Estos son los ‘elefantes blancos’ del Valle del Cauca: obras que suman más de $ 3,3 billones

Ese viernes de hace 11 años hubo brindis por la que sería la nueva autopista hacia la competitividad de la región y del país, la vía Mulaló – Loboguerrero, y que hoy es parte de la que podría ser la embestida de toda una manada de ‘elefantes blancos’ que ponen al Valle del Cauca como una de las regiones con el mayor número de estos ‘ejemplares’ billonarios del país.

Y son billonarios que les duelen a los ciudadanos por ser recursos que salen de sus bolsillos para ser recaudados en los cobros de los impuestos y que terminan en anuncios durante años hasta décadas.

En el Valle, estas obras contratadas superan los $ 3 billones, de acuerdo con la Contraloría General de la República, una cifra que está dentro de los más de 21,1 billones por los demás paquidermos en el país.

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Según la Contraloría, los departamentos con mayor cantidad de recursos públicos que estarían en entredicho son Huila, con $ 5,1 billones; Valle, con $ 3,3 billones, seguido por Antioquia, con $ 1,3 billones, y Tolima, con $ 1,2 billones más. 

El proyecto para ahorrar 52 kilómetros entre Cali y Buenaventura, a cargo de la concesionaria Nueva Vía al Mar (Covimar), se mantiene en el papel para contar a lo largo de 31,8 kilómetros con cinco modernos túneles, 48 obras especiales como puentes pontones y viaductos.

Fue en ese viernes, 15 de marzo de 2013, que había optimismo en la región vallecaucana, donde el entonces presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, anunciaba la que sería la vía de Mulaló, en el municipio de La Cumbre, en el centro del Valle, un proyecto que se gestó desde el 2008 entre el ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la misma ANI.

El arranque de obras con la firma del acta de inicio fue dos años después del anuncio de la nueva carretera, en 2015, y desde entonces, la obra viene dando tumbos sin que aún se hubiera puesto algún concreto. Se había anunciado una inversión inicial de $ 1,47 billones para la construcción, “de esta vía que optimizará el tránsito en la zona ya que contará con una carretera de altas especificaciones técnicas, con modernos túneles, que beneficiarán al departamento del Valle del Cauca y sus habitantes. Este corredor también reducirá el trayecto de los vehículos de carga y tráfico pesado que se desplaza desde el sur del país al principal puerto sobre el Pacífico colombiano”. Eso fue parte del anuncio con bombos y platillos hace 11 años.

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Sin embargo, a las obras se les han atravesado obstáculos, primero, la viabilidad ambiental. Tuvieron que pasar seis años desde el acta de inicio hasta el 2021 para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) diera ‘vía libre’ al permiso, sobre todo, luego de la aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) sobre el uso de 32,8 hectáreas del cañón del río Grande, entre los municipios Restrepo, Dagua, La Cumbre y Vijes, en el centro y occidente del Valle.

También hubo aprobación después de mucho dirimir en el uso de más de 100 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico por parte del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fue en ese 2021, el 12 de agosto de ese año que en Covimar demandaron a la ANI en un tribunal de arbitramento, pidiendo la liquidación del contrato de una obra que en este 2024 alcanza los $ 2,5 billones de inversión de llevarla a cabo. En una fiducia están $ 1,9 billones que se han ido acumulando en estos ocho años de parálisis.

Bajo el escenario de la terminación anticipada del contrato de concesión, la concesionaria también ha venido solicitando a la ANI asumir la titularidad del trámite ambiental para que pudiera continuar adelantando las gestiones que considere pertinentes.

Sobre el anuncio de Anla sobre la licencia ambiental del proyecto, Covimar precisó en aquel 2021 que no estuvo en firme porque contra la misma hubo recursos para que se modificara, revocara, adicionara o aclarara la referida decisión. Aunque se pensaba que con el fallo del año pasado del tribunal de arbitramento se ponía punto final a un litigio de casi una década porque declaró la continuidad del contrato con el reinicio de la construcción, operación y mantenimiento a partir del 9 de junio de ese 2023, se mantienen los desacuerdos entre la ANI y la concesionaria.

