Reforma al Estatuto, ¿tan buena como la pintan?

En la última semana de sesiones ordinarias del Senado de la República se aprobó la reforma al Estatuto de Bogotá. Tuvieron que pasar cerca de dos años para que este proyecto fuera ley. El estatuto nació en 1993 y, en pocas palabras, sienta las reglas de funcionamiento de la capital.

En esencia, la reforma consistía en 18 artículos que modificaban el estatuto en al menos tres temas principales: las localidades, las alcaldías locales y las juntas as locales.

Para José Daniel López, representante a la Cámara por Bogotá, la reforma era necesaria por dos razones. Uno, porque las tendencias demográficas de los últimos 30 años habían dado lugar a ‘megalocalidades’ (como Suba y Kennedy) que “en la práctica son imposibles de istrar”; dos, porque “la evidencia ha indicado que, salvo el escándalo de Samuel Moreno, los eslabones más serios de ineficiencia y corrupción se han dado en las alcaldías locales”.

Para la primera razón, la de la crisis de las ‘megalocalidades’, la reforma al Estatuto establece que la definición de las localidades dependerá de lo que establezca el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y que su tamaño “deberá ser distribuido de manera similar y proporcional en cuanto a número de habitantes”. Incluso, la reforma da la posibilidad de “crear zonas rurales para la istración de localidades con características distintas a las de las zonas urbanas”. En resumen, el Estatuto permitió que con un nuevo POT, que podría ser el que hoy tramita la alcaldesa Claudia López, se modifiquen las localidades a partir de 2028. “Entra a funcionar en 2028, para darle a la ciudad el tiempo para recuperarse financieramente de la pandemia y poder asumir un aparato istrativo más robusto y con mejor presencia en lo local”, aclara el Representante López.

Para la segunda razón, la que menciona la ineficiencia y la corrupción en las Alcaldías Locales, en teoría, funcionarían modificaciones como: la libre remoción de alcaldes locales; la creación de un Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales (que reunirá a los gobiernos locales con el sector central dos veces al año); un gabinete local, que incluya delegados de las Secretarías con poder de decisión, exigir mayor formación a los candidatos a Alcaldías Locales (posgrado, por ejemplo), y la definición de las competencias de un alcalde local.

Todo eso sin contar otras modificaciones que incluye la reforma, como las que tienen que ver con la operación de las Juntas as Locales, los presupuestos locales (que no deben ser de menos del 12 por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto de la istración central), las vigencias futuras, el manejo de recursos adicionales de la nación y un “programa especial de descongestión”.

Para Felipe Bogotá, director de Bogotá Cómo Vamos, algunas de estas reformas “tienen beneficios porque los gobiernos locales son la instancia más cercana a los territorios. Brindarles cierta estructura de gobernanza para que tanto el gobierno se conecte más con el distrito y el gobierno local también”. Resalta, además, que las competencias de un alcalde local serían ahora, más específicas en temas clave como seguridad, suelo, vivienda, gestión urbana, entre otros y que, a la hora de elegirlos, la paridad será determinante. Sin embargo, reconoce que falta “especificar mucho más las atribuciones tanto de habitantes como de las JAL”.

Ahora, aunque en los últimos días se ha hablado mucho de los contenidos de la reforma, poco se han conocido las reservas que tienen algunos expertos frente a lo acordado y lo preocupante que para otros resulta que se tomen decisiones de ciudad en el Congreso de la República. Incluso, ya suenan posibles demandas a la reforma por los últimos artículos de la reforma.

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La reforma al Estatuto cae como anillo al dedo a una Alcaldía que tiene en trámite un proyecto de POT que, entre otras cosas, plantea la necesidad de reconfigurar las localidades. El actual proyecto propone que haya 32 UPL (Unidades de Planeamiento Local) para materializar el concepto de la ciudad de proximidad o, como se conoce en París, la ‘Ciudad de los 15 Minutos’. Sin embargo, el número de localidades y su alinderamiento solo podía modificarse si el Estatuto se reformaba para permitirlo: y así sucedió.

Para el director de Bogotá Cómo Vamos hay preocupación por la forma en que el debate de estatuto y la construcción de POT terminaron siendo paralelas. “No es positivo que esas dos discusiones estén pasando al mismo tiempo. La discusión de las localidades es un tema de ciudad”, dice Bogotá.

Otros expertos consultados por este diario sugirieron que los requisitos que exige la reforma para conformar las localidades calzan perfectamente con las propuestas del actual proyecto POT. “Como si hubieran sabido qué iba a pedir la ley, el POT se adelantó”, cuestionó una de las fuentes.

Y, más allá de eso, hay posiciones divididas por lo que viene: que eventualmente se aprueben 32 localidades si el POT sale adelante.

