Estas son las implicaciones que trae la nulidad del POT de 2014 para los ciudadanos de Cali

El fallo del Tribunal es parte de una historia jurídica que empezó hace una década por una demanda interpuesta por el abogado Gustavo Adolfo Prado Cardona contra la alcaldía de Cali, luego de la aprobación del POT en ese 2014.

De acuerdo con explicaciones en el Concejo, la demanda se refiere a un vicio de procedimiento durante el mandato del exalcalde Rodrigo Guerrero.

El problema radicó en que la Procuraduría delegó a un alcalde ad hoc de la época, cuando el POT debía ser sancionado (es decir, que el alcalde le diera su aprobación, tras pasar los debidos debates en el Concejo). Según el cabildo, “el exalcalde Guerrero presentó una solicitud a la Procuraduría regional para esclarecer un impedimento acerca del proyecto de ese entonces POT, puesto que tenía intereses sobre unas tierras de propiedad de su familia. En respuesta, la Procuraduría reconoció su impedimento”.

Como alcaldesa ad hoc estuvo la entonces secretaria de Gobierno distrital, Laura Lugo.
Exfuncionarios del mandato de Guerrero se pronunciaron y aclararon que “no fue el alcalde Guerrero el que delegó a un alcalde ad hoc la sanción del POT. Fue la Procuraduría regional, la que, según el fallo, se extralimitó y designó al ad hoc, cuando solamente habría tenido competencia para aceptar el impedimento (tema que no resulta claro)”. 

Añadieron: “El vicio lo habría generado la Procuraduría regional, no la istración municipal. La decisión no se refiere a una istración anterior. Se refiere a un acto istrativo vigente a la fecha, para el cual, el procedimiento adelantado por la Procuraduría regional de entonces y de acuerdo con el fallo, ‘generó la anulación de la actuación istrativa’”.

Según el director de Planeación de Cali, Diego Hau, en la Alcaldía se trabaja en un análisis riguroso. “Los departamentos istrativos de Gestión Jurídica Pública y Planeación del distrito están evaluando minuciosamente la decisión del Tribunal”.
También indicó que se impulsan estrategias de tipo jurídico y técnico. “Se están considerando posibles soluciones para mitigar los impactos y encontrar alternativas que permitan continuar con los proyectos estratégicos de la ciudad”.

Pero a los concejales no les convencen estas explicaciones. El presidente del Concejo, Carlos Andrés Arias, advirtió que esta es una emergencia de orden jurídico para Cali y corresponde a la actual istración subsanar lo respectivo a la nulidad del acuerdo 0373 de 2014 y disponer con sus equipos de Planeación y Jurídica todo lo referente a un nuevo proyecto de Acuerdo para que Cali continué con su ordenamiento territorial.

“Esta incertidumbre de orden legal cuenta con tiempo límite. Por eso, el mensaje de urgencia es al alcalde, porque quedamos con un POT del año 2000, mientras estudiamos un nuevo documento”, precisó el concejal Arias.

La cabildante María del Carmen Londoño solicitó a los entes de control del orden nacional investigar si la nulidad del POT “se dio por abuso de autoridad del procurador regional para favorecer los intereses de familias prestantes de la ciudad o si hubo inducción al error por el alcalde".
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Según el director de Planeación de Cali, Diego Hau, la nulidad del POT le quita al distrito las herramientas técnicas, jurídicas y normativas para garantizar la protección y el cuidado de la vida de sus habitantes en áreas plenamente identificadas como de riesgo no mitigable por fenómenos naturales, como movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, pues los curadores urbanos podrían expedir licencias urbanísticas en sectores que el acuerdo 0373 de 2014 catalogó como no aptos para el desarrollo”. El riesgo abarcaría a 3.508,5 hectáreas de toda la ciudad.
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“Un total de 12.097 hectáreas que se definieron como rurales para la conservación de recursos naturales pasarían a ser urbanos con posibilidad de desarrollo, lo cual impone una obligación no prevista al distrito en materia de atención y cobertura de servicios públicos”, explicó el director de Planeación, información remitida al departamento de Gestión Jurídica de la Alcaldía. 

El funcionario anotó en este panorama que “se ponen en riesgo, estructuras ambientales periurbanas importantes para la protección de los recursos naturales”. Tiene que ver con la clasificación del suelo en área urbana y de expansión

El POT regula el uso del suelo, pues define qué áreas de la ciudad son destinadas para vivienda, comercio, industria, parques, entre otros usos.

También promueve el desarrollo sostenible, pues establece políticas y normativas que buscan un crecimiento equilibrado, protegiendo el medioambiente y fomentando la inclusión social. Facilita la infraestructura y servicios públicos, debido a que se planifica la ubicación de vías, redes de servicios públicos (agua, energía, alcantarillado) y espacios públicos. Además, se asegura la coherencia urbana, porque se coordinan las acciones de construcción.
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Sobre la plusvalía ( incremento en el valor del suelo cuando la istración distrital define nuevos aprovechamientos del terreno con beneficios a la ciudad como mayor altura o cambios de uso), según Planeación, la nulidad implica impacto fiscal y económico para el distrito en tanto que se dejaría de percibir 37.109 millones de pesos por la suspensión y los efectos de la liquidación de la participación en la plusvalía por el acuerdo 0373 de 2014, puesta en marcha en las centralidades Empresarial Lili, Jorge Isaacs, La Floresta, Julio Rincón, Aguablanca, San Bosco, Alfonso López, en el norte y universidades.

Con la nulidad del POT, 5.5.72 unidades habitacionales en etapa de preventa, de las cuales, 3.495 corresponden a vivienda de interés social quedan sin posibilidad de surtir el proceso de licencias urbanísticas, afectando a unas 6.000 familias y a la economía de Cali, dijeron en la Alcaldía. Además, los planes maestros del Espacio Público, de Equipamientos, y de Servicios Públicos Domiciliarios y de las TIC, así como lineamientos en las actuaciones urbanísticas y unidades de planificación rural “pierden sustento normativo para su formulación y su adopción”, según la Alcaldía.

En la alcaldía de Cali explicaron que la figura de compensación de zonas verdes y equipamiento históricamente le ha representado al distrito un recaudo total de 3.909’579.947 de pesos por la implementación del acuerdo 0373 de 2014, anulado por el Tribunal istrativo del Valle. 

La consecuencia radica en que se dejaría de percibir un promedio anual de 434’397.771 pesos, “en aplicación de este mecanismo de distribución de cargas, por lo que el impacto antes ilustrado es de gran complejidad y dimensión”. Ante el panorama, en Planeación y Gestión Jurídica le piden al Tribunal aclarar efectos de la nulidad.

“La nulidad del POT afectaría de manera dramática, el recaudo del distrito con destinación a la habilitación y a la adecuación de espacio público, en tanto que la figura de los aportes por mayor edificabilidad que históricamente ha dejado en las arcas de este ente territorial, un total de 22.214’957.963 pesos”, informó el director de Planeación, Diego Hau. Anotó que el recaudo anual es de 2.985 millones de pesos. “Quedaría sin efecto, dando a lugar a que los constructores o el desarrollo de la ciudad se pueda hacer sobre un régimen que no incorporaría la contribución económica por más aprovechamientos”.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 
​CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
​CALI