El nuevo presidente de Colombia tiene el reto de unir el país y el desafío de gobernar en una arena de incertidumbre, polarizada y exacerbada por el fanatismo político. Asimismo, debe timonear un Congreso ideológicamente dividido y sectorizado. Sumado a ello, el presidente electo por las mayorías periféricas asume las riendas de un país con el poder político centralizado. Para conducir la nación hacia las sendas de la justicia, la igualdad y el desarrollo, el presidente debería como primera medida, descentralizar en materia fiscal a Colombia y otorgarle a las entidades territoriales la autonomía que les corresponde de acuerdo a la carta magna colombiana.
Dentro de los principales desafíos para la descentralización efectiva, se debe considerar la implementación e interpretación del desarrollo de manera heterogénea, reconociendo la diversidad territorial en términos de capacidades, necesidades, condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales (DNP, 2002). Para eso el presidente debería revisar y analizar las competencias para cada nivel de gobierno, partiendo desde lo local hacia lo nacional, con un esquema horizontal y no vertical.
Para la OCDE, uno de los principales desafíos en la lucha contra la corrupción y por ende para la profundización de la descentralización y autonomía territorial, está relacionado con las capacidades a nivel sub-nacional para llevar a cabo la contratación y la ejecución de proyectos. Además, esto aunado a la necesidad de reconocer las entidades departamentales con sus características propias territoriales, de acuerdo con los aspectos demográficos, ambientales, vocacionales, sociales, económicos, entre otros (FND, 2022).
Una de las acciones que debería emprender el nuevo presidente de Colombia es crear un fondo territorial de incentivos dinámicos por resultados de la istración fiscal. Desde la experiencia internacional del Perú, en 2007 se implementó la Reforma en el Sistema Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PPR). Este consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto relacionando bienes y servicios, y cambios generados en el bienestar ciudadano, reencauzando la dirección y misión de los organismos públicos hacia un modelo de gestión que priorice los resultados por sobre los procedimientos y en donde predomine la transparencia en la gestión (Vargas y Zavaleta, 2020).
Lo anterior garantizaría en cierta medida la buena gestión y istración de los entes territoriales en el país porque genera incentivos a aquellas entidades que estén haciendo las cosas bien. Además de esto, debería el presidente destinar un porcentaje del presupuesto nacional que vaya dirigido a fortalecer las Regiones istrativas y de Planificación en Colombia (RAP). Cabe resaltar que ya su creación y existencia es un paso hacia la descentralización y el empoderamiento de las regiones, sin embargo, de poco o nada sirven si no cuentan con recursos propios para ejecutar proyectos que fortalezcan las regiones. ¡Las RAP no deberían ser una carga fiscal para los departamentos! Al menos 9 billones de pesos deberían ser destinados anualmente para las RAP, lo que equivale al 2.5% del Presupuesto General de la Nación.
¿Gobernará el nuevo presidente para las regiones o una vez más se aferrará al centralismo para no ceder poder?
PABLO JARAMILLO ARANGO
Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos