Sigue deuda con afectados por la renovación urbana en Medellín

Los últimos días de Alfredo Castillejo han sido de incertidumbre y tristeza. El 30 de abril, aseguró, se vence el plazo que a él y a otras personas, les dio la istración Municipal para salir de su taller de mecánica en el barrio Naranjal, donde se desarrolla el Plan Parcial de Renovación Urbana de Naranjal y Arrabal.

Pese al dolor que siente por tener que dejar el negocio al que se ha dedicado por años y con el que ha sacado adelante a su familia, hoy su gran problema es que no le han dado una solución de reubicación y considera que el dinero de compensación que le ofrecen es muy poco.

“La indemnización que me van a dar a mí es muy poca, 9 millones de pesos, sabiendo que a otros les dieron hasta 14 millones de pesos. Ya he tenido que despedir a dos empleados y no he conseguido un lugar donde montar mi negocio, en otros sitios es más costoso el arriendo”, sostuvo, y añadió que no va a salir del lugar antes de la fecha estipulada, aun cuando teme un desalojo.

Sobre este tema, Margarita Rivera, directora de Gestión Social de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)–operador del plan parcial–, explicó que el 30 de abril, hay un solo caso de bienes que deben desocuparse, debido a que incumplieron el compromiso de entrega en septiembre del 2016 y el predio fue calificado como de alto riesgo. También dijo que las compensaciones se calculan con base a los legales que aporten los trabajadores de los talleres.

“Hay otros procesos en trámite, con esas personas se ha venido concertando para la entrega de los bienes”, añadió la funcionaria.

Varios mecánicos y grupos familiares han tenido que dejar sus lugares, debido a la adquisición de predios para adelantar las obras del plan de renovación, que busca convertir este sector en una importante zona residencial y comercial para la ciudad.

De acuerdo con información de la EDU, después de revisar el censo, se encontró que en el lugar hay en total 162 núcleos familiares que se verán impactados con las obras. Asimismo, la entidad indicó que en el proceso de adquisición predial que se adelanta en la Unidad de Actuación Urbanística 3 se han adquirido 25 de 39 predios con los trámites legales.

Algunos de los habitantes se quejaron de que no hay certeza de una solución de vivienda, aunque mantienen la esperanza de lograrla y quieren que sea en un lugar en el que puedan mantener las mismas condiciones de vida.

Astrid Orozco, residente del barrio desde su nacimiento, expresó que no quiere tener que vivir en un barrio desconocido y en Naranjal su familia tiene todo lo que necesita, el empleo de su esposo, el colegio de su hijo, los vecinos de toda la vida.

“En estos momentos nos quieren sacar de esta manzana, somos pocos los que estamos resistiendo, queremos que nos indemnicen de forma adecuada a todos los que nos vamos a ver afectados”, dijo.

Por su lado, Rivera aseguró que se están estudiando los posibles espacios para la solución de vivienda y la salida más probable es un proyecto de vivienda de interés social en el mismo territorio, ya sea en el sector de Naranjal o Arrabal.

La directora hizo la salvedad de que no se trata de vivienda gratis, por lo cual las personas deben tener un ahorro programado y a un crédito para su vivienda.

Según la concejal Luz María Múnera, este es solo un caso de los efectos que sufren los habitantes por causa de los proyectos de renovación urbana, pues no se concretan antes las soluciones de vivienda, que deberían ser priorizadas en el mismo sector de las obras.

“Estamos frente a una transformación que lejos de ser herramienta de felicidad ha sido de tristeza, desolación, despojo, porque no hemos tratado bien a los habitantes afectados por diferentes obras. Está desapareciendo el concepto de reasentamiento ‘in situ’, se llega a una obra y te puedo mandar para cualquier parte”, manifestó la corporada.

Asimismo, Múnera afirmó que una de las grandes problemáticas es que en los últimos gobiernos municipales no se les ha brindado protección real a los moradores, lo que se manifiesta en un pago muy por debajo del valor real de las viviendas. También aseguró que hay personas que llevan hasta siete años en la modalidad de arrendamiento temporal, pues no se les han dado soluciones definitivas de tener un nuevo hogar.

Por ello, para contrarrestar esta situación, se está desarrollando la política pública de protección a moradores, para lo cual se firmó un convenio por 1.000 millones de pesos con la Universidad Nacional, que entregará un estudio que siente las bases para su modelamiento final, que en última instancia busca proteger los modos y medios de vida de los ciudadanos afectados por renovación urbana.

Para Múnera, es fundamental que la política que se construya exija, en primer lugar, soluciones para los moradores antes de ejecutar las obras.

Entre tanto, Alfredo, Astrid y otros habitantes de Naranjal esperan que el proyecto que tantos beneficios traerá al desarrollo de la ciudad también los impacte positivamente a ellos.

Esperan que se les dé la posibilidad de tener un lugar digno para continuar con sus vidas y, como dice la ley, quedar en iguales o mejores condiciones que antes de los planes de renovación.

MEDELLÍN