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Tanto que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, afirmó que tal como esta este contrato no tiene salvación. “Mulaló se va liquidar”, dijo la mandataria a EL TIEMPO. “Por ahora pensamos en hacer un estudio técnico”, respondió sobre la pregunta relacionada a que en la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se ha planteado como salida una alianza pública y privada, como la que sostienen las obras del último tramo de la doble calzada Buga – Buenaventura que arrancaron en este mes para finalizar un proyecto que también lleva 11 años desde que los trabajos empezaron.

De acuerdo con la CCI y otros expertos, llevar a cabo Mulaló como obra pública sería repetir el fracaso que en la actualidad se vive.

La mandataria espera que la CCI asesore al departamento para presentar una propuesta ante el ministerio de Transporte y para luego entrar a buscar el guiño del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, este es uno de los proyectos pendientes que “están en la mira de la Contraloría por la mayor cantidad de recursos invertidos y de trascendental importancia para los habitantes de la región. Esta es una obra ubicada en el municipio de La Cumbre y que compromete una inversión de $ 2,5 billones”.

Según la CCI, Mulaló - Loboguerrero fracasó por circunstancias de fuerza mayor, por lo que se considera necesaria la terminación de dicho contrato. No habría otra salida, pues, las autoridades reportaron que el concesionario demandaría otro billón de pesos y siendo así, la inversión se elevaría hasta los $ 3,5 billones.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que ha existido al Valle para sacar adelante este proyecto de más de ocho años. “Es momento de que las obras despeguen por la competitividad de la región”.

La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, dijo: “La vía a Mulaló es una necesidad. Hay un arbitramento, pero como región, sea por obra pública o concesión, es una necesidad. La liquidación del contrato es una posibilidad. Esperemos que se pongan de acuerdo”. Añadió que por ahora sigue la concesión.

A la vía de Mulaló, según el contralor general de la República, le siguen la construcción de la primera fase de la planta de tratamiento de Aguas Residuales de Palmira, con valor de $ 114.240 millones y la ampliación del establecimiento carcelario de Buga con una inversión de $ 69.800 millones.

La Contraloría del Valle señaló este año que en el marco de la iniciativa ‘Compromiso Colombia’, firmada por todas las Contralorías del país para cuidar el recurso público, en especial aquel que se destina a la construcción de obras, se requirió a los municipios de su competencia para que evidenciaran el estado actual de 101 contratos de obras que la Contraloría General de la República reportó como inconclusas.

Según la Contraloría del Valle, en la revisión se determinó que de estos 101 contratos de obras, dada su distribución geográfica y la fuente de financiación (la nación, el departamento y/o los municipios), la Contraloría del Valle solo tiene competencia de vigilancia y control sobre 12 de ellos. Los contratos restantes son de competencia de la Contraloría General de la República y/o las contralorías distritales o municipales de Cali, Buenaventura, Yumbo, Palmira y Tuluá, según corresponda.

En Buenaventura se concentra la mayoría de los 'elefantes blancos' del Valle del Cauca con 66 obras inconclusas, reportadas por la Contraloría General de la República. Siguen Cali con cinco; Palmira, 3, y Tuluá y Yumbo, uno.

La contralora departamental, Ligia Stella Chaves, dijo: “Seguimos comprometidos con el ejercicio de vigilancia de las obras inconclusas. Continuaremos las acciones de control pertinentes sobre los contratos de obra de nuestra competencia, hasta concluir las investigaciones y resarcir el daño patrimonial, porque nuestro compromiso es cuidar el erario público del departamento. En este tipo de contratos están comprometidos recursos cuantiosos que deben cumplir su función social”.

Una de las obras inconclusas en Buenaventura es el estadio Marino Klínger. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en su calidad de entidad ejecutora del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de  Buenaventura, no prorrogó el contrato con el consorcio encargado de la construcción. “Ante el avance insuficiente de la obra y el incumplimiento sistemático del contratista, la UNGRD tomó la decisión de no extender el contrato”, dijeron en la Unidad Nacional.

“Esta decisión se basa en los incumplimientos constantes e imputables al contratista”, anotaron en la entidad.

