COP16: problemas ambientales, entre causas del estallido social en el país; así lo explican expertos, autoridades y comunidad

Aquellos suelos empinados se volvieron movedizos cuesta abajo. En esas montañas del norte del Cauca, donde hace más de 30 años llegaron a asentarse Fulgencio y casi un centenar de indígenas, ya no brotan plantaciones de maíz, papa, plátano ni yuca. 

Estos nasas cuentan que en tiempos de sus ancestros -que se remontan antes de la Conquista-, sus familias estaban en las planicies de las 349 mil hectáreas del norte caucano, pero con el paso de los siglos y de los últimos años con la llegada de hombres con fusiles al hombro, y al tiempo, con la tecnificación de los terrenos, muchos de ellos tuvieron que ir a vivir a las montañas. 

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Lo hacían en parcelas, donde la 'Madre Tierra' se ha venido revelando con el paso de las décadas ante la contaminación, la deforestación y la minería ilegal por parte de grupos armados que suelen camuflarse en las cuencas, algunas de las cuales, se han secado en bastas áreas de ríos, como la del Sambingo, en la zona de El Patía,  más hacia el suroccidente caucano y donde sus pobladores luchan por resucitarla.

Son grupos armados, entre disidentes de 'Iván Mordisco' y herederos del terror narcoparamilitar, que en esta cadena al otro lado de la ley arrastran a una comunidad sin alternativas de forjarse un futuro con sus hogares, como la del pancoger, por lo que sus habitantes terminan siendo reclutados o manipulados, en algunos casos a la fuerza cuando el ultimátum es con alguna arma de fuego, para sembrar, en lugar de esa yuca, papa, plátano o maíz, los cultivos de coca al servicio del narcotráfico y no con el propósito sagrado de asumirla como un símbolo de vida o de conexión con la Tierra con usos medicinales.

"Se está acabando la posibilidad de comer", dice Fulgencio, al explicar que este centenar de indígenas permanece en una de las haciendas cañicultoras de esta región, Vistahermosa, en Santander de Quilichao, ocupada ilegalmente desde hace más de cuatro años. Y aunque estos indígenas son conscientes de que estos terrenos son predios privados, tanto de ingenios azucareros, como de cañicultores independientes, aseguran que los problemas ambientales, como la erosión, no les dejaron otra opción, clamando al Estado por salidas de educación, salud, pero sobre todo, vivienda, insistiendo en la posibilidad del pancoger y no en la de quedar reducidos a unidades habitacionales en esa 'selva' de concreto que son las ciudades. Es un gran dilema que se ha extendido a lo largo de la historia sin hasta ahora una solución estatal.

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"Nuestros ancestros vivían en la parte plana, siglos atrás. Pero luego tuvimos que subir a esas montañas que no eran para vivir", dice Fulgencio en Vistahermosa. Es una de las más de 30 haciendas en Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené y Miranda, que siguen invadidas, algunas desde hace más años y otras, desde hace casi dos décadas, dejando a los ingenios y cañicultores en una encrucijada por ser gravemente afectados con millonarias pérdidas que continúan acumulándose. Por ello, desde gremios, como la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña), piden al Gobierno Nacional celeridad en soluciones a estas invasiones que han implicado atentados y muertes de trabajadores de esta industria en lo corrido del año.

Pese a las diferencias, entre indígenas, ingenios y otros particulares, todos ellos llegan a una misma conclusión: lograr acuerdos y soluciones que permitan una mayor equidad en la tenencia de la tierra en el Cauca.

Una investigación del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali arroja que “cerca del 40 % de la tierra en Cauca son predios mayores de 50 hectáreas y pertenecen a menos del 1 % de los propietarios”. Además, “el 13,46 % de la superficie del norte del Cauca está constituido por predios menores de 3 hectáreas y pertenecen al 77 % de los propietarios”.

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Josefina Alarcón es una habitante de la zona Alto del Buey, en la vereda Peñas Blancas. Es una zona del corregimiento de Pichindé, en Cali, que forma parte del imponente cinturón de los Farallones de Cali, el parque nacional natural considerado como 'la joya de la Corona' en biodiversidad de la ciudad y del Valle del Cauca por el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, y la secretaria de Turismo distrital, Mábel Lara.  

