Contraloría advierte posible detrimento por causa de fallos sobre Ptar Salitre

La Contraloría de Bogotá asegura que las decisiones adoptadas por el Tribunal istrativo de Cundinamarca sobre la Ptar Salitre pueden generar un posible detrimento para Bogotá.

Así lo indica el organismo de control fiscal en un concepto que envió al Consejo de Estado para que sea tenido en cuenta en la apelación contra la medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca, que en diciembre pasado le ordenó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recibir y empezar a operar la planta de tratamiento de aguas residuales.

El mismo Tribunal ordenó en julio pasado a la CAR Cundinamarca pagar 117.000 millones de pesos al contratista. No obstante, la entidad ambiental ha planteado diferencias sobre las pretensiones del constructor. Además, asegura que no ha recibido la planta y tampoco la gerencia del proyecto (interventoría).

El pronunciamiento de la Contraloría de Bogotá se produce pocos días después de que la CAR, entidad que contrató la construcción de la Ptar, y el Consorcio Expansión Ptar Salitre (CEPS) acordaron ampliar el plazo de entrega del contrato, cuyo objeto es la optimización de la Ptar Salitre (fase II) y la conexión con la fase I (antigua planta), y luego de que en una mesa de trabajo promovida por las contralorías General y de Bogotá, las partes involucradas aceptaron a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como amigable componedor, es decir, como árbitro en las diferencias sobre el estado de la planta y equipos.

En el concepto, la Contraloría distrital le pide al Consejo de Estado "establecer el alcance de las decisiones adoptadas por el Tribunal istrativo de Cundinamarca" y recuerda que tanto la Procuraduría como el Banco Mundial han resaltado "múltiples situaciones posiblemente constitutivas de incumplimiento del Consorcio".

También pide que se garantice que la Ptar Salitre sea entregada por el contratista bajo "condiciones de funcionalidad y operación pactadas en el contrato" de construcción.

El contrato de la planta de tratamiento de aguas residuales fue entregado en 2016, por un valor de 1,5 billones de pesos y un plazo de 5 años. En otras palabras, la planta debió entrar en funcionamiento en septiembre de 2021, con el acompañamiento del constructor, y luego de un año quedar totalmente a cargo de la EAAB, es decir, en un poco más de un mes.

Sin embargo, el Acueducto de Bogotá ha venido advirtiendo que la Ptar no se encuentra en condiciones de operar, que algunos equipos han presentado fallas y que no ha recibido las garantías de estos ni los manuales de operación.

Pero CEPS ha señalado todo lo contrario y que la planta está operando desde septiembre del año pasado y cumple con los parámetros de tratamiento.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá EL TIEMPO

@guirei2