El proyecto estaba estipulado en la resolución 0143 del 21 de enero de 2021, bajo la ley 1872 de 2017 y reglamentado por el decreto 958 de 2018. Tenía como objeto la construcción y adecuación del estadio. 

“Sin embargo, a pesar de recibir un anticipo de $ 11.000 millones, el contratista solo ha logrado ejecutar el 34 % de la obra, porcentaje en el que están incluidos los estudios, lo que demuestra una ejecución efectiva muy por debajo de lo esperado”, informaron en la UNGRD.

La UNGRD también informó: "En conjunto con el ministerio del Deporte y el ministerio de la Igualdad, está coordinando acciones y diseñando un nuevo proceso de licitación para seleccionar a un contratista idóneo que garantice la culminación del estadio. Este proyecto sigue siendo prioritario y se ejecutará conforme a los intereses y necesidades de la comunidad de Buenaventura".

En la alcaldía de la ciudad puerto no hubo pronunciamiento, pese a la petición de EL TIEMPO. Informaron que la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, estaba fuera del país, al momento de la solicitud. 

Piscinas, tobogán, canchas de fútbol y basquetbol, juegos infantiles, amplios parqueaderos, comedor panorámico, quioscos y agradables zonas verdes.

Eso fue lo que se ofreció en videos y presentaciones digitales de la recuperación del Acuaparque de Buenaventura y del que 19 años después de no hay avance en las obras y en un informe la Contraloría General de la República denomina un gran ‘elefante blanco’.

En auditorías, la CGR encontró que la istración distrital pagó casi la totalidad de la obra, cuando el avance físico de la misma es mínimo y, además, los plazos del contrato se vencieron, por lo cual determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $ 3.627 millones. 

“Los recursos públicos no fueron invertidos en cumplimiento del objeto contractual y tampoco han sido reembolsados a la istración Distrital. Se giró anticipo de obra del 50 % ($ 1.921 millones) sin haberse contratado la interventoría externa, que tiene como una de sus funciones vigilar la correcta inversión de los anticipos”, explicó la Contraloría en su momento.

En su inicio, en los primeros tres meses, no hubo interventoría externa. Luego, el 26 de noviembre de 2015, ya con el contrato de interventoría externa (suscrito el 15 de noviembre de ese año), sin aval del interventor se suscribió el acta de pago parcial 1 y se solicitó el pago de la misma por valor de $ 3.413 millones (se amortizó al anticipo el 50 %, correspondiente a $ 1.706 millones, y un desembolso al contratista del 50 % por un valor similar: $ 1.706 millones).

“Por lo tanto, se canceló el 94,1 % correspondiente a $ 3.413 millones, es decir, se pagó casi la totalidad de la obra como si su avance físico correspondiera a dicho porcentaje (…). Las obras reconocidas y pagadas en el acta No.1 que no han sido ejecutadas están valoradas en $ 2.509 millones. En esa misma acta hay mayores cantidades de obra pagadas por encima de las cantidades por $ 696 millones”, dicen informes del ente de control.

El total de desembolsos al contratista (anticipo más acta parcial) llegó a $ 3.627 millones, valor por el cual la CGR, cuantificó el hallazgo con presunta connotación fiscal.

La observación tuvo incidencia disciplinaria y fue trasladada a la Procuraduría General de la Nación.

Ante los señalamientos, el contratista ha venido señalando que hubo solicitudes de prórroga, justificados en problemas presentados en su planeación e invasión.

“Como producto del ejercicio de vigilancia y control, actualmente se encuentra en trámite, un proceso de posible incumplimiento por parte del contratista. La Contraloría del Valle informó que esta es una obra, cuyo presupuesto es de $ 6.997 millones.

La obra se dividió en grupo uno con las vías urbanas. El 2 es el de las vías rurales y el 3, equipamiento municipal. Los trabajos tienen un presupuesto de $ 7.368 millones. “La Contraloría departamental determinó hallazgo fiscal por $ 682’094.850 y se adelantan investigaciones para determinar la responsabilidad fiscal”.

Es una obra por $ 11.774 millones. Según la Contraloría del Valle está en proceso de investigación fiscal por denuncia ciudadana.

