Revelando parcialmente sus cartas, la Gobernación de Antioquia reabrió el pasado miércoles 15 de julio el debate sobre cómo reformar la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), luego de presentar un proyecto de ordenanza en donde pidió poderes especiales para
reestructurar la licorera. Aunque el sentido general del proyecto ya se anticipaba, a raíz de un fallo donde el Consejo de Estado exhortó al ejecutivo local a convertir la compañía en una empresa comercial e industrial del estado, una serie de cuestionamientos sobre la forma y el fondo de la propuesta comenzaron a ganar terreno en la Asamblea Departamental, la corporación que tendrá la última palabra sobre la suerte de la entidad.
Para comprender los puntos claves del debate, sin duda uno de los más importantes de los últimos años, lo primero que debe tenerse en cuenta es que, a pesar de liderar el mercado colombiano, la FLA no pasa por su mejor momento.
Durante los últimos 15 años, según cifras de Fedesarrollo, las ventas de la compañía pasaron de un promedio de 60 millones de botellas en el cuatrienio 2008 – 2011, a un promedio de 54 millones durante el último gobierno.
Esto, tal como como quedó diagnosticado en la justificación del proyecto de ordenanza, a causa de la apertura económica y la introducción de nuevos productos importados luego de la aprobación de la Ley 1816 de 2016, que ha golpeado fuertemente a todas las fabricantes nacionales de licor.
A pesar de liderar el mercado colombiano, la FLA no pasa por su mejor momento
Sin embargo, pese a la caída de las ventas y el cada vez más complejo panorama del mercado, la FLA sigue siendo, de lejos, la fuente de ingresos más robusta de la Gobernación para financiar sus políticas y proyectos.
Tan solo el año pasado, según informó la saliente gerencia, la entidad le había transferido a la Gobernación al menos 604.235 millones de pesos, que sumados a las transferencias efectuadas entre 2016 y 2019 sumaban un total de 3.3 billones.
Aunque con la radicación del proyecto el gobierno departamental desenredó una de las discusiones jurídicas que más atascada tenía la reforma, que consistía en determinar si la expresión “exhortar” utilizada en el fallo del Consejo de Estado era una orden o una sugerencia, los términos en que fue planteado el procedimiento para transformar la empresa abrieron una nueva disputa.
Los términos en que fue planteado el procedimiento para transformar la empresa abrieron una nueva disputa
Mientras la Gobernación quiere que la Asamblea le dé facultades para iniciar un estudio técnico y antes de seis meses cambiar por cuenta propia la empresa, un grupo cada vez más grande de diputados quiere que el proceso sea inverso; es decir, que la Gobernación primero haga los estudios, plantee la reforma en detalle y luego esta sea debatida.
“La junta directiva del departamento se llama Asamblea de Antioquia y no podemos seguir entregando facultades para algo que nos compete a nosotros”, planteó el diputado Andrés Guerra Hoyos, del Centro Democrático, quien en sintonía con lo planteado por otros diputados cuestionó que el ejecutivo local se esté empeñando en reformar la licorera de forma unilateral y no permita la entrada de más voces en la discusión.
La junta directiva del departamento se llama Asamblea de Antioquia y no podemos seguir entregando facultades para algo que nos compete a nosotros
Aunque la Asamblea todavía no tiene un cronograma claro para continuar con la discusión, al menos durante los próximos días, lo cierto es que el debate apenas comienza y será uno de los más cruciales de lo que queda de este periodo de sesiones ordinarias.
Lo que se decida para la histórica empresa en el transcurso de este año, sin duda marcará el destino de la finanzas públicas departamentales durante las próximas décadas.
Jacobo Betancur Peláez
MEDELLÍN