiempos que ya han sido definidos y que avanzan según cronograma. 

El texto, tal y como se había planteado, había sido aprobado en bloque -es decir, junto con otros artículos- en la Cámara. Sin embargo, Julia Miranda, representante por Bogotá del Nuevo Liberalismo, decidió pedir que reabrieran la votación e hizo una proposición con la misma modificación con la que, finalmente, fue aprobado el artículo.

Miranda dijo que recibió el respaldo de más de 100 representantes para que se volviera a debatir el texto. Luego de conseguir las firmas suficientes, la congresista aseguró que se iba a volver a discutir el artículo, sin embargo, cuando se acabó la votación no se mencionó la proposición de la representante. 

"Solicité votar por separado el artículo, y contrariando los procedimientos del Congreso no se tuvo en cuenta mi proposición, lo que sin duda acarrea un vicio de ilegalidad", escribió en un trino en la noche del jueves.

No obstante, en la conciliación de Cámara y Senado se eliminó la parte que comprometía a la primera línea del metro, y la proposición que se hizo fue crucial.

“Esa hoja de 100 firmas fue definitiva. Logró que los conciliadores tuvieran suficiente peso y se respetara la voluntad de la Cámara, a pesar de la oposición del Gobierno”, le dijo Miranda a EL TIEMPO.

La representante consideró que el artículo como había quedado en Cámara era “gravísimo”, por los impactos que iba a tener en un proyecto contratado y que está en ejecución.

BOGOTÁ