La denuncia sobre presuntos acosos a una exfuncionarios de la Empresa Social del Estado (ESE) Oriente fue divulgada durante una sesión del Concejo de Cali.
En medio de un informe sobre cuentas en esa entidad, el concejal conservador Fernando Tamayo dijo que conoció la carta y anotó que puede ser una 'caja de Pandora'.
Ante la Comisión de Institutos del Concejo de Cali, en debate de control político, el concejal Tamayo dijo que tiene en su poder "una carta radicada a la gerencia de la ESE Oriente fechada el 3 de septiembre de 2020 con número de radicación 14781, firmada por una exfuncionaria, que indicó que fue desvinculada sin tener llamados de atención".
"Con gran sorpesa fui notificada, mediante oficio, de mi retiro. Quiero dejar constancia de que desde hace varios meses para acá me he sentido acosada, hostigada, perseguida con conductas que rayan en lo libidinoso, realizando manifestaciones morbosas, las que calcan de manera perfecta el tipo penal de acoso sexual y es por eso que acudiré a la Fiscalía a denunciar tales hechos", dice la carta de la funcionaria y señala a una persona vinculada a una de las áreas de la ESE.
El abogado Óscar Ipia López, gerente de la ESE Oriente, expresó que "no cubro a nadie en el tema de acoso laboral. Se trata de una exfuncionaria de la Empresa, incluso se le hizo la sugerencia que pusiera el tema en conocimiento de la Fiscalía”.
No cubro a nadie en el tema de acoso laboral. Se trata de una exfuncionaria de la Empresa, incluso se le hizo la sugerencia que pusiera el tema en conocimiento de la Fiscalía
No se precisó en la sesión si la denuncia ya esta radicada ante las autoridades.
Tamayo se refiere a que la entidad tiene problemas istrativos como una baja recuperación de cartera (le deben $1998 millones y le han pagado $144 millones), mucha de esa contratación sin respaldo de un contrato.
También señaló preocupación por el funcionamiento de la nueva clínica Unida por la vida (ubicada en la antigua sede de Champagnat y que se puso en operación para atender la contingencia de salud por la pandemia del covid-19), a la cual se destinaron $7.984 millones para su operación.
Respecto de los cuestionamientos en materia financiera, Ipia defendió su gestión en materia de servicios de salud, al afirmar “que si bien la población atendida está expuesta al covid-19, se ha podido controlar los contagios y evitar la mortalidad en un modelo de rentabilidad social”.