ProBogotá: 'POT por decreto sería apoyar maniobras antidemocráticas'

ProBogotá Región ha participado en el proceso de diagnóstico, formulación y adopción de la propuesta de ordenamiento territorial para el periodo 2022-2034 desde el mes de noviembre de 2019, motivados por el propósito de lograr una construcción colectiva de consensos y la deliberación argumentada para el desarrollo equilibrado, sostenible, eficiente e incluyente de Bogotá y la región.

Por la transcendencia del instrumento que ordena el territorio y que promueve el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, hacer efectivos los derechos constitucionales al transporte, a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios y vela por la creación y la defensa del espacio público así como por el término de su vigencia; la propia ley establece en cabeza de los alcaldes la función de fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones, con la finalidad de lograr que la ciudadanía se apropie del plan de ordenamiento, sea la principal veedora de su cumplimiento y con esta concepción de construir desde la sociedad; el plan se haga realidad.

Concertación que se extiende a todas las etapas de adopción del instrumento, y es reforzada al llegar al Concejo Distrital a través de una modalidad exclusiva de cabildo abierto, que tiene por objeto que la autoridad que concentra la iniciativa normativa – el alcalde mayor- y la autoridad que define los usos del suelo –Concejo Distrital- escuchen de manera directa a los ciudadanos presentar su comprensión e implicaciones sobre la propuesta.

El cabildo abierto se adelanta ante el Concejo Distrital por ser la instancia conformada con la pluralidad de las voces políticas y sociales de Bogotá, en ella no solo están presentes las mayorías sino la diversidad de las tendencias, es en ella donde se delibera y es ese cuerpo colegiado a quien la Constitución Política asigna la facultad de adoptar este relevante acuerdo para la calidad de vida de los bogotanos.

En la deliberación pública hemos expresado preocupaciones sobre el modelo de ocupación por que la delimitación del perímetro urbano desconoce las sentencias del Consejo de Estado sobre la Reserva Forestal de los Cerros Orientales. Treinta y seis (36) barrios legalizados e incorporados a suelo urbano en las últimas cinco décadas, se proponen clasificar como suelo rural, desconoce la sentencia sobre el Saneamiento del Río Bogotá, al imponer un modelo de análisis y mitigación de riesgo predio por predio y no un único modelo para el río, como corresponde con su realidad hidráulica y eco sistémica. Por otra parte no se tiene en cuenta las obras e inversiones ya ejecutadas para mitigar el riesgo de inundación.

Además, propone reducir el suelo urbano, lo cual impediría que 500 mil familias puedan vivir en Bogotá y se vean obligadas a buscar vivienda afuera. La migración aumentaría los tiempos de desplazamiento, afectaría la calidad del aire, desmejoraría la calidad de vida sobre todo de los ciudadanos de menores ingresos. Y el impacto más alto de ese modelo de ocupación sería el ambiental.

Si se tiene en cuenta las tipologías históricas de ocupación del suelo de Bogotá́ y la sabana, la densidad de los desarrollos nuevos en los municipios es de alrededor de 25 habitantes por hectárea mientras que dentro del perímetro del Distrito Capital son algo más de 200. Se estaría decidiendo que, en vez de ocupar 7.000 hectáreas nuevas de suelo, se ocupen 52.000. Las 45.000 adicionales equivalen a una Bogotá y media.

En materia de gestión del suelo existiría un desequilibrio entre el suelo de expansión y el suelo propuesto para el tratamiento de renovación urbana, lo que generaría que se habilite menos suelo del necesario respecto al crecimiento de la población estimado por el DANE para los 12 años de vigencia del POT. De 1.067.525 viviendas solo propone habilitar 589.000.

Frente a la movilidad al ser un factor determinante para el a la educación, la salud y el empleo, reiteramos la necesidad de respetar la planeación de largo plazo y conservar las reservas viales para la ALÓ Norte y la Avenida Ciudad de Cali en el tramo entre la calle 80 y el municipio de Chía. La primera, prevista para recorrer la ciudad de sur a norte por el occidente y permitir que los productores de alimentos y bienes al norte de Bogotá, accedan al mercado más grande del país. Sobre la reducción de carriles de uso mixto en vías de gran afluencia, insistimos en que afectaría los servicios de seguridad, bomberos, ambulancias, logística o escolares, actividades que no se pueden realizar en bicicleta o caminando.

En materia de servicios públicos, la propuesta plantea que el uso de las canaletas subterráneas sea cobrado a las empresas prestadoras. Esta medida sería ilegal por consistir en un aumento en la tarifa que se cobra a los s adoptada por una autoridad municipal y no por la comisión de regulación sectorial, de esta forma se viola la Constitución puesto que la facultad tarifaria es exclusiva del presidente de la república y la ejerce a través de las comisiones de regulación. Para mejorar la calidad y la cobertura del internet y la telefonía móvil, recomendamos eliminar las restricciones para la localización de antenas e incluir las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa dentro de las zonas priorizadas para el .

Respecto al empleo y la industria, adoptar una única dimensión de las manzanas crearía una inflexibilidad innecesaria que podría limitar el atractivo de Bogotá como sede, por ejemplo, de la industria de la tecnología o la audiovisual.

Asuntos que no han podido ser abordados o debatidos por el Concejo Distrital y mucho menos adoptar decisión alguna, por cuanto el tiempo previsto en la ley para su discusión ha sido copado por el trámite de impedimentos y recusaciones. Los cuales se constituyeron en una estrategia dilatoria que, en algunos casos, incluso se ha considerado por parte de la presidente del Concejo Distrital, comportan la comisión de delitos.

En su propia voz, usted ha insistido en la importancia y necesidad de que el debate en el Concejo Distrital sobre el plan de ordenamiento territorial sea abordado con el rigor y la profundidad que requiere la ciudad.

Señora alcaldesa, adoptar por decreto el plan de ordenamiento territorial cuando, a través de maniobras antidemocráticas, al Concejo Distrital le fue sustraída la oportunidad de adelantar el debate, es permitir que los intereses detrás de esos artificios logren su objetivo. Usted puede impedir que se impongan.

Convoque a la ciudad entera, a los ciudadanos y sus organizaciones, a la academia, a las distintas expresiones políticas, a los gremios, a los centros de pensamiento para que, entre todos, construyamos el plan de ordenamiento territorial que los 11 millones de colombianos que habitamos la sabana necesitamos.

ProBogotá Región está presta a acudir a un llamado para asumir un reto de esa índole.

REDACCIÓN BOGOTÁ