Si bien, las autoridades le han declarado la guerra a la minería ilegal en esta reserva de 196.364 hectáreas (suman 392 mil campos de fútbol) que representa una riqueza en biodiversidad con tres ecosistemas, nacimientos de más de 30 ríos y múltiples especies, dejando más de 37 órdenes de captura y más de una docena de minas cerradas desde el 2023 hasta el inicio de la COP16, desde el 21 de octubre de este 2024, Josefina no deja de sorprenderse por hombres en carros de alta gama que llegan hasta donde la carretera de de Peñas Blancas lo permite.

‘Patequeso’, ‘Juan Jetial’, 'El Feo', ‘Óscar Martínez’, 'El Paisa' y ‘La laguna’ son más que socavones que han perforado las entrañas de Farallones. Conforman el área de las llamadas minas de El Socorro, en Peñas Blancas y Alto del Buey. Aunque en 'El Feo' o 'Patequeso' se han cerrado minas, solo hace un mes, según la alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana de la ciudad, en el primero se evidenció un intento de reabrir el socavón que había sido cerrado en diciembre de 2023 y se frustró la intención de abrir un segundo. Mientras que en ‘Patequeso’ se destruyeron 10 complejos habitacionales, una cocina, un baño, tres granuladores o molederos e igual número de motores. 

En cuanto a la mina ‘El Paisa’ fueron destruidos cinco complejos habitacionales, dos motores y herramientas para maquinaria.

“No es aceptable que Cali, la ciudad de los siete ríos, una capital biodiversa y sede de la COP16, tenga la minería ilegal arraigada en el territorio. Seguimos trabajando articuladamente con el ministerio de Ambiente, la Fuerza Pública, gobernación del Valle y Parques Nacionales, con la meta de cerrar este año todas las bocaminas de Farallones", expresa el alcalde. 

"El problema es que jóvenes llegan de otras partes o se van los locales a las minas que están desempleados", dice Josefina.

En los Farallones, de acuerdo con el ministerio de Ambiente, hay daños en más de mil hectáreas con destrucción de bosques y contaminación de ríos con cianuro y mercurio para la minería ilegal que tardarán, por lo menos, 20 años en ser recuperadas. 

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La minería ilegal figura entre los principales factores que han venido generando inestabilidad en los suelos, causando como resultado, derrumbes que terminan afectando poblados, de acuerdo con informes de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), que como autoridad ambiental del departamento ha venido recalcando los impactos, entre suelos erosionados y deforestados, responsables de esos deslizamientos. 

Por ejemplo, en el corregimiento de Pance, en Cali que colinda con Farallones, cuando arrecian las lluvias no faltan derrumbes y así ocurrió en Cali, en 2021. En ese entonces, hubo alrededor de 50 deslizamientos solo en cuatro meses de ese año, en la zona de ladera de la ciudad hasta abril, el mes del inicio del estallido social en todo el país, en ese año.

Es que cuando se habla del estallido social es inevitable traer de la memoria, uno de los episodios más violentos y críticos para la economía del país. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) dio cuenta, con base en información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, entre el 28 de abril y el 5 de junio de hace tres años se registraron 51 personas fallecidas en todo el país. De esa cifra, 13 personas perdieron la vida en Cali, con base en informes de la Fiscalía.

Pero más allá de esa violencia, entre las causas o los antecedentes del estallido social en Colombia aparecen los de tipo ambiental, atravesados por crisis económicas. Esta fue una de las tesis sostenidas durante el conversatorio 'El estallido social y las repercusiones ambientales en el territorio', dentro de la Zona Verde de la COP16, en Cali. Se realizó en el centro cultural del Banco de la República de la ciudad.  

El gerente de la Región istrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central), Ricardo Agudelo, explica cómo esos antecedentes o problemas ambientales en las zonas rurales de Colombia condujeron a que en las ciudades principales, como Bogotá, Medellín o Cali -la más golpeada del territorio nacional por el estallido social- descendieran a los cascos urbanos con violentas protestas, problemas relacionados con la situación, la tenencia y las condiciones de los suelos, recalcando la existencia de comunidades afectadas por estos problemas, entre ellos, los indígenas y los campesinos, jóvenes y adultos.  

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Al recordar esa dolorosa historia, en el caso de Cali, fue en mayo de aquel 2021 del paro nacional con el estallido social, cuando los indígenas organizaron una minga que partió desde zonas del Cauca, sobre todo, del norte de ese departamento vecino del Valle, algunos de los cuales, salieron de las haciendas cañicultoras invadidas para exigir soluciones de tierras. A la llegada de los aborígenes a Cali se desató un tiroteo de hombres armados que dejó heridos a 12 de la minga.