Para Paul Bromberg, exalcalde de Bogotá, el aumento en número de localidades “es la única reforma clara del Estatuto que mejoraría la gestión local al disminuir la jurisdicción”. Pero advierte que la forma en que se haría sigue siendo confusa y que no es claro por qué todas las localifdades deberían tener un número similar de pobladores; asegura que el verdadero éxito del modelo depende de las competencias que se le asignen a las UPL.

Para Bogotá hay justificación técnica en algunos aspectos (como la mayor facilidad de a equipamientos y la propuesta de usos múltiples y flexibles en la ciudad), pero hay elementos a revisar en términos de gobernanza, la expectativa de la participación ciudadana.

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Para otros expertos consultados por este diario no hay claridad técnica que justifique que sean 32 las UPL y que estén delimitadas como la actual propuesta de POT. Señalan, incluso, que el proyecto de POT da un plazo de dos años para definir y adelantar un proceso de coparticipación con los ciudadanos: es decir, aún no es cien por ciento claro cuántas localidades deben ser. Y apuntan a que la delimitación de las UPL parece obedecer más a un tema de población y de trayectos de 5 o 30 minutos que a indicadores reales de desarrollo económico, empleo, a equipamientos etc.

Por otro lado, el mismo representante José Daniel López reconoció que un eventual aumento de localidades puede derivar en mayor gasto público.

Otros analistas han dudado también de la pertinencia de crear un Gabinete Local y un Consejo Distrital para Asuntos Locales como mecanismos que mejoren la gobernanza hiperlocal (lea, por ejemplo, la columna de Ómar Oróstegui).

“Eso son más comités, más comisiones, más cosas que no necesariamente van a significar alguna mejora. Significa más reuniones, más viajes, actas. Gobernar no es reunirse, es hacer muy pocas reuniones y dar instrucciones muy claras y tener un sistema control de y seguimiento”, anota Bromberg. Además, frente a los nuevos requisitos para elegir alcaldes locales, asegura que exigir posgrado (como indica la nueva norma) no necesariamente haría una diferencia real: “A cualquiera le pueden dar un posgrado y no hay nada que demuestre que con eso es garantía de una mejor gestión”.

Por su parte, el director de Bogotá Cómo Vamos, asegura que la burocracia en sí, “no tiene tanto que ver con cuánta gente pones, sino con cómo se mueven las instituciones: en eso Bogotá tiene mucho que trabajar. Pero me parece tan grave el tema de los consejos como algo malo, el problema de la burocracia es como funcionamos operativamente. Me preocupa es el tema de las expectativas que tenga la ciudadanía, no veo que esta sea la solución para acercarse más a los ciudadanos”.

Y si en algo coinciden los analistas consultados es que la reforma no es clara en responder a una de las grandes deudas de la ciudad: la garantía de la participación de los ciudadanos.

“Lo disruptivo hubiera sido pensar un involucramiento diferente de la ciudadanía. El estatuto orgánico hace unas modificaciones frente a los gobiernos locales, pero creo que hay que dar una movida hacia otro lugar porque en definitiva se sigue planteando todo desde un lugar estado burocrático. Seguimos sin poner realmente al rostro del ciudadano. Al estar en presente en todo, no te garantiza participación. No veo un componente que vaya a cambiar radicalmente ese tema”, apunta Felipe Bogotá.

Por ahora, aunque la reforma al Estatuto ya es prácticamente ley, la victoria no está cantada. Las inquietudes expuestas por los analistas también son compartidas por concejales, incluso de sectores políticos opuestos, que no descartan demandas ante la Corte Constitucional al considerar que el proyecto tiene inconsistencias. Susana Muhamad (Colombia Humana), por ejemplo, asegura que el desarrollo de la reforma política y istrativa que plantea el proyecto desde el POT es incorrecta e inconstitucional.

“Lo que está diciendo esta ley es que el Concejo debe, a través del POT, redefinir con la propuesta que haga la istración la distribución política-istrativa. El problema es que el POT es un instrumento para definir los usos del suelo, no una reforma política-istrativa”, dice.

Por su parte, el cabildante Andrés Forero (Centro Democrático) pone la lupa sobre los cambios en la aprobación de vigencias futuras al considerar que el Concejo de Bogotá pierde facultades en sus decisiones.

“No entiendo por qué el Senado introdujo un artículo que permite al alcalde de turno, en este caso Claudia López, tramitar vigencias futuras sin necesidad de la participación del Concejo. Eso va en contravía de lo que está dispuesto en otras leyes y sentimos que con esto le están haciendo un favor a la alcaldesa”.

Redacción Bogotá. EL TIEMPO.

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