Hidroituango: 3 años de una emergencia social que aún no ha terminado

Don William de Jesús Gutiérrez dice que lleva 3 años sin tomarse un buen caldo de pescado. Cocinar un barbudo o un bocachico con yuca y plátano, algo tan simple y común, es ahora un recuerdo lejano de un plato que ya no se ve en Puerto Valdivia.

“Ahora uno se come un pescado, el poco que queda, y tiene las vísceras negras. La tragedia sigue siendo grande”, cuenta con angustia.

La tragedia a la que se refiere fue la ocasionada por la contingencia en Hidroituango, que comenzó el 28 de abril del 2018 y se materializó el 12 de mayo de ese mismo año con la avalancha que arrasó con parte de este corregimiento de Valdivia.

Irónicamente, antes de aquel funesto suceso, don William, presidente de la Asociación de Mineros y pescadores Artesanales de Puerto Valdivia, tenía un predio en la vereda Astilleros con dos estanques con 2.000 bocachicos, los cuales intentaba vender y cuando no podía, hacía trueques por gallinas o marranos.

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Ahora no tiene ni parcela a la cual volver ni pescado qué vender.

“La vida ha sido bastante difícil. Estuve mal en ese momento y sigo mal 3 años después. Yo estoy con pérdida total y nunca EPM me ha reparado con nada y encima de todo, estamos en un proceso legal de demanda. Pero hasta ahora, no he podido volver a la parcela por ese problema legal y tampoco me han respondido”, dice el hombre con tono bucólico en su voz.

Contingencia para EPM, pero emergencia para las comunidades que sufrieron las secuelas. Les cambió su vida y sienten que la compañía pone más empeño en reconstruir la represa que en hacerlo con el estilo de vida que esta destruyó.

Lo mismo opina Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos. Si bien las comunidades han sufrido los estragos de la contingencia hace 3 años, su lucha en contra del proyecto supera los 12. Y aún no se rinde, como si tuviera más energía para seguir que la que promete generar Hidroituango (el 17% de la demanda nacional).

“El avance en estos 3 años es que no ha habido avance. Principalmente en decir la verdad sobre qué causó la emergencia. Tampoco vemos avances en el proceso con la Procuraduría General, no hay avances por parte de la Fiscalía en materia penal ambiental, pero lo más grave para Ríos Vivos es que no hay reparación integral y efectiva para las comunidades, no solo por la avalancha, también por el llenado irregular y acelerado del embalse y por la sequía del río Cauca”, opina la mujer.

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Y si bien EPM asegura que ha llegado a acuerdos con más del 95 por ciento de los afectados, Zuleta dice que la mayoría aceptó por las presiones hechas por la empresa.

Cifras oficiales indican que, de 273 grupos familiares, 269 aceptaron la oferta. Don William fue uno de los pocos que dijo que no.

“Se sentaron conmigo y me ofrecieron una plata, pero ese arreglo venía con una cláusula que decía que no volviera a meter a EPM en problemas jurídicos en pasado, presente ni en el futuro. Es terrible ¿quién va a firmar un papel con esas condiciones? eso quiere decir que si en un futuro, por ejemplo un carro de EPM me atropella ¿no le puedo reclamar porque ya firmé esto? Cuando pregunté eso la respuesta de ellos fue: ‘Firme o lo deja’. Entonces yo no acepté la negociación”, narra el hombre.

Situaciones como estas, asegura la vocera de Ríos Vivos, son las que hacen que no haya confianza en EPM. Asegura que no le creen y, debido a eso, el mayor problema que tienen actualmente las comunidades es vivir con una incertidumbre permanente de que se repita lo del 2018.

Un miedo que entiende Ana Milena Joya, Gerente Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería de EPM, pero que asegura que han ido disipando de las comunidades.

“Hay algo legítimo en todas las personas, que no es tan sencillo de manejar, y es el miedo. Fue un gran reto hacer entender la situación a la comunidad, a las mujeres en sus casas, a los niños que nos decían que no eran capaces de dormir por miedo a que se cayera la presa. Pero se logró hacer gracias a un ‘cara a cara’ con las comunidades que nos permitieron entrar a sus hogares y conversar con ellos sobre sus miedos”, asegura Joya.

Y agrega: “Una de las mejores estrategias que hicimos con ellos en estos 3 años fue acercarlas al proyecto, que entendieran la obra y la vieran con sus propios ojos. Tuvimos más de 5.000 personas en el proyecto”.

Por eso, para ella, EPM ha cumplido. El balance hecho por la entidad indica que el Plan de Acción Específico (PAE), “que tiene el propósito de atender las necesidades de las comunidades de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, tiene un avance global del 71%”

Asegura la Gerente Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería, que entre 2018 y 2020 se han invertido $204.212 millones para atención social, incluyendo a las 2.490 familias inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD).

