Violencia intrafamiliar no da tregua en Bogotá: en 2023 hubo 40.084 denuncias y 38 homicidios; ¿qué hacer?

Sandra Liliana Romero Rey dormía tranquilamente en su habitación junto a su compañero César Leonardo Salamanca González, con quien vivía hace más de 13 años. Este mismo hombre planeó vilmente cómo asesinarla.

Según las autoridades, tres semanas antes había comprado un cuchillo. Lo movía la venganza, pues su pareja le dijo que ya no soportaba más la violencia de la que era víctima y que lo mejor era el divorcio. A mansalva, y sin importarle su hija de diez años, la apuñaló cinco veces.

La niña sintió temor, abrió aterrada la puerta de la habitación alertada por los ruidos, y es ahí cuando su padre, ofuscado, le dice que no prenda la luz porque había hecho algo muy malo. Sandra, de 37 años, murió por la gravedad de sus heridas. El preludio de esta tragedia fueron los celos enfermizos de César, su obsesión por controlar todos los movimientos de la madre de su hija, sus amigos, sus redes sociales. Este es tan solo uno de los casos de violencia intrafamiliar que termina en tragedia y que, por lo general, comienza con una denuncia, muchas veces desestimada.

Según cifras de la Secretaría de Integración Social, solo durante el año 2023, 40.084 casos de violencia intrafamiliar fueron reportadas en las comisarías de familia de Bogotá y este año, de enero a marzo, ya se registran 8.949. (Ver infografía). Víctimas hay de todas, pero siguen siendo recurrentes las mujeres entre los 27 y 59 años. En 2023 hubo 4.423 en este rango de edad.

Además, según datos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, con base en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), el 67 por ciento de las víctimas por violencia intrafamiliar son mujeres, los casos se relacionan con violencia en la pareja y las localidades como mayor número de denuncias son Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y Bosa. En las agresiones suelen usarse armas contundentes.

De la misma fuente se obtiene que, entre 2020 y 2023, se denunciaron cerca de 100 asesinatos de mujeres por cada año en Bogotá, de los cuales entre el 15 y el 20 por ciento fueron tipificados como feminicidios. El año pasado hubo 89 y 25 fueron calificados como tal.

Preocupa también, a la luz de lo reportado en las comisarías de familia, que los menores de edad padezcan tanto el flagelo de la violencia intrafamiliar. En 2023, 3.090 menores de 17 años lo padecieron: 863 menores de 5 años, 1.352 niños de 6 a 12 años y 875 de 13 a 17.

Uno de esos casos ocurrió el 3 de septiembre del año 2023, cuando un niño ingresó, en estado crítico, a un centro asistencial en Bogotá. Los médicos dijeron que tenía un trauma abdominal, una fisura en el estómago y los intestinos, y una infección severa que, finalmente, le causaron la muerte. El Instituto Nacional de Medicina determinó que la muerte del menor había sido infligida. Poco tiempo después, las autoridades pidieron la captura, en plena vía pública, del padrastro señalado de este homicidio ocurrido en Bosa. La víctima tenía solo nueve años. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado y se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Hay que aclarar que a las Comisarías también llegan denuncias de hombres, 943 en 2023 y estos parecen ir en ascenso, pero son menos mediáticos.

EL TIEMPO también consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá. Según cifras de la institución, durante este año ya se han presentado 7 asesinatos en el marco de una situación de violencia intrafamiliar, cinco menos que en 2023, teniendo en cuenta el corte del 1 de enero al 23 de abril, pero, en total, el año pasado se tiene registro de 38. Para ellos, las localidades más afectadas por la problemática son Mártires, Usme, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar.

A la luz de esta cruda radiografía, varios expertos han venido advirtiendo la necesidad de que en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024- 2027 esta problemática sea una prioridad.

