Robo de tierras en Soledad: a prisión 12 presuntos implicados en red que involucra a funcionarios y exfuncionarios

En una extensa audiencia de control de garantías, el Juzgado 102 Penal Municipal Ambulante de Barranquilla dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra 12 de los 17 capturados por integrar, presuntamente, una red dedicada al robo sistemático de tierras en el municipio de Soledad, Atlántico. 

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La decisión judicial es el resultado de una investigación que vincula a abogados, funcionarios de distintas dependencias públicas y particulares que, según la Fiscalía, actuaron de forma coordinada para apropiarse ilegalmente de predios de alto valor comercial. 

Entre los enviados a prisión se encuentran José Peñaloza, señalado como poseedor irregular; los abogados José Márquez, Rafael Bossio y Alex Ahumada; José Luis Pacheco, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad; el inspector Marlon Mora (cuya captura aún no ha sido legalizada por errores de procedimiento); la presunta agente corruptora Inés Salas; el supuesto testigo falso Roque José Lugo; y Wilmar Machuca, otro supuesto poseedor irregular.

También fueron enviados a centro carcelario Luis Miguel Martínez, presunto agente corruptor; Andrés Diazgranados, funcionario de la Secretaría de Gobierno de Soledad; y la exinspectora Neisy Cantillo Del Toro.Por su parte, Ismael Cárcamo, también señalado como agente corruptor, deberá cumplir la detención preventiva en su lugar de residencia debido a su avanzada edad.

En contraste, cuatro personas quedaron en libertad: el notario único de Santo Tomás, Francisco Mejía, y los exregistradores David Castro Macías, Juan Manuel Ucrós e Iván Páez. El juez a cargo del caso explicó que, en el caso del notario, su función se limita a verificar la formalidad de los documentos, mas no a validar la legalidad de los actos de las partes involucradas. "Su función es dar fe de la autenticidad formal, no otorgar legalidad externa del acto que presentan las partes", subrayó el operador judicial.

Sobre los exregistradores, el juzgado sostuvo que su responsabilidad está en “guardar la fe pública”, y que no contaban con los mecanismos para verificar en profundidad la autenticidad o legalidad del conjunto de documentos presentados ante sus despachos en los trámites cuestionados.

Estas personas fueron imputadas por múltiples delitos, entre ellos: peculado por apropiación, falsedad en documento privado, estafa, falsedad material en documento público, prevaricato por acción y por omisión, invasión de tierras o edificaciones, uso de documento falso, urbanización ilegal, falso testimonio, cohecho y asociación para la comisión de delitos contra la istración pública. La Fiscalía indicó que se trata de una estructura criminal compleja, con roles distribuidos y participación de funcionarios con capacidad de manipular el aparato estatal para lograr la apropiación de predios.

Uno de los casos que sustenta la acusación involucra un terreno en el barrio El Manantial de Soledad, cedido por la constructora Arquitectura y Concreto a la Alcaldía municipal para la construcción de una zona verde.

Otro de los lotes fue donado por la firma Marval para la construcción de un megacolegio, mientras que el tercer predio está identificado como la finca Villa Regina, ubicada en la zona de Granabastos, de propiedad de la firma Tcherassi Mayans & Compañía S. en C.

En este contexto, también fue capturada la notaria segunda de Barranquilla, Ana Dolores Meza Caballero, a quien la Fiscalía señala de haber participado en la legalización irregular de escrituras relacionadas con varios de estos predios. Por razones de salud, Meza fue cobijada con medida de aseguramiento domiciliaria. Su rol en la presunta red se considera clave, dado que su notaría habría servido como punto de legitimación de actos fraudulentos, según la Fiscalía.

En total, fueron legalizadas 16 de las 17 capturas. La única excepción fue la del inspector Marlon Mora, cuya detención presentó errores de forma en el procedimiento de aprehensión, lo que impidió que el juez avalara su legalidad, aunque sí se le dictó medida de aseguramiento en espera de la corrección del trámite.

La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y no descarta nuevas imputaciones. Según fuentes del ente acusador, este sería uno de los casos más graves de apropiación ilegal de terrenos en el Atlántico, tanto por el valor de los predios como por el nivel de coordinación entre actores públicos y privados. 

El proceso judicial apenas comienza, pero ya ha dejado en evidencia una red que, de comprobarse, operó durante años bajo el amparo de documentos falsos, actuaciones istrativas amañadas y un complejo entramado de corrupción.