Atentado contra funcionario de la Dian en Barranquilla despierta sospechas por vínculos con redes de contrabando

El atentado sicarial del que fue víctima Edgardo Fernández Martínez, funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ocurrido en la mañana del lunes 21 de abril en Barranquilla, ha encendido las alarmas entre las autoridades judiciales y istrativas del país. 

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Aunque aún no se conocen oficialmente los móviles del ataque, las investigaciones preliminares no descartan que pueda estar vinculado con el proceso disciplinario y penal que enfrenta Fernández por presunto favorecimiento al contrabando y lavado de activos.

El ataque tuvo lugar a plena luz del día, en la zona externa de un reconocido almacén de cadena en el norte de la ciudad. Testigos afirman que Fernández se encontraba compartiendo un café con amigos cuando fue abordado por un hombre armado que, sin mediar palabra, le disparó directamente a la cabeza antes de huir del lugar. El funcionario fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde permanece internado bajo estricta vigilancia médica y en estado crítico, con pronóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla ha iniciado la recopilación de pruebas, incluyendo los registros de las cámaras de seguridad de la zona, entrevistas a testigos presenciales y análisis de los antecedentes judiciales de la víctima, en un intento por establecer si el hecho fue un atentado selectivo con motivaciones relacionadas a su labor en la Dian o a las investigaciones en su contra.

El director nacional de la Dian, Luis Eduardo Llinás, quien se encuentra en Barranquilla participando en el evento 'Aduanas, una misión público-privada', organizado por Analdex, confirmó públicamente que Fernández estaba siendo investigado por presuntas actividades ilícitas.

No obstante, el director subrayó la necesidad de respetar la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones. “Esperamos su pronta y satisfactoria recuperación. Y aunque hay indicios, no podemos dar por sentado ningún vínculo sin pruebas concluyentes. La justicia debe hacer su trabajo”, enfatizó.

Llinás aprovechó la ocasión para hablar con franqueza sobre los desafíos que enfrenta la entidad en la lucha contra el contrabando y el lavado de dinero. Reconoció que existen funcionarios que han sido cooptados por estructuras criminales, como la de alias ‘Papá Pitufo’, una organización mafiosa vinculada al contrabando de mercancías en distintas regiones del país.

“Hay manzanas podridas, eso es una realidad que no podemos ignorar. Pero también quiero dejar claro que no representan la totalidad de nuestros funcionarios. En la Dian trabaja gente muy cualificada, técnica, con años de experiencia y profundo sentido ético. No obstante, también hay profesionales que han optado por servir a las grandes mafias, y esos deben ser identificados y judicializados”, advirtió el directivo.

La situación ha generado preocupación entre los trabajadores de la Dian, quienes han manifestado temor frente a posibles represalias derivadas de sus funciones en procesos investigativos o sancionatorios. El sindicato de empleados de la entidad solicitó mayores garantías de seguridad, especialmente para quienes están vinculados a áreas sensibles como control aduanero, fiscalización o investigaciones especiales.

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) trabajan en conjunto con la Policía Judicial para esclarecer los hechos. La línea investigativa que más fuerza cobra apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado a intereses del crimen organizado, dada la naturaleza del cargo y las denuncias que pesaban sobre el funcionario.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre la necesidad de depurar las instituciones del Estado, especialmente aquellas que manejan información sensible y recursos estratégicos como el comercio exterior. 

El director destacó que la transparencia, el control interno y la protección a los funcionarios probos son ahora temas prioritarios en la agenda de la Dian, en medio de una coyuntura en la que la lucha contra el contrabando no solo se libra en los puertos o las aduanas, sino también en el interior de las propias oficinas públicas.