El billonario contrato que endeudó a Emcali; Gobierno apoya no pagarle más

La lucha por cerrar la que se convirtió en una billonaria deuda para las Empresas Municipales de Cali (Emcali) con la Nación acaba de dar otro paso.

El Gobierno decidió que la empresa de servicios públicos no continuaría pagándole ese pasivo. Es una proposición que será incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.

En el proceso, congresistas y sindicalistas han elevado peticiones ante el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y el director de Crédito Público, José Roberto Acosta. Se ha contado con apoyo de bancada parlamentaria y algunos gremios.

El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que este fue un logro del Sindicato, gerencia, bancada y istración para que cese una deuda "que ha sido injusta porque desde el inicio se planteó la cofinanciación de un crédito y lo estaba asumiendo solo la ciudad".

Dijo que así se le hizo saber al presidente Gustavo Petro. 

La obligación corresponde a un préstamo que Emcali asumió con un banco japonés, a mediados de los años 90 para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Cañaveralejo, que hoy funciona en el nororiente de Cali.

En 1997, en la gerencia de la Ptar Cañaveralejo se manifestó que no había preguntas y cuestionamientos sobre la contratación de un consorcio internacional de cinco firmas para una obra que inicialmente se contemplaba en US $ 83.000 millones.

El proyecto de la Ptar empezó con polémica desde la licitación que fue declarada desierta cuando dos consorcios presentaron propuestas económicas por unos

US $ 160 millones de dólares, superando el precio establecido por Emcali.

Se declaró desierta y luego se contrató de manera directa con un consorcio de cinco de las firmas (entre ellas, Odebrecht) que se presentaron en la primera oferta.

La firma del contrato de la obra al consorcio integrado por las empresas Constructora Norberth Odebrech de Brasil, Mitsubishi, Corporation de Japón, Degremont S.A. Colombia, Degremont S.A. Argentina y Conciviles S.A. de Colombia se realizó el 6 de junio de 1997.

En esa ocasión, la Procuraduría recomendó a Emcali acatar estrictamente los alcances de una resolución de solicitud de cotización con la que abrió la primera licitación para las obras de la Ptar, que permitía a todos los proponentes participar en igualdad de condiciones, sin que medie discriminación alguna.

En 1998, el entonces gerente de Emcali, José Maria Zambrano, iba a dar por terminado el contrato por vicios de nulidad, pero no hubo acuerdo con el gobierno local. 

Pero durante 12 años hubo obstáculos para la financiación de la Ptar y en la definición de su diseño técnico. 

Tras cuestionamientos, finalmente, la planta de tratamiento de aguas residuales se construyó en un lote de 22 hectáreas, en terrenos ubicados entre el barrio Alfonso López y Pertecuy, en el nororiente caleño.

En abril del 2000, Emcali fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, ante la crisis de la empresa y señalamiento de presunta corrupción. 

En ese entonces, la Nación asumió los pagos del crédito por la Ptar. 

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Transcurrieron 13 años y la Nación cobraba los pagos por el crédito.

Estos cobros sucedieron a partir de ese 2013, cuando fue levantada la intervención y se dispuso que Emcali debía pagarle a la Nación cerca de un billón de pesos, pese a que desde 1995, el gobierno de Ernesto Samper había dejado un Conpes en el que la Nación debía asumir el 80 % de la deuda.

En 2015, con el gobierno pasado de Cali, se extendieron los plazos de estos pagos. Pero en Emcali sostuvieron que no se hizo cumplir el compromiso de la deuda.

La controversia ha sido prolongada. El Sindicato de Trabajadores (Sintraemcali) y  la Unión Sindical USE), con la voz de los senadores Wilson Arias y Alexánder López, han insistido en la validez de ese  documento y pidieron trato similar a la condonación del Metro de Medellín o Electrocaribe.

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El 12 de abril de este 2023, la Comisión IV del Senado aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión para tratar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la extinción de la deuda de Emcali con Nación. Era una proposición de los senadores Wilson Arias y Abraham Jiménez.

El hoy gerente de Emcali, Fulvio Leonardo Soto, anunció que el Gobierno acompañó la proposición presentada por el senador Wilson Arias ante  la Comisión Cuarta del Senado para que se extinga la deuda.

Soto dijo que Emcali venía respondiendo ya por una obligación de un billón 100.000 millones de pesos, en proyección a 10 años. “Significa que no se tendría que pagar a la Nación y ese dinero se podría reinvertir en los sectores de de acueducto y allcantarillado, que ya venimos avanzando. Igualmente para energía y telecomunicaciones”, aseguró el funcionario.

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En ese empeño lo acompañaron congresistas Jorge Alejandro Ocampo, Alfredo Mondragón, Christian Garcés y la bancada parlamentaria.

Sergio Mauricio Zamora señala que "es una excelente noticia para Cali y la región. El gobierno del cambio les cumple a los s. La extinción de la deuda de Emcali con la Nación debe garantizar inversiones para mejorar calidad de los servicios públicos y tarifas justas". 

En el proceso hubo respaldo de algunos gremios. Se gestionó ante el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y el director de Crédito Público, José Acosta.

David Vargas, presidente del SIntraemcali, dijo que "las Empresas Municipales de Cali le han transferido a la Nación más de $ 900.000 millones, lo que demuestra que la Empresa ya pagó lo que efectivamente era". 

La Ptar Cañaveralejo ha estado, además, en el ojo de organismos de control, como la Contraloría General de la Nación. Ha venido investigando desde 2021, convenios suscritos entre las Empresas Municipales (Emcali) y el Gobierno.

En uno de los convenios, presuntamente, habría irregularidades. El convenio es de más de $ 17.400 millones.

El llamado se se refiere a un contrato suscrito con una empresa española para la optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de Cañaveralejo, en el nororiente de la capital del Valle del Cauca.

Por este informe de la Contraloría General de la República sobre el contrato de remodelación de la Ptar, en Emcali respondieron, en ese entonces, que "ante los incumplimientos en la ejecución de los trabajos y luego de agotar los procedimientos istrativos, Emcali, en consecuencia con su compromiso de defensa del patrimonio público, inició todas las acciones legales contra la firma española Acciona Agua SAU Colombia, contratada en el 2017 para llevar a cabo esas actividades".

Anota que "el contrato, por valor de $ 74.957 millones, incluía el diseño e ingeniería de

detalle, construcción y puesta en marcha de la instalación una vez renovada

en un plazo de 25 meses. Cuando esta istración llegó, en enero de 2020, encontró que el avance de obras era solo del 57 %, situación que ha llevado a que la Ptar-C presenté una difícil situación de vulnerabilidad".

Emcali informó que "el litigio con el contratista se dirime en un Tribunal de Arbitramento, de acuerdo con lo establecido en los términos del contrato".