Estos trabajos implican una inversión de $ 9.020 millones, los cuales están en proceso de vigilancia y control por parte de la Contraloría del Valle.

Esta obra viene desde el 2009 con dineros del Plan Carrasquilla que ya no está vigente. El contrato fue liquidado de forma unilateral por la pasada alcaldía de Jamundí. Hay un litigio sobre devolución de los recursos no ejecutados por el contratista.

De acuerdo con la anterior alcaldía de Jamundí, estos problemas vienen de mucho más atrás por inconvenientes que surgieron, debido a falta de estudios y diseños. La gestión para la adquisición de predios y licencias ambientales fueron otros factores.

Según la Contraloría del Valle, este es un contrato que está dentro de su jurisdicción para velar por los dineros del erario público. Aunque la obra fue finalizada con un presupuesto de $ 3.118 millones “no se encuentra en funcionamiento por falla en el corredor de la pista de patinaje”. Actualmente, conforme con la Contraloría, se está ejecutando un contrato de verificación técnica de las posibles fallas del corredor de la pista de patinaje. La Contraloría continúa el proceso de vigilancia y control”.

“La obra de construcción de una pista de patinaje en Guadalajara de Buga, que incluye tres modalidades (hockey, velocidad y ruta), presenta una falla estructural en una de sus pistas, específicamente en la destinada a la modalidad de ruta. Esta falla se manifiesta en forma de fisuras en uno de los extremos del óvalo, lo cual compromete la seguridad de los deportistas y la funcionalidad de la infraestructura”, dice un informe de la Contraloría del Valle.

“La Contraloría departamental, en el marco de una auditoría, ha identificado esta situación y ha emitido una observación istrativa”, anota el documento.

La alcaldía de Buga, por su parte, se ha comprometido ante la Contraloría a realizar las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de los s y la funcionalidad de la pista.

Según la Contraloría del Valle, “producto del ejercicio de vigilancia y control, se determinó hallazgo fiscal por $ 97’999.998 y se adelantan investigaciones para determinar la responsabilidad fiscal”.

La Contraloría departamental del Valle del Cauca presentó ante la comunidad y las autoridades locales de Florida y Cartago, un informe sobre el estado actual de los proyectos de obras inconclusas de su competencia. En total son 12 los contratos por valor de $ 48.601'789.861, los que se encuentran en ocho municipios de su jurisdicción.

En las audiencias públicas, la contralora del Valle, Ligia Stella Chaves, anunció que cuatro de estos contratos ya fueron terminados y deberán salir del listado de obras inconclusas proferido por la Contraloría General de la República.

El Centro Día Vida para el adulto mayor de Florida.

El puente sobre el río Bugalagrande

El patinódromo de Buga

El centro de Salud CIP-Cartago

"Cada una de estas obras beneficia en gran manera a la comunidad. Los adultos mayores de escasos recursos en Florida; los y las niñas, además de los jóvenes en Buga y la comunidad en general de los municipios de Bugalagrande y Cartago, mejoraron su calidad de vida con las obras ya rescatadas. Es por eso que el Ente de control de los vallecaucanos procura que sus acciones de control deriven en gestiones eficaces de las istraciones locales para terminar los proyectos, en los casos en los que sea posible".

La contralora también informó que hay también contratos de obra que han sido objeto de hallazgos fiscales y se encuentran inmersos en procesos de responsabilidad fiscal. (Se adjunta un informe detallado).

“Nos hemos empeñado con nuestras acciones a coadyuvar para que las obras se terminen; por supuesto, hemos evidenciado hallazgos y estamos realizando las investigaciones fiscales e imputando los daños patrimoniales, según los casos; pero también, queremos que los recursos públicos no se pierdan y que las obras al final se terminen y puedan beneficiar a la comunidad. Invito a la ciudadanía de todo nuestro Valle a estar pendientes y vigilantes de las obras públicas en construcción y a denunciar si fuese el caso. Estaremos prontos a escucharlos”, afirmó la contralora del Valle al finalizar las dos audiencias públicas en Florida y Cartago.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali