El robo del agua en el departamento del Atlántico no es una noticia nueva. Lo preocupante es que este fenómeno, lejos de estar controlado, está en aumento y afecta de manera significativa el suministro de agua en varios municipios.
El dato proporcionado por la Secretaria de Agua Potable del Atlántico, Lady Johana Ospina, revela un nivel de robo del 72 por ciento, lo que evidencia la magnitud del problema.
La funcionaria denuncia que fincas, casas campestres, hoteles y hasta proyectos urbanísticos en desarrollo son los principales responsables de esta situación, que en esta temporada de falta de lluvias y sequía extrema se torna dramática para cientos de familias.
Ospina asegura que el robo se concentra principalmente en los corregimientos, donde propietarios de terrenos aprovechan que las tuberías pasan cerca a sus fincas para chuzar el tubo y sustraer el agua destinada a las comunidades.
Lo alarmante de este caso son las millonarias inversiones realizada por los gobiernos departamentales de turno, con dinero de los contribuyentes.
Solo en el municipio de Polonuevo se ejecutaron proyectos por más de 70 mil millones de pesos para garantizar el suministro de agua potable las 24 horas los 7 días de la semana y la realidad es que los habitantes de esta zona, en el centro del departamento, siguen padeciendo por el servicio.
Ni decir de la zona costera, en donde los habitantes de municipios como Juan de Acosta y Tubará sufren por esta esta situación que está generando una crisis en el suministro de agua, lo que impacta negativamente en la calidad de vida de los habitantes de la región.
La instalación de tuberías ilegales en medio de fincas dificulta la detección de estas irregularidades, lo que complica aún más la situación.
Además, se menciona que el agua robada se destina a usos no autorizados, como llenar piscinas, jagüeyes e incluso para fines como caballerizas. Vacas, caballos y burros toman agua de mejor calidad que muchas familias.
El robo de agua es en todos lados
Este delito no solo está afectando a los municipios costeros y del centro y sur del departamento. En Barranquilla a empresa Triple A reportó hace una semana que realizó un operativo por unas acometidas conectadas de manera irregular en el sector entre La Pradera y Juan Mina, de esta capital.
En el lugar se detectaron tuberías de media, una y dos pulgadas conectadas al sistema para suministrar el líquido a bodegas con fines industriales. La empresa denunció que el fraude hallado es reiterativo : "el año pasado se descubrió aquí mismo conexiones ilegales, por lo que se realizó una captura de cuatro personas y, ahora se conectaron nuevamente", indicó la compañía.
Dada la magnitud del fraude con el cual se suministraba agua a cerca de 40 bodegas industriales en el sector. Triple A reveló que se pierden alrededor de 17.000 millones de pesos mensuales debido a este tipo de conexiones ilegales.
Más acciones de las autoridades
Es evidente que se requieren acciones urgentes por parte de las autoridades locales para abordar este problema y garantizar el equitativo al agua potable para todos los habitantes del Atlántico.
Ante la defraudación que se presenta por este tipo de delitos se requiere de una reacción más fuerte por parte de la legislación penal, una nueva política criminal frente al hurto y al fraude por el robo de agua. Más fortaleza, más claridad, más capacidad de investigación de la Fiscalía General de la Nación frente a estos casos.
Esto podría incluir medidas de vigilancia y sanciones más estrictas para quienes participen en el robo de agua, sin abandonar las inversiones en infraestructura para mejorar la distribución y evitar fugas.