Catalina Miranda, investigadora de la fundación Ideas para la Paz, explicó que la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia como la psicológica parten de una realidad social que está en el ADN de sociedades donde las relaciones de poder son asimétricas. Dice que el poder económico y físico del hombre sigue siendo superior en una sociedad como la colombiana y que eso hay que estudiarlo en cada territorio. “Por ejemplo, la realidad en Bogotá es muy diferente a la de otros lugares del país. Toca estudiar el impacto del delito según el contexto de la víctima, si es una mujer con oportunidades de estudio y empleo o una de una comunidad indígena o afro con poco a oportunidades e independencia. Lo que quiero decir, es que este es un tema que trasciende el delito y que está muy arraigado a las lógicas patriarcales”.

La experta dice que esta situación también la confirman las cifras que dan cuenta de que las víctimas siguen siendo mujeres y niños en condición de vulnerabilidad o dependencia económica. “Yo sí creo que los roles de poder en una sociedad tienen mucho que ver con esta problemática”.

Miranda también advierte sobre el subregistro que existe en la ciudad. “La pandemia hizo que la realidad estallara porque las víctimas quedaron encerradas con su victimario, pero el subregistro sigue siendo grande. Hay que hacer campañas con enfoques interseccionales desde la infancia para que los niños, por ejemplo, tengan las herramientas para denunciar los casos e incrementar la atención en las casas de justicia. Creo que esto ha mejorado un poco, pero también hay evidencia de que hay revictimización. Debe haber una atención personalizada, adecuada, técnica y empática. Hay que formar a más profesionales para que las víctimas sepan el paso a paso a seguir”.

Hugo Acero, experto en seguridad y autor del documento ‘Género, seguridad ciudadana y justicia’ señala, no obstante, que la experiencia de Bogotá en casi 30 años, muestra que, aunque no como debiera, se ha avanzado en un camino que puede servir para que otros países, ciudades y regiones puedan comenzar a incluir la perspectiva de género en las políticas públicas de seguridad y justicia y que hay que seguir por esa senda.

Recordó que fue gracias al exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, en 1995, que el tema cobró relevancia dentro de su política de seguridad al considerarse que más que la pobreza, uno de los orígenes de la violencia en Colombia, está en la que se ejerce en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, especialmente al interior de los hogares y recordó una frase célebre del mismo. “Se puede asegurar que la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil son la causa más importante de la violencia en todos sus órdenes, en la medida en que, en los procesos de socialización, que se llevan a cabo en el interior de los hogares y en los espacios privados, el valor de la no violencia se quebranta con prácticas violentas, se establece por norma que la violencia es un mecanismo de interrelación entre las personas y que se ejerce sobre los más débiles”.

Acero explicó en su documento que, con esta visión, el tema de violencia intrafamiliar se posicionó como parte de la política pública de seguridad y justicia en la ciudad, dejó de abordarse solamente desde la óptica del bienestar familiar y se amplió a la garantía de seguridad que deben tener las mujeres, los niños, las niñas y los adultos mayores en el ámbito privado. “De esta manera, la violencia ejercida en el ámbito privado fue considerada y asumida como delito que debe ser investigado y sancionado desde el ámbito judicial. En esta línea, se fortalecieron las comisarías de familia, que pasaron de ser cinco en 1995 y que atendían cerca de diez mil casos de violencia intrafamiliar al año, a ser hoy treinta y seis, que atienden más de treinta mil casos al año y más de cuarenta y cinco mil conciliaciones generales, un número considerable de casos que no alcanza a reflejar en su verdadera dimensión esta violencia que, en los registros oficiales, sigue teniendo un alto porcentaje de no denuncia”.

Y agregó que, para complementar estos avances, en 2014 Bogotá se creó la primera Secretaría de la Mujer del país que, contribuyó a que la perspectiva de género no solo estuviera presente en los temas de seguridad y justicia, sino en las demás áreas de desarrollo de la ciudad.

Lo cierto es que además de la atención, lo que muchos dicen es que hay que frenar el aumento de los casos de violencia intrafamiliar. Para la concejal Diana Diago “El machismo está arraigado en nuestra sociedad y tenemos que dejarlo atrás. En la mayoría de casos, son mujeres quienes conviven con sus victimarios y las cifras lo demuestran. Esto no puede continuar en Bogotá”.

