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Noticia
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Antioquia combatirá el hambre con el 100 % del impuesto vehicular, ¿es posible?
Asamblea aprobó la propuesta de Andrés Julián Rendón. Expertos manifiestan inquietudes del proyecto.
La cebolla, la yuca y el plátano, entre los alimentos más costosos en Colombia. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO
Nueve niños menores de 5 años murieron en 2023 en Antioquia por desnutrición aguda, según datos preliminares del Dane. La tasa de mortalidad, aunque tuvo una disminución respecto al año anterior, se ubicó en 1,9 por cada 100.000 menores en el departamento.
A ello se suma que el 72 por ciento de los hogares en Antioquia están inseguridad alimentaria, según un estudio adelantando en 2023 por la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia y la secretaría de Inclusión Socia de la gobernación. Once de cada 100 familias padecen de inseguridad severa y 23 de cada 100, moderada.
Las cifras son alarmantes si se tienen en cuenta que el término hace referencia a la cantidad de familias con falta de regular a suficientes alimentos nutritivos para un crecimiento y desarrollo normal. Según el informe, la pandemia trajo reducciones significativas en la adquisición de alimentos en las nueve subregiones antioqueñas.
Ante este panorama, el gobernador Andrés Julián Rendón presentó ante la Asamblea departamental un proyecto de ordenanza para garantizar recursos para financiar la política de seguridad alimentaria en Antioquia. Este viernes, 8 de marzo, la duma antioqueña aprobó en segundo debate, con 24 votos positivos, la propuesta que consta de dos artículos.
El estudio de perfil nutricional fue desarrollado por la Universidad de Antioquia y la gobernación. Foto:Gobernación de Antioquia
¿De qué se trata la propuesta?
Aquí queremos que las mamás gestantes asistan a los programas prenatales, que los niños menores de 5 años asistan a modalidad familiar de educación de primera infancia con nutrición de vida y a los mayores le vamos a dar un recurso para comprar la canasta básica de alimentos
El primero, en esencia, resume la propuesta Rendón: destinar el 100 por ciento del recaudo del impuesto vehicular disponible para financiar la política pública de seguridad alimentaria y otorgar facultades al mandatario por término de tres meses para crear un fondo cuenta especial para la istración de los recursos.
Aunque el proyecto, que deberá pasar a sanción del gobernador, no estima el monto que se destinará a programas para combatir el hambre ni especifica la población que será beneficiada, sí menciona en la exposición de motivos la necesidad de universalizar el Programa de Alimentación Escolar con comedores comunitarios conexos y jornadas complementarias.
En diálogo con EL TIEMPO, el gobernador Rendón explicó que su intención es enfocar los recursos a la población más vulnerable, es decir, 118.000 niños menores de 5 años, 258.000 menores de 6 a 17 años, madres gestantes y 158.000 adultos mayores para beneficiar al 25 por ciento de la población con inseguridad alimentaria.
“Aquí queremos que las mamás gestantes asistan a los programas prenatales, que los niños menores de 5 años asistan a modalidad familiar de educación de primera infancia con nutrición de vida y a los mayores le vamos a dar un recurso para comprar la canasta básica de alimentos”, enfatizó el mandatario.
Rendón precisó que el Programa de Alimentación Escolar —que tras una modificación del presupuesto aprobada este 7 de marzo en la Asamblea pasó de 70.420 millones de pesos a 394.000 millones de pesos— seguirá funcionando bajo los estándares del Ministerio de Educación Nacional. Mientras que la propuesta de los comedores conexos, agregó, ha sido pensada para otro tipo de población con la ayuda de la Iglesia y no directamente con la participación de la istración departamento.
Según el presupuesto departamental para este 2024, la secretaría de Hacienda recibirá 534.643 millones de pesos en ingresos por el impuesto vehicular, de los cuales deberá transferir a los municipios 114.584 millones de pesos. En total, la gobernación podrá disponer unos 420.000 millones de pesos para financiar la lucha contra el hambre en el departamento.
El gobernador aclaró que con la nueva destinación de los recursos no se van a desfinanciar los proyectos que actualmente ejecuta la istración departamental. “Le hemos encontrado unas fuentes distintas. En los primeros meses del año hemos encontrado un aumento en el recaudo del 30 por ciento. Hay ciudadanos pagando profusamente el impuesto vehicular”, añadió Rendón.
