Bogotá está en cuidados intensivos. El sistema
TransMilenio es atacado todos los días, sus estaciones son dañadas y sus buses, quemados, Cades y Centros de Atención Inmediata (CAI) han sido blanco de criminales. Los vándalos despegan los adoquines del piso como arma de batalla y ni hablar de las obras estancadas. Postes, paraderos y señales de tránsito son arrancados.
¿Quién pagará por esto? La Secretaría Distrital de Seguridad informó que en el marco del paro nacional, los desmanes y actos vandálicos han dejado pérdidas y daños materiales por
$ 31.236’168.390. El sistema de transporte masivo es el más afectado; la reparación de las estaciones y buses tiene un costo de $ 20.359’447.168.
Según voceros de TM, desde el inicio de las protestas, 125 estaciones de las 139 que tiene el sistema han sido vandalizadas y revandalizadas. De estas, actualmente 48 se encuentran inoperativas por no brindar las condiciones de seguridad para los s.
Tres estaciones están operando con esquema de contingencia, es decir, con equipos de validación portátil, y seis estaciones, con cierres parciales. Debido a la magnitud de los daños, como el caso de San Mateo, por ejemplo, la recuperación total de la infraestructura podrá tomar hasta seis meses. De un total de 2.347 buses troncales que tiene el sistema, 894 han tenido algún tipo de afectación y un bus fue incinerado, y de los 6.200 buses que tiene el componente zonal del SITP, 567 han resultado con daños y seis de estos han sido convertidos en cenizas.
Solo en la llamada 'toma de Bogotá', TransMilenio reportó 15 buses del SITP y nueve articulados vandalizados. Los casos más graves se dieron en el cruce de Yomasa (Usme) y en la avenida Villavicencio con calle 85 sur, donde encapuchados retuvieron buses del SITP, los atravesaron en la vía y les prendieron fuego. Una motocicleta de la Policía también fue incinerada en la localidad de Bosa, donde vándalos interceptaron y amenazaron al uniformado que la conducía.
Seguridad
La seguridad de la ciudad ha sido gravemente impactada por daños en su infraestructura. Según la Contraloría de Bogotá, durante una inspección técnica realizada a 43 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la ciudad se evidenciaron serias afectaciones cuyo costo de reparación superaría los $ 1.300 millones. Esto se determinó en una evaluación que realizó el ente de control debido a los ataques que han sufrido en el último mes.
Los 43 comandos afectados, que equivalen al 27 % de los que actualmente existen, se encuentran ubicados en 14 de las 20 localidades de la capital. Sin embargo, 38 de estos siguen operando. El mayor impacto se concentra en los comandos de las localidades del centro, sur y occidente de Bogotá. El ente de control aseguró que se requiere de cerca de seis meses para reconstruirlos, y con los recursos que se invertirán en su reparación se podrían entregar algo más de 2.170 ayudas del programa Ingreso Mínimo Garantizado.
En 2020, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, reparar cada comando destruido costó $ 20’274.993 y cada comando incinerado,
$ 60’804.296. Para entonces, 70 CAI presentaron daños considerables.
En sus visitas, el ente de control halló 12 comandos totalmente destruidos y 31 con algún grado de afectación. De los 43 comandos, 36 presentan afectaciones en sus vidrios blindados; 33, en sus condiciones de iluminación; 31, en sus muros de fachada; 24, en su sistema de comunicación; 40, en su sistema de cámaras de vigilancia; 32 tienen daños en cerraduras; 28, puertas averiadas; 30 presentan afectaciones en sus acometidas eléctricas y 27, en sus acometidas hidráulicas.
Adicionalmente, se observó la sustracción o daño de elementos para la atención a la ciudadanía como sillas, mesas, teléfonos, casilleros y extintores, entre otros. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia reportó afectaciones en 174 vehículos de la Policía.
Obras
La situación de orden público de los últimos días ha afectado negativamente a varios sectores de la economía. Sin embargo, la construcción ha sufrido las consecuencias derivadas de las actividades de tipo social como protestas, manifestaciones, paros y vandalismo. El 100 por ciento de las obras de construcción adelantadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la capital del país han tenido afectación por la situación de orden público, pues todas han sufrido consecuencias directas o indirectas en su ejecución, como la falta de mano de obra por la imposibilidad de movilización del personal.
Esta situación particular se vio reflejada en el total de las obras tanto del subsistema vial como las del sistema TransMilenio. La suspensión del suministro de materiales, como insumos de cantera y plantas de asfalto, provenientes de municipios aledaños a Bogotá, afectó el desarrollo de todas las obras de construcción.
Las obras se vieron afectadas además por la suspensión de transporte de escombros, ya que los botaderos de material autorizados se encuentran en su mayoría en las afueras de la ciudad y con el paro camionero no se permitió la circulación.
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