Por lo pronto se espera que el PPD contemple esta problemática y que a corto y largo plazo se vean los resultados. El documento dice que se tiene proyectada la inversión de 197.302.051.772 pesos en un programa de cero tolerancias a las violencias contra las mujeres y basadas en género y 898.781.032.058 en servicios centrados en la justicia.

Según la istración del alcalde Carlos Fernando Galán, en el documento se contempla que los casos de representación jurídica ejercida por la Secretaría Distrital de la Mujer que requieran servicios de psicología forense y acompañamiento psicosocial, accedan a los mismos.

También garantizar la prestación de servicios socio jurídicos y psicosociales especializados a las mujeres víctimas de violencia remitidas a través de las estrategias Línea Púrpura, Agencia Mujer, sistema de alertas tempranas y hospitales, entre otros.

Otra propuesta es la de fortalecer las Casas Refugio que prestan los servicios con enfoque diferencial a mujeres víctimas de violencia y sus sistemas familiares dependientes,  incluyendo una casa para mujeres de la ruralidad y campesinas y un modelo intermedio.

Las autoridades distritales también proponen aumentar la presencia en espacios interinstitucionales para atención a mujeres víctimas de violencia en los Centros de Atención de Fiscalía y URIs Implementar un modelo integral para garantizar los derechos humanos de las mujeres construyendo entornos seguros e incluyentes en transporte y espacio público.

Por ahora, los casos no cesan y es la sevicia con la que se cometen las agresiones la que más sigue sorprendiendo a la ciudadanía en general y cobrando al año decenas de víctimas. 

Andrés Nieto, analista en seguridad, dijo que la cruda radiografía de la violencia intrafamiliar actual era algo que ya se había advertido desde el cierre de 2022 y el inicio de 2021 desde varios centros de pensamiento y universidades como la Central. “Se dijo que iba a ocurrir un efecto rebote en términos de casos, incluyendo: homicidios, lesiones personales, violencia intrafamiliar, y delitos sexuales”.

También se aseguró que las medidas que se tomaran en materia de seguridad no iban a impactar casos de violencias sexual o intrafamiliar porque estos ocurren es dentro del hogar. “En más del 80 por ciento de los casos el agresor es un familiar”, explicó. 

Nieto añadió que hay tres agravantes. El primero es que la pandemia profundizó todo porque no solo cambió el relacionamiento sino las horas que pasaba la pareja en el mismo espacio y eso hizo que surgieran tensiones que antes no existían y que han ido escalando por la falta de acompañamiento psicosocial en los grupos familiares. “Hoy los sistemas atienden temas de salud mental de manera individual y no colectivos”.

Lo segundo, según el experto, es que las dinámicas y los problemas económicos, tal como lo ha dicho la revista Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal, son el punto de entrada para la violencia intrafamiliar. “Así que ahí entra a jugar toda la crisis económica actual, las pérdidas de empleo, pues afectan directamente los ingresos de las familias. Esa violencia comienza en lo simbólico y termina en lo físico”.

Y lo tercero, dice Nieto, es que perdura el problema que existía incluso antes de la pandemia por la falta de cobertura de las rutas de atención. “La violencia intrafamiliar es la puerta de ingreso hacia un feminicidio. En Latinoamérica muchas mujeres que resultan en estas lamentables situaciones ya habían avisado. Se estima que de cada 10 mujeres que han sido víctimas, al menos seis ya habían acudido a una autoridad para pedir ayuda, protección, medidas especiales o atención. Lastimosamente, así se haya avanzado en las principales ciudades todavía falta cobertura y no solamente para la víctima directa sino para las indirectas, como lo son los menores de edad y los adultos mayores a cargo”.

‘Una llamada de vida’ (601) 380 8400 de las Comisarías de Familia.
Las Casas de Justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Línea 141 del Instituto de Bienestar Familiar.
Línea Calma 01 8000 423 614 para atención a Hombres.
Línea 123 para reportar cualquier emergencia.

CAROL MALAVER
SUBEDITORA BOGOTÁ
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