Dudas en el proyecto
Desde distintos sectores vieron con buenos ojos que la lucha contra la inseguridad alimentaria esté en la agenda pública y que se destinen más recursos para combatir el hambre. Sin embargo, sigue habiendo dudas de cómo se ejecutará la propuesta, si se tiene en cuenta que la ahora ordenanza que se discutió este viernes solo consta de dos puntos.
“Nos parece que esa facultad no se la podríamos entregar para que haga un fondo como a él bien tenga. Los fondos especiales tienen independencia patrimonial, istrativa y contable, es como una plata aparte, que no estaría en el presupuesto”, apuntó el diputado Luis Peláez antes de la discusión.
El corporado manifestó que el proyecto de ordenanza debía especificar la población beneficiada y la manera en que se ejecutarán los recursos. “Yo estoy de acuerdo con la voluntad expresada por el gobernador, pero eso debe quedar por escrito. Tiene que haber una discriminación completa para que todos sepamos cuáles son las condiciones en las que se van a gastar esa plata”, agregó Peláez.
Rendón apuntó que la idea del fondo es corregir el “contratismo” con el que se ha llevado mercados a zonas muy apartadas de Antioquia. Así, según explicó, lo que se busca es realizar transferencias directas a las personas beneficiadas con el programa o a las juntas comunitarias que se encarguen de servir los alimentos en las diferentes escuelas.
Aunque en la exposición de motivos de la ordenanza se indicó que el fondo debe estar vinculado a la secretaría de Inclusión Social y Familia, el gobernador le aseguró a este diario que el Instituto de Desarrollo de Antioquia istrará los recursos y tendrá una junta para la ordenación del gasto.
El 72 por ciento de los hogares en Antioquia están en inseguridad alimentaria. Foto:Gobernación de Antioquia
¿Es suficiente?
Cuando la lógica va más hacia el asistencialismo y desconociendo otros determinantes estructurales que causan el hambre, el problema no se va a resolver
Lorena Mancilla, jefa del Centro de Investigaciones de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, recordó que el departamento tiene un Plan Docenal de Seguridad Alimentaria en el que se indican algunas acciones para combatir el hambre.
Entre ellas, destacó la producción de los alimentos en trabajo con las comunidades rurales para asegurar la sostenibilidad, la conexión de circuitos cortos de comercialización para eliminar la intermediación y el fortalecimiento de los mercados campesinos y las plazas de mercado.
“Es muy válido buscar recursos, para eso están los gobernantes y lo aplaudo, pero cuando la lógica va más hacia el asistencialismo y desconociendo otros determinantes estructurales que causan el hambre el problema no se va a resolver”, reflexionó Mancilla.
Desde Antioquia Cómo Vamos plantearon recientemente dos opciones para enfrentar la inseguridad alimentaria en el departamento. La primera, que incluiría a Medellín, constaría cerca de 3,3 billones de pesos.
Según Mónica Ospina, directora del programa, esta alternativa se podría realizar a través de un programa especializado para la primera infancia, comida en comedores más un bono para la población en edad escolar y comedores comunitarios para los adultos mayores. Así se garantizará entre el 60 y el 70 por ciento del aporte nutricional que requieren estas poblaciones.
La segunda tendría un costo aproximado de 1,8 billones de pesos, sin tener en cuenta a la capital antioqueña. Su ejecución sería similar a primera propuesta, pero a la población en edad escolar solo se le garantizaría el 40 por ciento del aporte nutricional mediante una comida en comedor y únicamente se tendrían en cuenta a los adultos mayores de la zona urbana.
Un esquema de posibles soluciones, ajustado a los recursos disponibles, plantearía una atención focalizada para la población más vulnerable con diferentes porcentajes de aportes nutricionales según la edad. “Para Antioquia Cómo Vamos atender la problemática del hambre requiere de intervenciones complementarias que fomente la protección a los vulnerables y apoyos”, agregó Ospina.
Se espera que el proyecto de ordenanza sea aprobado este viernes en la Asamblea departamental para que el impuesto vehicular financie la lucha contra el hambre en Antioquia. Estará por verse cómo funcionará el fondo cuenta que istrará los millonarios recursos.