“2.255 de ellas fueron evacuadas por la orden emitida el 16 de mayo de 2018. A la fecha están pendientes de retornar 55 familias. Entre 2020 y 2021 EPM ha entregado 2.836 apoyos económicos por valor de $3.604 millones para la subsistencia de las familias evacuadas por la contingencia, para un total acumulado de 28.087 apoyos correspondiente a un total de $32.842 millones durante estos 3 años. Hasta mitad de año tenemos blindado el tema jurídico para poder seguir pagando el apoyo económico, pero la promesa es seguir haciéndolo hasta que puedan retornar de manera digna, lo que esperamos que ocurra en junio”, asegura la vocera de EPM.

Por su parte, Olga Cecilia Arroyave, alcaldesa de Valdivia, asegura que el proceso de reparación ha avanzado lentamente, especialmente en lo referente a las obras para la comunidad, como el centro de salud y el colegio.

“Todavía no se ha hecho la construcción del puente Simón Bolívar, del centro de salud. EPM nos ha dicho que ha tenido inconvenientes con la licencia ambiental. Ya llevamos 3 años sin un centro de salud donde atender a la población. La comunidad todavía siente mucha incertidumbre, principalmente porque necesitan esas infraestructuras que son prioritarias (…) la verdad, todavía hay mucha desconfianza para EPM y muchos no creen en sus promesas”, conifiesa la alcaldesa.

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Sobre el tema, Joya aseguró ya tienen comprado el lote, tienen los diseños y los recursos, pero requieren unos permisos especiales de la ANLA y de Corantioquia para dar orden de inicio, no solo a la construcción del centro de salud, sino también a la institución educativa Marco A. Rojo y a un centro comunitario.

“En cuanto a los puentes, eran cuatro los afectados, el del municipio de Tarazá, el Doce, se entregó completamente y era el único vehicular para restituir. Los otros tres: Simón Bolívar, Palestina y El Turcó, todos han iniciado sus adjudicaciones y procesos contractuales. Tuvimos una demora por el covid, pero esperamos entregarlos este año”, asegura la directiva.

Un rifirrafe se vive entre EPM y las comunidades aguas abajo por la situación del río Cauca, que desde el cierre de las compuertas, en enero y febrero del 2019, cambió su tonalidad mona por una más cristalina.

Róbinson Miranda, director Ambiental, Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango, asegura que la calidad del agua ha mejorado en esta zona.

“No lo digo yo, lo han dicho expertos a nivel mundial en ese tema, porque el embalse opera como una gran laguna que retiene todo, nutrientes, contaminantes que llegan de 151 municipios aguas arriba. Retiramos toda la basura y, además, gracias ‘al salto de sky’ que se hace en el vertedero, el agua coge oxígeno. Algunos de los asesores nos han dicho que la calidad del agua que tiene el río Cauca aguas abajo es equivalente a la que tenía en la década de los años 40”, cuenta el vocero de EPM.

Si bien Miranda reconoce que una de las afectaciones, efectivamente, es la retención de algunos sedimentos, “no todos”, asegura que, gracias a la condición hidráulica de las quebradas y la minería ancestral aguas abajo, en parte compensan este fenómeno.

Lo dicho por Miranda fue rechazado vehementemente por Zuleta, de Ríos Vivos, quien opina que aseverar que el río mejoró aguas abajo es desconocer las condiciones de ese afluente.

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“El hecho de que ahora el río esté claro no quiere decir que el agua sea de mejor calidad. El Cauca es mono por las cordilleras que atrae esos sedimentos, los cuales contienen nutrientes que sirven para abonar las riberas del río y por eso la gente sembraba allí. No solo eso, también arrastraban el oro, por eso ahora la gente no tiene como barequear aguas abajo. Un río mono no puede pasar a ser cristalino así de buenas a primera, eso es parte de la tragedia ambiental porque está cambiando su dinámica”, expresa.

Lo que dice Zuleta, lo padece don William. Él asegura que, como él, hay unas 455 personas entre barequeros y pescadores que se quedaron sin nada qué hacer, pues se acabó la minería y la pesca.

“Todos los sedimentos se quedan en el embalse, que eran los que abonaban el río Cauca para poder cultivar la yuquita, el plátano, los vegetales. El mismo sedimento les servía a los peces como alimento. Los que vivían del río están regados sin saber qué hacer. Cuando el río baja su caudal intentamos a bajar a tratar de conseguir un gramito de oro para poder sobrevivir. Muchos barequeros tuvieron que irse a sembrar coca o a trabajar de ‘raspachines’”, asegura el hombre.

Para él, la acción de Hidroituango dejó al río en cuidados intensivos. “Pero eso solo lo vemos los que vivimos a las orillas del río Cauca”.

ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10

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