"Está diagnosticado lo que pasó, toda esa acumulación de conflictos, descontento sobre todo en actores que se sentían excluidos. Ese estallido fue fundamentalmente en las ciudades, pero resumió una cantidad de aspectos relacionados con lo rural. Los  indígenas vinieron a Cali y hubo movimientos en Santurbán (páramo entre Santander y Norte de Santander)", explica el gerente de la RAP-E Región Central.

En otras palabras, según Agudelo, el estallido social fue la consecuencia de implicaciones ambientales y económicas. 

El subgerente de la Región istrativa y de Planeación Especial (RAP) del Gran Santander, Víctor Jhoel Bustos, coincide con el gerente de la RAP Región Central en esa afirmación. 

"Hubo variables que dieron origen al estallido social, como los aspectos ambientales. en el caso de Norte de Santander, como los parameros (provenientes del páramo) de Santurbán", dice Bustos. Añade que la apuesta de la Gobernación de ese 2021 "fue establecer mesas de dialogo con los lideres para escuchar las razones de hecho y de  derechos frente a las peticiones que han venido manifestando". 

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Anota que en 13 mesas de diálogo se recogieron inquietudes sobre los páramos, protección de humedales, bosques tropicales y el uso de la tierra. "Esto permitió establecer una especie de gobernanza ambiental", asegura y dice también que de esos 13 acuerdos se cumplieron 11, reflejándose en que no hubo situaciones violentas en esta región ni hubo muertos. EL TIEMPO al preguntarle sobre las víctimas que dejó el estallido social, recalca la importancia del diálogo sobre este tipo de aspectos, diálogo que evitó esos choques de sectores sociales.

No obstante, indica que hoy aún hay campesinos de los páramos que sienten que no se ha avanzado en esos acuerdos ambientales sobre la delimitación de tierras productivas y por ello, sucedieron los bloqueos de esta semana, en vías de los santanderes, como en el corregimiento de Berlín o a la altura del peaje del Picacho; en la vía Tona- Gramal y también en Vetas- California. 

El presidente de la Federación de Parameros del Nororiente de Colombia, Roberto Arango, dice al respecto: “Después de muchas conversaciones con el Gobierno Nacional y la venida del presidente Petro a Málaga, a inicios del año pasado, en donde aseguró que la delimitación de páramos era una trampa contra los campesinos. Las mesas de negociación que se instalaron no funcionaron por una actitud sectaria del ministerio de Ambiente”.

Y aunque en Cali no se han presentado movilizaciones sociales en este 2024 con graves taponamientos hasta con quemas de llantas en barricadas en los s y salidas de la ciudad, como los que hubo durante el estallido social, los indígenas hicieron parte de una nueva minga, la del 21 de octubre pasado, día del arranque de la COP16, saliendo como es usual del Cauca hasta la capital del Valle, pero para elevar otra vez, su clamor sobre la tenencia de tierras, el pancoger y los daños ambientales (la deforestación y la minería ilegal, específicamente). Entre los participantes de esa minga estuvieron algunos de los aborígenes que siguen en haciendas cañicultoras, como Vistahermosa.

Asimismo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali también coinciden en que estos fenómenos, tanto los del Cauca, como la minería en Farallones, tienen relación con las economías ilícitas y hasta tanto no se erradiquen continuarán creciendo. Es así que durante la época del estallido, en ese 2021, se contabilizaban hasta 400 perforaciones en Farallones por minería ilegal de oro con afectación en 670 hectáreas, cifra que aumentó a las mil hectáreas en este 2024.

"Una de las cosas que afecta la biodiversidad en nuestra región son las economías ilícitas, la droga y la minería ilegal, que además contaminan", enfatiza la gobernadora y así lo ha hecho durante el desarrollo de la COP16. 

Mientras tanto, el alcalde de Cali reitera en la COP16, el llamado a los líderes mundiales de contrarrestar los grupos criminales y esas economías que mantienen heridas las entrañas de Farallones, además de la zona suroccidental y occidental de la ciudad con terrenos erosionados, inclusive por incendios provocados por mafias que buscan a ciudadanos incautos para levantar vivienda en sitios habitados por flora y fauna.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali